El desfalco al Banco Unión le costó la libertad a 31 personas
Dos sospechosos tienen detención domiciliaria; la privación de libertad llegó a dos funcionarios del banco en Santa Cruz y los exjefes de Juan Pari Mamani.
Página Siete / La Paz
Después de casi dos meses del escándalo por el robo al Banco Unión, hasta la fecha, 29 personas están detenidas preventivamente y otras dos guardan detención domiciliaria.
Desde que el desfalco de los 37,6 millones de bolivianos del banco estatal salió a la luz el 27 de septiembre, los tres primeros detenidos fueron Juan Franz Pari Mamani -el principal imputado por el caso-, su novia, Luciana Cagnola; y uno de sus cómplices, Alexis Calderón.
Sobre la base de las declaraciones informativas de los tres primeros detenidos, el 10 de octubre, oficiales de la Policía y funcionarios de la Fiscalía allanaron la vivienda del exjefe de Operaciones de la agencia de Batallas.
Además de secuestrar varios objetos de valor, ese día fueron detenidos cuatro familiares de Juan Franz, su madre, su hermano menor, su esposa y su cuñada; esta última fue beneficiada con detención domiciliaria.
Ya el viernes 13 de octubre, otras 10 personas -entre supuestos socios, empleados y amigos de Pari- fueron enviadas a la cárcel, bajo sospecha de haber colaborado con las actividades ilícitas que propiciaron el desfalco.
El 26 de octubre, dos funcionarios del Banco Unión, de la Jefatura Nacional de Tarjetas, con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fueron traídos a La Paz para declarar y más tarde los llevaron detenidos preventivamente al penal de Palmasola.
Otros cuatro funcionarios de la institución financiera fueron aprehendidos y después detenidos el 30 del mes pasado. Se trata de Víctor Hugo Q., gerente general de la agencia de Batallas; Carmen V., jefa de agencia; Zulma S. y Ariel U., que ocupaban cargos en las agencias de Achacachi y Batallas.
La madrugada del miércoles 1 de noviembre, otros seis trabajadores de la institución (tres varones y tres mujeres) fueron convocados a prestar su declaración y más tarde corrieron la misma suerte que sus antecesores, al ser enviados a la cárcel de San Pedro y al Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
Entre ellos se encuentra Mariela V., subgerente regional de Operaciones de la institución financiera, quien informó del desfalco a la exgerente general del Unión, Marcia Villarroel, además de cinco funcionarios del plantel ejecutivo del banco.
El martes de la anterior semana, la comisión de fiscales que investiga el caso tomó la declaración informativa de la cajera de la agencia de Batallas, quien ejercía el control dual de la bóveda de Batallas junto con Juan Pari.
Después de interrogarla, la comisión dispuso su detención preventiva en la cárcel de mujeres de Miraflores. Ese mismo día, Secundino Pari Choque, padre de Juan Franz, quien ya era buscado por efectivos de la Policía, se presentó en el Ministerio Público, donde prestó su declaración y luego fue remitido a la cárcel de San Pedro.
La gerente general, el directorio y el síndico dejaron sus cargos
El millonario desfalco que sufrió el Banco Unión le costó el cargo a la gerente general de la institución financiera estatal, el gerente de Operaciones, el directorio en pleno y el síndico.
El gerente nacional de Operaciones, José Luis Quiroz, fue el primer funcionario de alto rango ejecutivo del banco que fue destituido, el 6 de octubre, como consecuencia del robo de los 37,6 millones de bolivianos que tomó el exfuncionario Juan Pari.
A éste le siguió la gerente general de la institución, Marcia Villarroel, quien fue removida de su cargo -el 23 de octubre- tras pronunciarse sobre el caso el presidente Evo Morales.
Cuatro días después, el 27 de octubre, los cinco integrantes del directorio del banco presentaron su renuncia colectiva. A ellos se sumó el síndico de la institución, Javier Fernández.
Por entonces, Diego Pérez ocupaba el cargo de presidente del directorio; el primer vicepresidente era Óscar Claros; la segunda vicepresidencia era ocupada por Gabriela Mendoza; en tanto que Eduardo Pardo y Carlos Tórrez eran directores del banco.
Con la llegada de Rolando Marín a la gerencia general de la financiera estatal (el 25 de octubre) fueron posesionados Osvaldo Nina, en la gerencia de Gestión de Riesgos; Emilio Colque, en la gerencia de Auditoría Interna; y en la subgerencia de Talento Humano, Ricardo Pinel.
El 31 de octubre, Eduardo Siles fue posesionado como nuevo gerente regional de La Paz, mientras que Jaime Durán se hizo cargo de la gerencia de Tarija.
