El Supremo venezolano pide retirar el fuero parlamentario al primer vicepresidente de la Asamblea
El régimen de Nicolás Maduro responsabiliza al opositor Freddy Guevara de comandar las protestas ocurridas entre abril y agosto
Alfredo Meza
Caracas, El País
Después de arrasar en las elecciones regionales, Nicolás Maduro va por la cabeza de sus adversarios. El régimen de Venezuela se está moviendo en dos frentes: a través del Tribunal Supremo de Justicia está intentando que la Asamblea Nacional Constituyente retire el fuero parlamentario del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y le impida salir del país. Y también quiere que el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, comande el antejuicio de mérito del presidente del Parlamento, Julio Borges.
Ambos, siempre según el régimen, son los responsables de provocar las dos crisis que mantienen en jaque al régimen: las protestas de cuatro meses por la decisión del Supremo de desconocer mediante dos fallos a la Asamblea Nacional y el cerco financiero al Gobierno.
Entre abril y agosto la oposición tomó las calles para intentar derrocar a Maduro con Guevara como uno de sus mariscales. La protesta fracasó, pero la brutal represión de la policía, y la posterior convocatoria para modificar la Constitución, provocaron que los países de América y Europa calificaran a Venezuela como una dictadura. Los más beligerantes como Estados Unidos y Canadá aplicaron sanciones a los personeros del gobierno. Washington fue más allá al anunciar sanciones financieras que le impiden emitir bonos y están estrangulando la posibilidad de que Caracas pueda refinanciar su deuda externa.
Maduro está convencido de que Borges es el gran artífice de las sanciones y considera que es un traidor. El Noticiero de la Patria, la versión venezolana de los Nodos de Franco, repitió en sus emisiones del viernes el mensaje clave que pretende instalar el chavismo. Las gestiones del presidente de la Asamblea Nacional impiden que el gobierno pueda importar los alimentos e insumos básicos que se necesitan.
El partido de Guevara, Voluntad Popular, dijo en un comunicado que la Constituyente no está facultada para levantar el fuero del diputado porque es ilegal. Al igual que buena parte de la comunidad internacional, los partidos más importantes de la oposición no reconocen la autoridad de la ANC, cuya convocatoria, para ellos, estuvo plagada de vicios.
“La confabulación para allanar la inmunidad parlamentaria a Guevara, así como la pretensión de nuestra ilegalización como partido político, resurgen luego que desde Voluntad Popular anunciamos responsablemente al país y a la comunidad internacional que no vamos a convalidar con nuestra participación en elección alguna un nuevo fraude constituyente, hasta tanto cambien las presentes condiciones electorales y se permitan comicios libres, transparentes y democráticos”, agregaron.
El Gobierno español del presidente Mariano Rajoy ha rechazado el posible enjuiciamiento a Guevara y lo ha considerado "como un atentado contra la democracia venezolana y su Asamblea Nacional, único poder legislativo, legítimo y depositario de la soberanía nacional.España considera que "la represión contra la oposición democrática representa un atropello contra el estado de derecho y el principio de la separación de poderes".
Alfredo Meza
Caracas, El País
Después de arrasar en las elecciones regionales, Nicolás Maduro va por la cabeza de sus adversarios. El régimen de Venezuela se está moviendo en dos frentes: a través del Tribunal Supremo de Justicia está intentando que la Asamblea Nacional Constituyente retire el fuero parlamentario del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y le impida salir del país. Y también quiere que el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, comande el antejuicio de mérito del presidente del Parlamento, Julio Borges.
Ambos, siempre según el régimen, son los responsables de provocar las dos crisis que mantienen en jaque al régimen: las protestas de cuatro meses por la decisión del Supremo de desconocer mediante dos fallos a la Asamblea Nacional y el cerco financiero al Gobierno.
Entre abril y agosto la oposición tomó las calles para intentar derrocar a Maduro con Guevara como uno de sus mariscales. La protesta fracasó, pero la brutal represión de la policía, y la posterior convocatoria para modificar la Constitución, provocaron que los países de América y Europa calificaran a Venezuela como una dictadura. Los más beligerantes como Estados Unidos y Canadá aplicaron sanciones a los personeros del gobierno. Washington fue más allá al anunciar sanciones financieras que le impiden emitir bonos y están estrangulando la posibilidad de que Caracas pueda refinanciar su deuda externa.
Maduro está convencido de que Borges es el gran artífice de las sanciones y considera que es un traidor. El Noticiero de la Patria, la versión venezolana de los Nodos de Franco, repitió en sus emisiones del viernes el mensaje clave que pretende instalar el chavismo. Las gestiones del presidente de la Asamblea Nacional impiden que el gobierno pueda importar los alimentos e insumos básicos que se necesitan.
El partido de Guevara, Voluntad Popular, dijo en un comunicado que la Constituyente no está facultada para levantar el fuero del diputado porque es ilegal. Al igual que buena parte de la comunidad internacional, los partidos más importantes de la oposición no reconocen la autoridad de la ANC, cuya convocatoria, para ellos, estuvo plagada de vicios.
“La confabulación para allanar la inmunidad parlamentaria a Guevara, así como la pretensión de nuestra ilegalización como partido político, resurgen luego que desde Voluntad Popular anunciamos responsablemente al país y a la comunidad internacional que no vamos a convalidar con nuestra participación en elección alguna un nuevo fraude constituyente, hasta tanto cambien las presentes condiciones electorales y se permitan comicios libres, transparentes y democráticos”, agregaron.
El Gobierno español del presidente Mariano Rajoy ha rechazado el posible enjuiciamiento a Guevara y lo ha considerado "como un atentado contra la democracia venezolana y su Asamblea Nacional, único poder legislativo, legítimo y depositario de la soberanía nacional.España considera que "la represión contra la oposición democrática representa un atropello contra el estado de derecho y el principio de la separación de poderes".