El juez aplaza la decisión sobre la entrega de Puigdemont a España
La fiscalía de Bruselas pide que se ejecute la extradición que reclama la Audiencia Nacional
Álvaro Sánchez
Lucía Abellán
Bruselas, El País
Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos con él a Bélgica comparecieron este viernes ante el juzgado de Bruselas que decide sobre su extradición a España. Pero el juez se tomará más tiempo para analizar el caso y ha citado a los cinco investigados a presentar sus alegaciones el 4 de diciembre. La Fiscalía de Bruselas ha pedido que se ejecute la orden de entrega solicitada por la Audiencia Nacional, aunque desestima uno de los cinco delitos atribuidos (el de prevaricación), según el relato de los abogados. El organismo belga rehusó aclararlo.
Los plazos de la euroorden, un instrumento que agiliza las extradiciones en el ámbito de la Unión Europea, comienzan a dilatarse. A partir de la próxima vista, se espera que el juez tarde alrededor de 10 días en adoptar la decisión, que se conocerá en plena campaña electoral del 21-D en Cataluña. Pero lo más probable es que los recursos prolonguen todo el proceso y la última palabra desde Bruselas se pronuncie después de las elecciones.
Los cinco investigados estaban citados para este viernes en una audiencia que se ha celebrado a puerta cerrada en la Cámara del Consejo, un tribunal de primera instancia de Bruselas. Su llegada al mastodóntico Palacio de Justicia de la capital belga ha sido discreta, lejos de las cámaras. A diferencia del día de su entrega, cuando permanecieron en los juzgados desde la mañana hasta el filo de la medianoche, esta vez la sesión fue breve, poco más de una hora. Al acabar, dos de sus letrados, Paul Bekaert y Christophe Marchand, calificaron la atmósfera de la audiencia como "serena".
De los cinco delitos que se les atribuye en España (rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia), la fiscalía belga excluye uno: la prevaricación. "El procurador ha pedido la ejecución de la orden de arresto europea salvo por un cargo: el de prevaricación", afirmó el abogado Marchand. Este organismo no considera que los hechos probados coincidan con esa categoría, según relatan los abogados y, por tanto, solo pide la entrega de los cinco encausados por el resto de delitos. La fiscalía ha renunciado aclarar los hechos "en el interés del desarrollo sereno de los debates", según el escueto comunicado que ha emitido al término de la vista oral.
Derechos fundamentales
Las defensas intentan esgrimir la potencial violación de derechos fundamentales que pueden sufrir Puigdemont y los exconsellers si son trasladados a España. Se trata de un argumento difícil de defender en el marco de la UE. “No basta con decirlo. Los abogados tienen que demostrar que corren un riesgo real y la argumentación debe ser muy concreta porque entre países europeos hay presunción de respeto a los derechos humanos”, explica Anne Weyembergh, investigadora y experta en la euroorden del Instituto de Estudios Europeos, perteneciente a la Universidad Libre de Bruselas.
La euroorden en Bélgica tiene una rendija legal a la que puede agarrarse el juez para denegar la entrega a España. El marco europeo que la ampara considera que uno de los motivos opcionales de rechazo se da cuando el delito no forma parte de la lista de los 32 con entrega casi automática. Este sería el caso de la sedición y la rebelión, contempladas de modo diferente en Bélgica, aunque la fiscalía sí parece haber encontrado una correspondencia.
Pero lo que era un motivo opcional en la legislación original europea se ha convertido en obligatorio en la traslación que ha hecho el legislador belga de ese marco. Es decir, si el delito no tiene correspondencia exacta en Bélgica, fuera de esa lista común, el juez está obligado a denegar la orden (en lugar de ser solo una opción).
Pese a todo, la experiencia apunta a que la judicatura belga no es más reacia a la euroorden que otras de su entorno. “En Bélgica las autoridades judiciales tienden a considerar más el principio de confianza mutua, especialmente si comparamos con países como Reino Unido e Irlanda. El control que ejercen los jueces belgas es menor”, explica la profesora Weyembergh. No existen datos precisos sobre el porcentaje de órdenes que acaban atendiéndose en Bélgica. Las cifras de la Comisión Europea indican que en 2015 se emitieron 785 órdenes y se ejecutaron 131. Pero no aclara si todos los buscados fueron localizados por las autoridades belgas, por lo que el porcentaje del 17% puede resultar poco representativo.
Pocas horas antes de la comparecencia, el diputado belga Lorin Parys, de la N-VA, el partido nacionalista flamenco que da apoyo a los independentistas catalanes, ha compartido en Twitter una foto en la que se le ve cenando junto a Puigdemont y los otros exmiembros del Govern con el siguiente mensaje: "Anoche [por el jueves] cenamos con unos amigos que vinieron de visita. Hoy estamos con ellos".