El 3 de noviembre, el gerente general del banco presentó a Margot Baeny como la nueva gerente nacional de Finanzas. Todos los cambios son parte del “plan de contingencia” orientado a mejorar las tareas de prevención de hechos ilícitos.
Después de casi dos meses del escándalo por el robo al Banco Unión, hasta la fecha, 29 personas están detenidas preventivamente y otras dos guardan detención domiciliaria.
Desde que el desfalco de los 37,6 millones de bolivianos del banco estatal salió a la luz el 27 de septiembre, los tres primeros detenidos fueron Juan Franz Pari Mamani -el principal imputado por el caso-, su novia, Luciana Cagnola; y uno de sus cómplices, Alexis Calderón.
Sobre la base de las declaraciones informativas de los tres primeros detenidos, el 10 de octubre, oficiales de la Policía y funcionarios de la Fiscalía allanaron la vivienda del exjefe de Operaciones de la agencia de Batallas.
Además de secuestrar varios objetos de valor, ese día fueron detenidos cuatro familiares de Juan Franz, su madre, su hermano menor, su esposa y su cuñada; esta última fue beneficiada con detención domiciliaria.
Ya el viernes 13 de octubre, otras 10 personas -entre supuestos socios, empleados y amigos de Pari- fueron enviadas a la cárcel, bajo sospecha de haber colaborado con las actividades ilícitas que propiciaron el desfalco.
El 26 de octubre, dos funcionarios del Banco Unión, de la Jefatura Nacional de Tarjetas, con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fueron traídos a La Paz para declarar y más tarde los llevaron detenidos preventivamente al penal de Palmasola.
Otros cuatro funcionarios de la institución financiera fueron aprehendidos y después detenidos el 30 del mes pasado. Se trata de Víctor Hugo Q., gerente general de la agencia de Batallas; Carmen V., jefa de agencia; Zulma S. y Ariel U., que ocupaban cargos en las agencias de Achacachi y Batallas.
La madrugada del miércoles 1 de noviembre, otros seis trabajadores de la institución (tres varones y tres mujeres) fueron convocados a prestar su declaración y más tarde corrieron la misma suerte que sus antecesores, al ser enviados a la cárcel de San Pedro y al Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
Entre ellos se encuentra Mariela V., subgerente regional de Operaciones de la institución financiera, quien informó del desfalco a la exgerente general del Unión, Marcia Villarroel, además de cinco funcionarios del plantel ejecutivo del banco.
El martes de la anterior semana, la comisión de fiscales que investiga el caso tomó la declaración informativa de la cajera de la agencia de Batallas, quien ejercía el control dual de la bóveda de Batallas junto con Juan Pari.
Después de interrogarla, la comisión dispuso su detención preventiva en la cárcel de mujeres de Miraflores. Ese mismo día, Secundino Pari Choque, padre de Juan Franz, quien ya era buscado por efectivos de la Policía, se presentó en el Ministerio Público, donde prestó su declaración y luego fue remitido a la cárcel de San Pedro.
La gerente general, el directorio y el síndico dejaron sus cargos
El millonario desfalco que sufrió el Banco Unión le costó el cargo a la gerente general de la institución financiera estatal, el gerente de Operaciones, el directorio en pleno y el síndico.
El gerente nacional de Operaciones, José Luis Quiroz, fue el primer funcionario de alto rango ejecutivo del banco que fue destituido, el 6 de octubre, como consecuencia del robo de los 37,6 millones de bolivianos que tomó el exfuncionario Juan Pari.
A éste le siguió la gerente general de la institución, Marcia Villarroel, quien fue removida de su cargo -el 23 de octubre- tras pronunciarse sobre el caso el presidente Evo Morales.
Cuatro días después, el 27 de octubre, los cinco integrantes del directorio del banco presentaron su renuncia colectiva. A ellos se sumó el síndico de la institución, Javier Fernández.
Por entonces, Diego Pérez ocupaba el cargo de presidente del directorio; el primer vicepresidente era Óscar Claros; la segunda vicepresidencia era ocupada por Gabriela Mendoza; en tanto que Eduardo Pardo y Carlos Tórrez eran directores del banco.
Con la llegada de Rolando Marín a la gerencia general de la financiera estatal (el 25 de octubre) fueron posesionados Osvaldo Nina, en la gerencia de Gestión de Riesgos; Emilio Colque, en la gerencia de Auditoría Interna; y en la subgerencia de Talento Humano, Ricardo Pinel.
El 31 de octubre, Eduardo Siles fue posesionado como nuevo gerente regional de La Paz, mientras que Jaime Durán se hizo cargo de la gerencia de Tarija.
El 3 de noviembre, el gerente general del banco presentó a Margot Baeny como la nueva gerente nacional de Finanzas. Todos los cambios son parte del “plan de contingencia” orientado a mejorar las tareas de prevención de hechos ilícitos.
