Gobierno español y PSOE se resisten a aplicar el 155 y piden elecciones a Puigdemont
Ambos partidos se comprometen a paralizar el mecanismo de intervención en Cataluña si el ‘president’ convoca cuanto antes unas elecciones autonómicas
El País
Madrid
Con la amenaza del artículo 155 de la Constitución sobre su cabeza, el Gobierno y el PSOE han lanzado a Carles Puigdemont un último salvavidas. Ambos se han comprometido a paralizar el mecanismo de intervención en Cataluña si el president convoca cuanto antes unas elecciones autonómicas que restablezcan el orden legal y permitan medir de verdad las fuerzas del bloque independentista y de los partidos defensores del orden constitucional. El propio Puigdemont exploró ayer mismo en las filas de su partido el apoyo a esta solución de última hora, que en principio rechaza. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se entrevistó con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien prometió informar de las medidas concretas que adoptará si finalmente activa el 155.
El plazo que el Gobierno dio a Puigdemont para volver a la legalidad vence a las diez de esta mañana, pero la resistencia a aplicar a las autoridades catalanas el artículo 155 de la Constitución es extrema. Una vez que se pongan en marcha las medidas de intervención de la Generalitat, tanto el Gobierno como el PSOE saben que la respuesta de parte de la sociedad catalana será de amplio rechazo. Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, coinciden en la obligación de restablecer el orden constitucional y en la determinación de retrasar la activación del artículo 155 hasta el último momento. Para desactivar su aplicación, ambos ofrecieron ayer al presidentque responda al Gobierno que no ha proclamado la república de Cataluña y que convoque elecciones.
Tras presidir la reunión extraordinaria del consejo nacional del PDeCAT, Puigdemont contestó ayer a la oferta con una negativa y recibió el apoyo de su formación para proclamar la independencia si se activa el artículo 155. “Se trata de un chantaje inaceptable”, reaccionaron fuentes gubernamentales. “El único responsable de la activación del artículo 155 es Puigdemont”.
La convocatoria de elecciones está en centro del esquema ideal para solucionar el conflicto institucional del que hablaron Rajoy y Sánchez en su reunión del martes. El jefe del Ejecutivo también recibió ayer en La Moncloa a Rivera, quien lleva semanas reclamando un adelanto electoral en Cataluña. El presidente se comprometió con el líder de Ciudadanos a informarle de cada paso que vaya a dar en las próximas horas, incluyendo la posible convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el 155.
Reunión el sábado
El Gobierno maneja la posibilidad de que esa cita del presidente y sus ministros se produzca el próximo sábado, según fuentes del Ejecutivo. Cuando se concrete la decisión, Rajoy también informará a Sánchez, con quien mantiene un canal de comunicación permanentemente abierto.
De hecho, el líder socialista lanzó ayer desde Bruselas el mismo llamamiento que Rajoy al presidente catalán, pidiéndole que evite la aplicación del 155 empleando su competencia de convocar elecciones. "Sin duda alguna", dijo Sánchez, esa sería una solución satisfactoria. El secretario general de los socialistas no dio especial relevancia a que la Generalitat pudiera llamar a esos comicios "constituyentes", ya que estos, razonó, "se van a regir por una ley electoral española", en referencia a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Está en la mano del señor Puigdemont que el Estado social y democrático de derecho de nuestro país no tenga que aplicar un instrumento, homologable al conjunto de democracias europeas, como es el artículo 155", urgió Sánchez desde Bruselas, donde tiene una intensa agenda de contactos con representantes europeos que incluye al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a la jefa de la diplomacia, Federica Mogherini.
El PSOE argumenta que las medidas que se puedan adoptar a través del 155 deben tener como fin "restituir el autogobierno para Cataluña con la vigencia plena de su Estatuto y que el pueblo de Cataluña pueda elegir democráticamente a sus representantes", según fuentes del entorno de Sánchez. Los socialistas se resisten a concretar públicamente cuál es su interpretación de cómo pueden convocarse elecciones a través de esta previsión constitucional, aunque esa interpretación ya la conoce el Gobierno.
Dichas fuentes del entorno del líder socialista insisten en que debe actuarse "con inteligencia, sin alterar el normal funcionamiento de las Administraciones y de los servicios públicos" de Cataluña. Estos interlocutores sostienen que la posible intervención del Estado, bajo el amparo del artículo 155, debe afectar "lo mínimo, solo un tiempo muy limitado para convocar elecciones". La dirección del PSOE quiere evitar que esa intervención "afecte al sistema institucional" catalán, por lo que no se muestra partidaria de crear estructuras paralelas a los órganos de gobierno de esa comunidad.
Ese esquema es el que maneja el Gobierno, pero no se llama a engaño respecto a que será traumático despojar a la Generalitat de sus competencias en seguridad, economía y previsiblemente del área de presidencia. Si Puigdemont es sustituido en sus funciones, en el Gobierno se da por seguro que tarde o temprano tendrá que hacer lo mismo con todos sus consejeros. Por eso, los ministros estudian las tareas que les corresponderían al hacerse cargo de las consejerías homólogas.
