La Generalitat está creando su Estado independiente en Internet
El Govern levanta desde hace dos años una Administración digital con ayuda de Estonia
David Alandete
Úrsula O'Kuinghttons
Madrid, El País
El Gobierno catalán tiene lista la sustitución del Estado español por una Administración íntegramente digital en la que trabaja desde hace dos años, según un proyecto del consorcio Administració Oberta de Catalunya, dependiente de la Generalitat, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Diversos altos funcionarios catalanes han viajado repetidamente a Estonia para copiar su modelo de gobernanza vía Internet. El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona tiene pruebas de esos planes, encontradas en los registros de la Guardia Civil del 21 de septiembre ordenados por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer en ese consorcio, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Fundación PuntCat.
Los independentistas están elaborando su propio registro civil, integrado dentro de lo que llaman Administración Digital de la Nación y que incluye “la identificación y caracterización de las personas de Cataluña, las organizaciones que conforman y las propiedades que tienen unos y otros”, según el informe, elaborado a lo largo de 2016. El 26 de septiembre, a solo cinco días de la celebración del referéndum, el Gobierno catalán aprobó el Plan de Acción del Pacto Nacional para la Sociedad Digital, que es fruto y canalizador de esas medidas cruciales para consumar la independencia administrativa del resto de España. A través de él, la independencia de Cataluña va avanzando por el entorno digital de forma discreta y sin trabas.
Aunque el presidente Carles Puigdemont dejó en suspenso la independencia después de declararla en el Parlamento autonómico el martes, su Gobierno sigue trabajando a pleno rendimiento para hacer de la desconexión una realidad. Los líderes independentistas piden ahora mediación internacional con la intención de dialogar en paridad con el Gobierno español mientras buscan una política de hechos consumados. Uno de esos hechos consumados es la estructura íntegra del Estado en el entorno digital. Sus principales pilares son un registro civil, un sistema de identificación digital para trámites burocráticos en la república catalana y un portal bajo el dominio gov.cat.
El documento que sirve de base para la administración digital de Cataluña se elaboró por iniciativa de Manel Sanromà, que lidera el consorcio Administració Oberta de Catalunya. “Hace un año y medio vi que era necesario pensar y dar un paso más, así que reuní a un grupo de expertos para crear el grupo Administración Digital de la Nación. Nos reunimos tres veces. Y fruto de este documento se impulsó lo que se llama el Pacto Nacional para la Sociedad Digital, que también agrupa a Ayuntamientos”, dice a EL PAÍS Sanromà.
En esa hoja de ruta se insta a la Generalitat a invertir fondos para erigirse en una república puntera en tecnología en Europa. Para ello, señala el documento, debería añadir a las estructuras que ya tiene desarrolladas, que son principalmente de registro de ciudadanos, una agencia nacional de ciberseguridad, desplegar conexión a Internet de fibra en todo el territorio y formar a todos los funcionarios. El informe añade que se debe dar mayor impulso al Internet de las cosas y a la implementación de ciudades inteligentes.
El juez Ramírez Sunyer, que ordenó los registros del mes pasado, ha recibido denuncias de ilegalidades cometidas por el Gobierno catalán respecto al proceso independentista, algunas de ellas en el entorno digital. La principal es la admisión por parte de un antiguo senador de ERC, Santiago Vidal, de que el Ejecutivo se había apoderado de forma ilegal de los datos fiscales de los catalanes, informa Jesús García.
En un principio, las autoridades españolas pensaron que esos datos se emplearían para elaborar un censo para un posible referéndum, pero ahora tienen indicios de que, en realidad, lo que se ha estado armando en los años pasados es un verdadero registro civil catalán previo a la consumación de la independencia. Con él, se podrá pasar a una fase posterior en la que se creará una base tributaria para el cobro de impuestos.
La Guardia Civil había intervenido por orden del juez los teléfonos de los altos cargos catalanes que fueron arrestados el 20 de septiembre, entre ellos, un empleado de Administració Oberta de Catalunya, Juan Manuel Gómez, y el hombre elegido por el vicepresidente Oriol Junqueras para crear las estructuras de Estado catalanas: Josué Sallent, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y miembro también de ERC. En sus conversaciones hay indicios de que esa estructura de Estado para consumar la desconexión está muy avanzada, según fuentes de la investigación.
La admisión de Vidal de que el Gobierno catalán estaba recabando datos fiscales de los catalanes casa con los planes detallados en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS: sustituir todas las formas de identificación del Estado español —DNI, NIE, registro mercantil, CIP, catastro o registro de la propiedad— por un único sistema elaborado a partir del Registro Central de Asegurados, para crear “un nuevo registro primario de personas físicas”, según dice el informe.