Lucía Abellán
Bruselas, El País
Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos con él a Bélgica comparecieron este viernes ante el juzgado de Bruselas que decide sobre su extradición a España. Pero el juez se tomará más tiempo para analizar el caso y ha citado a los cinco investigados a presentar sus alegaciones el 4 de diciembre. La Fiscalía de Bruselas ha pedido que se ejecute la orden de entrega solicitada por la Audiencia Nacional, aunque desestima uno de los cinco delitos atribuidos (el de prevaricación), según el relato de los abogados. El organismo belga rehusó aclararlo.
Los plazos de la euroorden, un instrumento que agiliza las extradiciones en el ámbito de la Unión Europea, comienzan a dilatarse. A partir de la próxima vista, se espera que el juez tarde alrededor de 10 días en adoptar la decisión, que se conocerá en plena campaña electoral del 21-D en Cataluña. Pero lo más probable es que los recursos prolonguen todo el proceso y la última palabra desde Bruselas se pronuncie después de las elecciones.
Los cinco investigados estaban citados para este viernes en una audiencia que se ha celebrado a puerta cerrada en la Cámara del Consejo, un tribunal de primera instancia de Bruselas. Su llegada al mastodóntico Palacio de Justicia de la capital belga ha sido discreta, lejos de las cámaras. A diferencia del día de su entrega, cuando permanecieron en los juzgados desde la mañana hasta el filo de la medianoche, esta vez la sesión fue breve, poco más de una hora. Al acabar, dos de sus letrados, Paul Bekaert y Christophe Marchand, calificaron la atmósfera de la audiencia como "serena".
De los cinco delitos que se les atribuye en España (rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia), la fiscalía belga excluye uno: la prevaricación. "El procurador ha pedido la ejecución de la orden de arresto europea salvo por un cargo: el de prevaricación", afirmó el abogado Marchand. Este organismo no considera que los hechos probados coincidan con esa categoría, según relatan los abogados y, por tanto, solo pide la entrega de los cinco encausados por el resto de delitos. La fiscalía ha renunciado aclarar los hechos "en el interés del desarrollo sereno de los debates", según el escueto comunicado que ha emitido al término de la vista oral.
Derechos fundamentales
Las defensas intentan esgrimir la potencial violación de derechos fundamentales que pueden sufrir Puigdemont y los exconsellers si son trasladados a España. Se trata de un argumento difícil de defender en el marco de la UE. “No basta con decirlo. Los abogados tienen que demostrar que corren un riesgo real y la argumentación debe ser muy concreta porque entre países europeos hay presunción de respeto a los derechos humanos”, explica Anne Weyembergh, investigadora y experta en la euroorden del Instituto de Estudios Europeos, perteneciente a la Universidad Libre de Bruselas.
La euroorden en Bélgica tiene una rendija legal a la que puede agarrarse el juez para denegar la entrega a España. El marco europeo que la ampara considera que uno de los motivos opcionales de rechazo se da cuando el delito no forma parte de la lista de los 32 con entrega casi automática. Este sería el caso de la sedición y la rebelión, contempladas de modo diferente en Bélgica, aunque la fiscalía sí parece haber encontrado una correspondencia.
Pero lo que era un motivo opcional en la legislación original europea se ha convertido en obligatorio en la traslación que ha hecho el legislador belga de ese marco. Es decir, si el delito no tiene correspondencia exacta en Bélgica, fuera de esa lista común, el juez está obligado a denegar la orden (en lugar de ser solo una opción).
Pese a todo, la experiencia apunta a que la judicatura belga no es más reacia a la euroorden que otras de su entorno. “En Bélgica las autoridades judiciales tienden a considerar más el principio de confianza mutua, especialmente si comparamos con países como Reino Unido e Irlanda. El control que ejercen los jueces belgas es menor”, explica la profesora Weyembergh. No existen datos precisos sobre el porcentaje de órdenes que acaban atendiéndose en Bélgica. Las cifras de la Comisión Europea indican que en 2015 se emitieron 785 órdenes y se ejecutaron 131. Pero no aclara si todos los buscados fueron localizados por las autoridades belgas, por lo que el porcentaje del 17% puede resultar poco representativo.
Pocas horas antes de la comparecencia, el diputado belga Lorin Parys, de la N-VA, el partido nacionalista flamenco que da apoyo a los independentistas catalanes, ha compartido en Twitter una foto en la que se le ve cenando junto a Puigdemont y los otros exmiembros del Govern con el siguiente mensaje: "Anoche [por el jueves] cenamos con unos amigos que vinieron de visita. Hoy estamos con ellos".