Madrid
Con la amenaza del artículo 155 de la Constitución sobre su cabeza, el Gobierno y el PSOE han lanzado a Carles Puigdemont un último salvavidas. Ambos se han comprometido a paralizar el mecanismo de intervención en Cataluña si el president convoca cuanto antes unas elecciones autonómicas que restablezcan el orden legal y permitan medir de verdad las fuerzas del bloque independentista y de los partidos defensores del orden constitucional. El propio Puigdemont exploró ayer mismo en las filas de su partido el apoyo a esta solución de última hora, que en principio rechaza. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se entrevistó con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien prometió informar de las medidas concretas que adoptará si finalmente activa el 155.
El plazo que el Gobierno dio a Puigdemont para volver a la legalidad vence a las diez de esta mañana, pero la resistencia a aplicar a las autoridades catalanas el artículo 155 de la Constitución es extrema. Una vez que se pongan en marcha las medidas de intervención de la Generalitat, tanto el Gobierno como el PSOE saben que la respuesta de parte de la sociedad catalana será de amplio rechazo. Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, coinciden en la obligación de restablecer el orden constitucional y en la determinación de retrasar la activación del artículo 155 hasta el último momento. Para desactivar su aplicación, ambos ofrecieron ayer al presidentque responda al Gobierno que no ha proclamado la república de Cataluña y que convoque elecciones.
Tras presidir la reunión extraordinaria del consejo nacional del PDeCAT, Puigdemont contestó ayer a la oferta con una negativa y recibió el apoyo de su formación para proclamar la independencia si se activa el artículo 155. “Se trata de un chantaje inaceptable”, reaccionaron fuentes gubernamentales. “El único responsable de la activación del artículo 155 es Puigdemont”.
La convocatoria de elecciones está en centro del esquema ideal para solucionar el conflicto institucional del que hablaron Rajoy y Sánchez en su reunión del martes. El jefe del Ejecutivo también recibió ayer en La Moncloa a Rivera, quien lleva semanas reclamando un adelanto electoral en Cataluña. El presidente se comprometió con el líder de Ciudadanos a informarle de cada paso que vaya a dar en las próximas horas, incluyendo la posible convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el 155.
Reunión el sábado
El Gobierno maneja la posibilidad de que esa cita del presidente y sus ministros se produzca el próximo sábado, según fuentes del Ejecutivo. Cuando se concrete la decisión, Rajoy también informará a Sánchez, con quien mantiene un canal de comunicación permanentemente abierto.
De hecho, el líder socialista lanzó ayer desde Bruselas el mismo llamamiento que Rajoy al presidente catalán, pidiéndole que evite la aplicación del 155 empleando su competencia de convocar elecciones. "Sin duda alguna", dijo Sánchez, esa sería una solución satisfactoria. El secretario general de los socialistas no dio especial relevancia a que la Generalitat pudiera llamar a esos comicios "constituyentes", ya que estos, razonó, "se van a regir por una ley electoral española", en referencia a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Está en la mano del señor Puigdemont que el Estado social y democrático de derecho de nuestro país no tenga que aplicar un instrumento, homologable al conjunto de democracias europeas, como es el artículo 155", urgió Sánchez desde Bruselas, donde tiene una intensa agenda de contactos con representantes europeos que incluye al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a la jefa de la diplomacia, Federica Mogherini.
El PSOE argumenta que las medidas que se puedan adoptar a través del 155 deben tener como fin "restituir el autogobierno para Cataluña con la vigencia plena de su Estatuto y que el pueblo de Cataluña pueda elegir democráticamente a sus representantes", según fuentes del entorno de Sánchez. Los socialistas se resisten a concretar públicamente cuál es su interpretación de cómo pueden convocarse elecciones a través de esta previsión constitucional, aunque esa interpretación ya la conoce el Gobierno.
Dichas fuentes del entorno del líder socialista insisten en que debe actuarse "con inteligencia, sin alterar el normal funcionamiento de las Administraciones y de los servicios públicos" de Cataluña. Estos interlocutores sostienen que la posible intervención del Estado, bajo el amparo del artículo 155, debe afectar "lo mínimo, solo un tiempo muy limitado para convocar elecciones". La dirección del PSOE quiere evitar que esa intervención "afecte al sistema institucional" catalán, por lo que no se muestra partidaria de crear estructuras paralelas a los órganos de gobierno de esa comunidad.
Ese esquema es el que maneja el Gobierno, pero no se llama a engaño respecto a que será traumático despojar a la Generalitat de sus competencias en seguridad, economía y previsiblemente del área de presidencia. Si Puigdemont es sustituido en sus funciones, en el Gobierno se da por seguro que tarde o temprano tendrá que hacer lo mismo con todos sus consejeros. Por eso, los ministros estudian las tareas que les corresponderían al hacerse cargo de las consejerías homólogas.