Ese Registro Central de Asegurados depende de la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia. En él tienen puesta su mirada los independentistas desde hace tiempo para poder tener un registro detallado de todos los catalanes. Ya en 2015 la Generalitat intentó emplear el Servei Català de Salut para apropiarse de los datos del registro para hacer el censo para el referéndum no vinculante del 9 de noviembre de aquel año. Aunque la Agencia de Protección de Datos le prohibió usarlo para tales fines, la Generalitat tiene acceso a las compañías de seguros y a los nombres de todas las personas empadronadas en Cataluña que tengan cualquier tipo de seguro contratado con estas.
“Tenemos un proyecto interesante de integración digital, y esto es paralelo al procés”, admite Daniel Marco, director de la estrategia SmartCatalonia de la Generalitat, cuya finalidad es innovar en los servicios públicos con el uso de la tecnología y la información digital. Marcos ha viajado varias veces a Estonia para reunirse con expertos tecnológicos del Gobierno de ese país para obtener asesoramiento.
El modelo de Estonia
“Una de las cosas que nos explicaron en Estonia es que ellos cuando se independizaron de la URSS partieron de cero y eso les dio pie para emprender todas las posibilidades que se les ofrecía para construir un modelo de desarrollo económico. Allí hubo todo un trabajo de formación y capacitación en la ciudadanía”, asegura Marco.
Los líderes separatistas, entre ellos Puigdemont, han loado en numerosas ocasiones el modelo de escisión de Estonia. En 2013, la Asamblea Nacional Catalana se inspiró en los procesos independentistas de las Repúblicas Bálticas para promover lo que llamó Vía Catalana, una cadena humana de unos 400 kilómetros que recorría toda la comunidad autónoma.
El proyecto al que ha tenido acceso EL PAÍS lo elaboraron expertos a instancias de Sanromà y el consorcio Administració Oberta en junio y noviembre de 2016 en el monasterio de Montserrat y en La Roca del Vallès. Participaron, entre otros, Carles Agustí, responsable del Área de Gobierno Abierto de la Diputación de Barcelona y presidente de la Asociación de Comunicación Política de Catalunya; Jordi Bosch, director de estrategia digital de Mediapro y de la Universitat Pompeu Fabra; Sergio Jerez, director del servicio de Tecnologías de la Información del FC Barcelona; y Eduard Martín, director general de la Fundación PuntCat, también registrada por la Guardia Civil.
Úrsula O'Kuinghttons
Madrid, El País
El Gobierno catalán tiene lista la sustitución del Estado español por una Administración íntegramente digital en la que trabaja desde hace dos años, según un proyecto del consorcio Administració Oberta de Catalunya, dependiente de la Generalitat, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Diversos altos funcionarios catalanes han viajado repetidamente a Estonia para copiar su modelo de gobernanza vía Internet. El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona tiene pruebas de esos planes, encontradas en los registros de la Guardia Civil del 21 de septiembre ordenados por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer en ese consorcio, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Fundación PuntCat.
Los independentistas están elaborando su propio registro civil, integrado dentro de lo que llaman Administración Digital de la Nación y que incluye “la identificación y caracterización de las personas de Cataluña, las organizaciones que conforman y las propiedades que tienen unos y otros”, según el informe, elaborado a lo largo de 2016. El 26 de septiembre, a solo cinco días de la celebración del referéndum, el Gobierno catalán aprobó el Plan de Acción del Pacto Nacional para la Sociedad Digital, que es fruto y canalizador de esas medidas cruciales para consumar la independencia administrativa del resto de España. A través de él, la independencia de Cataluña va avanzando por el entorno digital de forma discreta y sin trabas.
Aunque el presidente Carles Puigdemont dejó en suspenso la independencia después de declararla en el Parlamento autonómico el martes, su Gobierno sigue trabajando a pleno rendimiento para hacer de la desconexión una realidad. Los líderes independentistas piden ahora mediación internacional con la intención de dialogar en paridad con el Gobierno español mientras buscan una política de hechos consumados. Uno de esos hechos consumados es la estructura íntegra del Estado en el entorno digital. Sus principales pilares son un registro civil, un sistema de identificación digital para trámites burocráticos en la república catalana y un portal bajo el dominio gov.cat.
El documento que sirve de base para la administración digital de Cataluña se elaboró por iniciativa de Manel Sanromà, que lidera el consorcio Administració Oberta de Catalunya. “Hace un año y medio vi que era necesario pensar y dar un paso más, así que reuní a un grupo de expertos para crear el grupo Administración Digital de la Nación. Nos reunimos tres veces. Y fruto de este documento se impulsó lo que se llama el Pacto Nacional para la Sociedad Digital, que también agrupa a Ayuntamientos”, dice a EL PAÍS Sanromà.
