El Supremo, dispuesto a asumir el control de la causa contra el ‘procés’
En el Tribunal Supremo no ha gustado el encarcelamiento de ocho miembros del Govern y las fuentes consultadas no descartan que esta decisión se revierta antes del 21-D
Reyes Rincón
Madrid, El País
El Tribunal Supremo es poco proclive a asumir la investigación completa de las causas en las que hay implicados aforados y no aforados. Lo habitual es que se quede solo con la instrucción correspondiente a los investigados que mantienen el fuero y devuelva el resto a los jueces de las instancias inferiores, ya sea un juzgado de instrucción o un tribunal superior autonómico. Pero las fuentes consultadas sostienen que, en el caso de los procedimientos abiertos por el proceso independentista, se dan varias circunstancias que aconsejan centralizar las causas. El Supremo asumiría así las investigaciones abiertas tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La fiscalía ha retomado la ofensiva judicial contra cargos municipales a propósito del referéndum ilegal del 1 de octubre. El ministerio público investiga el papel de ediles que, presuntamente, pusieron trabas a sus órdenes de requisar material sobre la consulta. El tercer teniente de alcalde de Badalona, Josep Téllez, declarará el jueves por desobediencia, mientras que un día antes ha sido citado, también como investigado, el jefe de la policía local de Argentona, Pere Anglada. Téllez —que anunció ayer su intención de no declarar— devolvió a los activistas de Òmnium Cultural 45 carteles de propaganda que, minutos antes, habían sido requisados por la policía local. Anglada, por su parte, declara por una nota interna del alcalde de la CUP, Eudald Calvo, en la que ordenaba a los policías que, en lugar de retirar carteles, atendieran “asuntos más importantes”.
La primera de estas razones parte de las características propias del delito de rebelión (472 del Codigo Penal), que siempre es de ejecución colectiva: un grupo de personas que se alzan para conseguir un fin, en este caso la independencia. Esto, según las fuentes consultadas, impide investigar los hechos cometidos por los imputados aforados (en este caso, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y cuatro miembros de la Mesa) de forma aislada del resto.
La puerta para asumir todas las causas la abrió la Sala de lo Penal del alto tribunal en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía contra los aforados. Los cinco magistrados que firmaron esa resolución dejaron en manos del instructor, Pablo Llarena, la decisión de centralizar o no la investigación, pero en su escrito dejaron claro de qué dependerá: que los hechos que se investigan en las otras causas sean "inescindibles respecto de los inicialmente atribuidos" a los investigados en el Supremo. Y si el delito de rebelión es colectivo, la causa, avanzan fuentes del tribunal, no se debe dividir. Este razonamiento serviría para que el alto tribunal asumiera la investigación por rebelión que instruye la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra Carles Puigdemont y su Govern cesado, así como las abiertas contra los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero.
Con la centralización de las investigaciones, el Supremo quiere evitar que se valoren con criterios dispares unos mismos hechos. Ya ha habido discrepancias entre las decisiones de la juez Lamela y las suyas (como la suspensión de los interrogatorios de los aforados) y en el Supremo pretenden evitar que se repita.
En el alto tribunal no ha gustado el encarcelamiento de todos los miembros cesados del Govern que han declarado en la Audiencia Nacional. Ya antes de que la juez dictara el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y los exconsejeros, en el Supremo asumían que esa posibilidad, de la que no eran partidarios, daría una baza al independentismo a mes y medio de las elecciones. Las fuentes consultadas del tribunal consideran que la justicia debe mantener su independencia, pero no puede abstraerse del "delicado" momento político que vive el país.
"El criterio del juez"
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, preguntado ayer sobre la decisión de Lamela en una entrevista en Onda Cero, sostuvo que había argumentos para mandar a prisión a los investigados. Pero también advirtió de que en las resoluciones judiciales siempre hay "un margen para la apreciación" del juez. En este margen puede moverse el alto tribunal para evitar encarcelar mañana a los miembros de la Mesa del Parlament sin que parezca que está desautorizando a la instructora de la Audiencia. "Las querellas son distintas y las responsabilidades también podrían serlo. Y el criterio del juez también podría ser distinto", afirmó Lesmes.
En el Supremo tampoco pierden de vista que la mayoría de los encarcelados podría formar parte de las listas electorales independentistas para el 21 de diciembre y, si obtienen el escaño, se convertirían en aforados y dependerían del alto tribunal aunque este no hubiera asumido la causa. Los exmiembros del Govern en prisión pidieron ya en la Audiencia que se les deje libres para poder hacer campaña electoral en igualdad de condiciones. Si la Audiencia mantiene presos a los investigados o no resuelve antes de que el Supremo asuma la causa, será el alto tribunal el que tendría que decidir si la campaña se desarrolla con varios candidatos entre rejas. En el órgano que preside Lesmes se inclinan por evitar esta situación.
