El Gobierno español aplica el artículo 155 para destituir a Puigdemont y sus consejeros
El Consejo de Ministros aprueba convocar elecciones en seis meses
Anabel Díez
Madrid, El País
El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado este sábado convocar elecciones adelantadas en Cataluña en un plazo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad"; cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros; que la administración catalana actúe bajo las directrices de los distintos ministerios; y dar capacidad de veto al Ejecutivo central frente a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament catalán, que seguirá abierto pero no podrá proponer candidato a la presidencia. La intervención de esas competencias concretas del Govern al amparo del artículo 155 de la Constitución debe ser aprobada ahora por mayoría absoluta en el Senado, que previsiblemente validará el plan gubernamental en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes.
El Gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes, según ha enumerado Rajoy, que ha subrayado que "no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo".
"El Gobierno tuvo muchas oportunidades de aplicar antes el artículo 155, pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común, intentando que se produjera una rectificación", ha dicho el presidente, que asume personalmente la competencia de disolver el Parlament. "No se pueden hacer peor las cosas que como las ha hecho en las últimas fechas la Generalitat de Cataluña", ha añadido Rajoy, que al optar por convocar elecciones en seis meses ha contentado a su partido, el PP, frente a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que le pidió que lo hiciera en enero. "No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás", ha argumentado Rajoy durante una rueda de prensa en la que le han arropado todos los ministros de su Gobierno. Y ha recalcado: "Estas medidas han sido consensuadas con el PSOE y con Ciudadanos. Agradezco su apoyo, que no interpreto como un apoyo al Gobierno, que también, sino como un apoyo al Estado de derecho".
El plan que le ha enviado el Gobierno al Senado para asumir competencias del Govern especifica que los Mossos quedarán bajo el control del Ministerio de Interior. De hecho, especifica que se dispondrá el cese del consejero de Interior, "y en su caso", de las autoridades dependientes, en referencia a Josep Lluís Trapero, el jefe de la policía autonómica.
"Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña, coordinando la actuación de los Mossos", establece el plan enviado por el Ejecutivo a la Cámara Alta. "En el caso de que sea necesario, los Mossos serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y subraya: "[Si se cesa al jefe de los Mossos] el ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación".
Los representantes del Ejecutivo comparecerán en el Senado cada dos meses para dar cuenta de la gestión en Cataluña. El Gobierno aún debe decidir si crea un organismo colegiado para coordinar los trabajos del Govern, o nombra a un representante para desempeñar esa labor.
En un documento en el que resume las razones por las que aplicar el artículo 155, el Ejecutivo ha señalado directamente a Puigdemont y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al subrayar que considera que las "máximas autoridades gubernamentales y parlamentarias" de Cataluña han protagonizado un "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado (...) a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión". El equipo de asesores jurídicos de Rajoy observa una "desobediencia rebelde" en la acción de los dos líderes independentistas y de sus socios en el proceso de ruptura, toda una indicación de los posibles delitos en los que podrían haber incurrido las autoridades catalanas. Y por eso, argumentan en La Moncloa, la activación del artículo 155 de la Constitución se justifica en aplicación de sus dos presupuestos: que una Comunidad no cumpla con sus obligaciones o que actúe gravemente en contra del interés general de España.
La activación del artículo 155 de la Constitución solo cuenta con un precedente en la historia de la democracia española: en 1989, el Gobierno de Felipe González amenazó con su aplicación al de Canarias, pero logró frenar la rebelión fiscal de ese Ejecutivo autonómico antes de tramitar su puesta en marcha en el Senado.
Ahora, la tramitación de las medidas en la Cámara Alta, que durará casi una semana, abre la última ventana de oportunidad para que el conflicto institucional que enfrenta al Gobierno y al Govern se solucione sin la intervención de las competencias de la Generalitat. Tanto el PP, como el PSOE y Ciudadanos, los tres socios del frente constitucionalista, observan la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas como la mejor respuesta a la creciente tensión política, institucional y social que se vive en Cataluña. Puigdemont, en principio, rechaza esa opción y amenaza con declarar la independencia en el Parlament. Rajoy, además, ha recalcado este sábado que solo el Senado puede detener ya la aplicación del artículo 155. En consecuencia, la cuenta atrás ha comenzado: las medidas arbitradas por el Consejo de Ministros para asumir competencias concretas de la Generalitat tendrán plena vigencia en menos de una semana.
