La Generalitat intenta ganar tiempo con una mediación
Barcelona, El País
La palabra clave en el lenguaje de la Generalitat las próximas semanas será “mediación”. La estrategia del Gobierno de Carles Puigdemont a partir de hoy se basará en asegurar que la declaración de independencia anunciada anoche está congelada a la espera de conseguir algún tipo de mediación internacional. Si Puigdemont logra que algún organismo convenza al Gobierno central para sentarse en una mesa la independencia se pospondría varias semanas y si esto no ocurre la Generalitat se sentirá legitimada para activar, esta vez sí, la declaración de independencia.
El escenario no es halagüeño. El Gobierno de Mariano Rajoy ha reiterado en las últimas semanas que el camino no puede pasar por la mediación y, menos aún, si es internacional, ya que la cuestión catalana es un problema interno. Para el Gobierno, admitir esta mediación equivaldría a reconocer como legítimas las aspiraciones soberanistas de la Generalitat y sus métodos y Rajoy siempre ha dejado claro que la soberanía nacional “no se negocia”.
El otro problema con el que choca la mediación internacional que está intentando Puigdemont es la falta de un mediador relevante. La Comisión Europea volvió a negar ayer que esté dispuesta a actuar como tal. Lo mismo dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Hasta ahora los mediadores que sí se han ofrecido son, entre otros, el lehendakari Íñigo Urkullu; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y una mesa impulsada por el Colegio de Abogados de Barcelona. La Generalitat también ha sondeado al Vaticano a través del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Nuevas ofertas
El presidente catalán aseguró en el Parlament que las ofertas de mediación han llegado “desde todos los rincones del planeta” y que es el momento de que el Gobierno atienda estos llamamientos. “Todas estas voces merecen ser escuchadas y todas nos han pedido que abramos un tiempo de diálogo, y, por responsabilidad y respeto, lo hago”, dijo. También añadió que en los próximos días se conocerán los nombres de otros posibles mediadores.
La declaración firmada ayer por los diputados independentistas también llama a la mediación internacional. El documento señala el inicio del “proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante” y, a la vez, afirma la voluntad de los grupos impulsores de “abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos” y, en todo caso, en “pie de igualdad”. La declaración también pone en conocimiento de “la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la república catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español” e insta a esas organizaciones a “intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos de ello”.
Buena parte de la oposición catalana considera que las llamadas a la mediación solo esconden un intento de paralizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central.
En cualquier caso, lo que es seguro, es que la acción de gobierno en Cataluña continuará paralizada. Sin autonomía financiera y con la mayoría parlamentaria en entredicho, Puigdemont lo tiene muy complicada para tomar cualquier decisión relevante.
