El Govern quiere ganar tiempo antes de declarar la secesión
Puigemont reclama una “mediación”, apadrinada por la UE, para resolver la situación política
Camilo S. Baquero
Barcelona, El País
El deseo del Gobierno catalán siempre ha sido llevar más allá de las fronteras españolas el conflicto político y en la tarde del lunes llegó una ayuda que no tenía prevista. El Parlamento Europeo anunció que modificaba el orden del día del Pleno previsto para este miércoles con la intención de debatir la situación política catalana después de la resonancia que ha tenido la actuación de la Policía y la Guardia Civil a la puerta de decenas de colegios electorales.
La contundencia de las cargas policiales no figuraba en las previsiones del independentismo, que enseguida adaptó las fechas al nuevo escenario que se abrió. Así, el Govern decidió la tarde del domingo una reunión extraordinaria para la mañana de ayer, al término de la cual compareció el propio Carles Puigdemont.
“Este momento pide mediación”, dijo el president. El análisis del Govern es que las cargas policiales refuerzan la reclamación de la secesión por la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a dialogar y responder únicamente con la policía y los jueces a una reclamación política.
La Generalitat pretende estirar todo lo que pueda el efecto de las reacciones de condena que se han producido en diversos países europeos con el fin de buscar complicidades para obligar al Gobierno del PP a negociar. Eso no significa en absoluto que las fuerzas secesionistas y el Gobierno catalán hayan renunciado a declarar la independencia, sino que pretenden cargarse de razones a los ojos de Europa antes de tomar una decisión que comportará la ruptura de una parte de España de manera unilateral.
Así, el Govern aprobó ayer crear una comisión especial de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos a causa de las cargas policiales para intentar frenar el referéndum. El president aseguró que era necesario “restablecer la normalidad institucional” con el Gobierno, pero insistió en que no renunciará a aplicar el resultado favorable a la secesión. “Es vinculante y sobre él debemos tomar decisiones políticas”, dijo. Otra cosa es cuándo y cómo, pues se ha retocado el calendario inicial a la vista de los hechos del domingo.
La ley del referéndum prevé que si gana el sí “se celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente”. Ese pleno ordinario estaba previsto para mañana, pero se celebrará a finales de esta semana o principios de la próxima, según anunció el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas. Y no será un pleno ordinario, sino un pleno específico para debatir los efectos del referéndum.
La fecha concreta se determinará en la junta de portavoces prevista para mañana, precisamente cuando ya se conozca el resultado del debate en la Eurocámara. Horas antes de que Corominas dijera que no había fecha para el pleno del Parlament, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, de su mismo partido, había asegurado en una entrevista en TV-3 que “en la junta de portavoces de hoy tendremos una fecha para que el derecho a ser un estado sea posible”.
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
A la espera de conocer la fecha el miércoles, los sindicatos minoritarios han convocado para hoy una huelga general que definen como “un paro de país” y que el Govern ha alentado. UGT, CC. OO. y la patronal Cecot se han unido a protestas puntuales, pero solo las inscriben como rechazo a las cargas policiales del pasado domingo. El independentismo pretende así sumar todas las fuerzas que pueda a su causa, aunque no apoyen la secesión y sea por motivos muy distintos.
“Escuchados y respetados”
Si Puigdemont hizo el domingo por la noche una apelación directa para que Europa reconozca el derecho los catalanes a ser “escuchados, respetados y reconocidos”, ayer emplazó directamente a Mariano Rajoy a que acepte que un tercero medie para normalizar las relaciones. Para ello instó al líder del PP a que ordenase la retirada de los efectivos de la Policía y la Guardia Civil para “poner fin a la violencia policial y crear un clima de distensión que permita esa mediación leal y sincera”. Puigdemont no quiso definirse sobre si esa negociación institucional debería concluir con un referéndum pactado o establecer los términos para la secesión. “Si todo ello desemboca en negociaciones, ya veremos”, dijo.
La Unión Europea debería encargarse de apadrinar las conversaciones, según el relato de Puigdemont, quien aseguró que tiene ofertas de países europeos, sin especificar cuáles, pero recordó que es necesario que España dé su visto bueno. Ese hecho se antoja en estos momentos impensable si no se produce un giro copernicano en la estrategia de Rajoy. Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, se desmarcó del discurso de Puigdemont y aseguró: “No pedimos la mediación de la Unión Europea, porque no existe mediación cuando se aplastan los derechos fundamentales”.