En esa hoja de ruta se insta a la Generalitat a invertir fondos para erigirse en una república puntera en tecnología en Europa. Para ello, señala el documento, debería añadir a las estructuras que ya tiene desarrolladas, que son principalmente de registro de ciudadanos, una agencia nacional de ciberseguridad, desplegar conexión a Internet de fibra en todo el territorio y formar a todos los funcionarios. El informe añade que se debe dar mayor impulso al Internet de las cosas y a la implementación de ciudades inteligentes.
El juez Ramírez Sunyer, que ordenó los registros del mes pasado, ha recibido denuncias de ilegalidades cometidas por el Gobierno catalán respecto al proceso independentista, algunas de ellas en el entorno digital. La principal es la admisión por parte de un antiguo senador de ERC, Santiago Vidal, de que el Ejecutivo se había apoderado de forma ilegal de los datos fiscales de los catalanes, informa Jesús García.
En un principio, las autoridades españolas pensaron que esos datos se emplearían para elaborar un censo para un posible referéndum, pero ahora tienen indicios de que, en realidad, lo que se ha estado armando en los años pasados es un verdadero registro civil catalán previo a la consumación de la independencia. Con él, se podrá pasar a una fase posterior en la que se creará una base tributaria para el cobro de impuestos.
La Guardia Civil había intervenido por orden del juez los teléfonos de los altos cargos catalanes que fueron arrestados el 20 de septiembre, entre ellos, un empleado de Administració Oberta de Catalunya, Juan Manuel Gómez, y el hombre elegido por el vicepresidente Oriol Junqueras para crear las estructuras de Estado catalanas: Josué Sallent, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y miembro también de ERC. En sus conversaciones hay indicios de que esa estructura de Estado para consumar la desconexión está muy avanzada, según fuentes de la investigación.
La admisión de Vidal de que el Gobierno catalán estaba recabando datos fiscales de los catalanes casa con los planes detallados en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS: sustituir todas las formas de identificación del Estado español —DNI, NIE, registro mercantil, CIP, catastro o registro de la propiedad— por un único sistema elaborado a partir del Registro Central de Asegurados, para crear “un nuevo registro primario de personas físicas”, según dice el informe.
Ese Registro Central de Asegurados depende de la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia. En él tienen puesta su mirada los independentistas desde hace tiempo para poder tener un registro detallado de todos los catalanes. Ya en 2015 la Generalitat intentó emplear el Servei Català de Salut para apropiarse de los datos del registro para hacer el censo para el referéndum no vinculante del 9 de noviembre de aquel año. Aunque la Agencia de Protección de Datos le prohibió usarlo para tales fines, la Generalitat tiene acceso a las compañías de seguros y a los nombres de todas las personas empadronadas en Cataluña que tengan cualquier tipo de seguro contratado con estas.
“Tenemos un proyecto interesante de integración digital, y esto es paralelo al procés”, admite Daniel Marco, director de la estrategia SmartCatalonia de la Generalitat, cuya finalidad es innovar en los servicios públicos con el uso de la tecnología y la información digital. Marcos ha viajado varias veces a Estonia para reunirse con expertos tecnológicos del Gobierno de ese país para obtener asesoramiento.
El modelo de Estonia
“Una de las cosas que nos explicaron en Estonia es que ellos cuando se independizaron de la URSS partieron de cero y eso les dio pie para emprender todas las posibilidades que se les ofrecía para construir un modelo de desarrollo económico. Allí hubo todo un trabajo de formación y capacitación en la ciudadanía”, asegura Marco.
Los líderes separatistas, entre ellos Puigdemont, han loado en numerosas ocasiones el modelo de escisión de Estonia. En 2013, la Asamblea Nacional Catalana se inspiró en los procesos independentistas de las Repúblicas Bálticas para promover lo que llamó Vía Catalana, una cadena humana de unos 400 kilómetros que recorría toda la comunidad autónoma.
El proyecto al que ha tenido acceso EL PAÍS lo elaboraron expertos a instancias de Sanromà y el consorcio Administració Oberta en junio y noviembre de 2016 en el monasterio de Montserrat y en La Roca del Vallès. Participaron, entre otros, Carles Agustí, responsable del Área de Gobierno Abierto de la Diputación de Barcelona y presidente de la Asociación de Comunicación Política de Catalunya; Jordi Bosch, director de estrategia digital de Mediapro y de la Universitat Pompeu Fabra; Sergio Jerez, director del servicio de Tecnologías de la Información del FC Barcelona; y Eduard Martín, director general de la Fundación PuntCat, también registrada por la Guardia Civil.