Madrid, El País
El Tribunal Supremo es poco proclive a asumir la investigación completa de las causas en las que hay implicados aforados y no aforados. Lo habitual es que se quede solo con la instrucción correspondiente a los investigados que mantienen el fuero y devuelva el resto a los jueces de las instancias inferiores, ya sea un juzgado de instrucción o un tribunal superior autonómico. Pero las fuentes consultadas sostienen que, en el caso de los procedimientos abiertos por el proceso independentista, se dan varias circunstancias que aconsejan centralizar las causas. El Supremo asumiría así las investigaciones abiertas tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La fiscalía ha retomado la ofensiva judicial contra cargos municipales a propósito del referéndum ilegal del 1 de octubre. El ministerio público investiga el papel de ediles que, presuntamente, pusieron trabas a sus órdenes de requisar material sobre la consulta. El tercer teniente de alcalde de Badalona, Josep Téllez, declarará el jueves por desobediencia, mientras que un día antes ha sido citado, también como investigado, el jefe de la policía local de Argentona, Pere Anglada. Téllez —que anunció ayer su intención de no declarar— devolvió a los activistas de Òmnium Cultural 45 carteles de propaganda que, minutos antes, habían sido requisados por la policía local. Anglada, por su parte, declara por una nota interna del alcalde de la CUP, Eudald Calvo, en la que ordenaba a los policías que, en lugar de retirar carteles, atendieran “asuntos más importantes”.
La primera de estas razones parte de las características propias del delito de rebelión (472 del Codigo Penal), que siempre es de ejecución colectiva: un grupo de personas que se alzan para conseguir un fin, en este caso la independencia. Esto, según las fuentes consultadas, impide investigar los hechos cometidos por los imputados aforados (en este caso, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y cuatro miembros de la Mesa) de forma aislada del resto.
La puerta para asumir todas las causas la abrió la Sala de lo Penal del alto tribunal en el auto de admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía contra los aforados. Los cinco magistrados que firmaron esa resolución dejaron en manos del instructor, Pablo Llarena, la decisión de centralizar o no la investigación, pero en su escrito dejaron claro de qué dependerá: que los hechos que se investigan en las otras causas sean "inescindibles respecto de los inicialmente atribuidos" a los investigados en el Supremo. Y si el delito de rebelión es colectivo, la causa, avanzan fuentes del tribunal, no se debe dividir. Este razonamiento serviría para que el alto tribunal asumiera la investigación por rebelión que instruye la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra Carles Puigdemont y su Govern cesado, así como las abiertas contra los líderes de ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero.
Con la centralización de las investigaciones, el Supremo quiere evitar que se valoren con criterios dispares unos mismos hechos. Ya ha habido discrepancias entre las decisiones de la juez Lamela y las suyas (como la suspensión de los interrogatorios de los aforados) y en el Supremo pretenden evitar que se repita.
En el alto tribunal no ha gustado el encarcelamiento de todos los miembros cesados del Govern que han declarado en la Audiencia Nacional. Ya antes de que la juez dictara el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y los exconsejeros, en el Supremo asumían que esa posibilidad, de la que no eran partidarios, daría una baza al independentismo a mes y medio de las elecciones. Las fuentes consultadas del tribunal consideran que la justicia debe mantener su independencia, pero no puede abstraerse del "delicado" momento político que vive el país.
"El criterio del juez"
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, preguntado ayer sobre la decisión de Lamela en una entrevista en Onda Cero, sostuvo que había argumentos para mandar a prisión a los investigados. Pero también advirtió de que en las resoluciones judiciales siempre hay "un margen para la apreciación" del juez. En este margen puede moverse el alto tribunal para evitar encarcelar mañana a los miembros de la Mesa del Parlament sin que parezca que está desautorizando a la instructora de la Audiencia. "Las querellas son distintas y las responsabilidades también podrían serlo. Y el criterio del juez también podría ser distinto", afirmó Lesmes.
En el Supremo tampoco pierden de vista que la mayoría de los encarcelados podría formar parte de las listas electorales independentistas para el 21 de diciembre y, si obtienen el escaño, se convertirían en aforados y dependerían del alto tribunal aunque este no hubiera asumido la causa. Los exmiembros del Govern en prisión pidieron ya en la Audiencia que se les deje libres para poder hacer campaña electoral en igualdad de condiciones. Si la Audiencia mantiene presos a los investigados o no resuelve antes de que el Supremo asuma la causa, será el alto tribunal el que tendría que decidir si la campaña se desarrolla con varios candidatos entre rejas. En el órgano que preside Lesmes se inclinan por evitar esta situación.