Barcelona, El País
El deseo del Gobierno catalán siempre ha sido llevar más allá de las fronteras españolas el conflicto político y en la tarde del lunes llegó una ayuda que no tenía prevista. El Parlamento Europeo anunció que modificaba el orden del día del Pleno previsto para este miércoles con la intención de debatir la situación política catalana después de la resonancia que ha tenido la actuación de la Policía y la Guardia Civil a la puerta de decenas de colegios electorales.
La contundencia de las cargas policiales no figuraba en las previsiones del independentismo, que enseguida adaptó las fechas al nuevo escenario que se abrió. Así, el Govern decidió la tarde del domingo una reunión extraordinaria para la mañana de ayer, al término de la cual compareció el propio Carles Puigdemont.
“Este momento pide mediación”, dijo el president. El análisis del Govern es que las cargas policiales refuerzan la reclamación de la secesión por la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a dialogar y responder únicamente con la policía y los jueces a una reclamación política.
La Generalitat pretende estirar todo lo que pueda el efecto de las reacciones de condena que se han producido en diversos países europeos con el fin de buscar complicidades para obligar al Gobierno del PP a negociar. Eso no significa en absoluto que las fuerzas secesionistas y el Gobierno catalán hayan renunciado a declarar la independencia, sino que pretenden cargarse de razones a los ojos de Europa antes de tomar una decisión que comportará la ruptura de una parte de España de manera unilateral.
Así, el Govern aprobó ayer crear una comisión especial de investigación sobre las violaciones de los derechos humanos a causa de las cargas policiales para intentar frenar el referéndum. El president aseguró que era necesario “restablecer la normalidad institucional” con el Gobierno, pero insistió en que no renunciará a aplicar el resultado favorable a la secesión. “Es vinculante y sobre él debemos tomar decisiones políticas”, dijo. Otra cosa es cuándo y cómo, pues se ha retocado el calendario inicial a la vista de los hechos del domingo.
La ley del referéndum prevé que si gana el sí “se celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente”. Ese pleno ordinario estaba previsto para mañana, pero se celebrará a finales de esta semana o principios de la próxima, según anunció el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas. Y no será un pleno ordinario, sino un pleno específico para debatir los efectos del referéndum.
La fecha concreta se determinará en la junta de portavoces prevista para mañana, precisamente cuando ya se conozca el resultado del debate en la Eurocámara. Horas antes de que Corominas dijera que no había fecha para el pleno del Parlament, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, de su mismo partido, había asegurado en una entrevista en TV-3 que “en la junta de portavoces de hoy tendremos una fecha para que el derecho a ser un estado sea posible”.
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
A la espera de conocer la fecha el miércoles, los sindicatos minoritarios han convocado para hoy una huelga general que definen como “un paro de país” y que el Govern ha alentado. UGT, CC. OO. y la patronal Cecot se han unido a protestas puntuales, pero solo las inscriben como rechazo a las cargas policiales del pasado domingo. El independentismo pretende así sumar todas las fuerzas que pueda a su causa, aunque no apoyen la secesión y sea por motivos muy distintos.
“Escuchados y respetados”
Si Puigdemont hizo el domingo por la noche una apelación directa para que Europa reconozca el derecho los catalanes a ser “escuchados, respetados y reconocidos”, ayer emplazó directamente a Mariano Rajoy a que acepte que un tercero medie para normalizar las relaciones. Para ello instó al líder del PP a que ordenase la retirada de los efectivos de la Policía y la Guardia Civil para “poner fin a la violencia policial y crear un clima de distensión que permita esa mediación leal y sincera”. Puigdemont no quiso definirse sobre si esa negociación institucional debería concluir con un referéndum pactado o establecer los términos para la secesión. “Si todo ello desemboca en negociaciones, ya veremos”, dijo.
La Unión Europea debería encargarse de apadrinar las conversaciones, según el relato de Puigdemont, quien aseguró que tiene ofertas de países europeos, sin especificar cuáles, pero recordó que es necesario que España dé su visto bueno. Ese hecho se antoja en estos momentos impensable si no se produce un giro copernicano en la estrategia de Rajoy. Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, se desmarcó del discurso de Puigdemont y aseguró: “No pedimos la mediación de la Unión Europea, porque no existe mediación cuando se aplastan los derechos fundamentales”.