Madrid, El País
El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado este sábado convocar elecciones adelantadas en Cataluña en un plazo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad"; cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros; que la administración catalana actúe bajo las directrices de los distintos ministerios; y dar capacidad de veto al Ejecutivo central frente a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament catalán, que seguirá abierto pero no podrá proponer candidato a la presidencia. La intervención de esas competencias concretas del Govern al amparo del artículo 155 de la Constitución debe ser aprobada ahora por mayoría absoluta en el Senado, que previsiblemente validará el plan gubernamental en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes.
El Gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes, según ha enumerado Rajoy, que ha subrayado que "no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo".
"El Gobierno tuvo muchas oportunidades de aplicar antes el artículo 155, pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común, intentando que se produjera una rectificación", ha dicho el presidente, que asume personalmente la competencia de disolver el Parlament. "No se pueden hacer peor las cosas que como las ha hecho en las últimas fechas la Generalitat de Cataluña", ha añadido Rajoy, que al optar por convocar elecciones en seis meses ha contentado a su partido, el PP, frente a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que le pidió que lo hiciera en enero. "No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás", ha argumentado Rajoy durante una rueda de prensa en la que le han arropado todos los ministros de su Gobierno. Y ha recalcado: "Estas medidas han sido consensuadas con el PSOE y con Ciudadanos. Agradezco su apoyo, que no interpreto como un apoyo al Gobierno, que también, sino como un apoyo al Estado de derecho".
El plan que le ha enviado el Gobierno al Senado para asumir competencias del Govern especifica que los Mossos quedarán bajo el control del Ministerio de Interior. De hecho, especifica que se dispondrá el cese del consejero de Interior, "y en su caso", de las autoridades dependientes, en referencia a Josep Lluís Trapero, el jefe de la policía autonómica.
"Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña, coordinando la actuación de los Mossos", establece el plan enviado por el Ejecutivo a la Cámara Alta. "En el caso de que sea necesario, los Mossos serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y subraya: "[Si se cesa al jefe de los Mossos] el ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación".
Los representantes del Ejecutivo comparecerán en el Senado cada dos meses para dar cuenta de la gestión en Cataluña. El Gobierno aún debe decidir si crea un organismo colegiado para coordinar los trabajos del Govern, o nombra a un representante para desempeñar esa labor.
En un documento en el que resume las razones por las que aplicar el artículo 155, el Ejecutivo ha señalado directamente a Puigdemont y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al subrayar que considera que las "máximas autoridades gubernamentales y parlamentarias" de Cataluña han protagonizado un "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado (...) a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión". El equipo de asesores jurídicos de Rajoy observa una "desobediencia rebelde" en la acción de los dos líderes independentistas y de sus socios en el proceso de ruptura, toda una indicación de los posibles delitos en los que podrían haber incurrido las autoridades catalanas. Y por eso, argumentan en La Moncloa, la activación del artículo 155 de la Constitución se justifica en aplicación de sus dos presupuestos: que una Comunidad no cumpla con sus obligaciones o que actúe gravemente en contra del interés general de España.
La activación del artículo 155 de la Constitución solo cuenta con un precedente en la historia de la democracia española: en 1989, el Gobierno de Felipe González amenazó con su aplicación al de Canarias, pero logró frenar la rebelión fiscal de ese Ejecutivo autonómico antes de tramitar su puesta en marcha en el Senado.
Ahora, la tramitación de las medidas en la Cámara Alta, que durará casi una semana, abre la última ventana de oportunidad para que el conflicto institucional que enfrenta al Gobierno y al Govern se solucione sin la intervención de las competencias de la Generalitat. Tanto el PP, como el PSOE y Ciudadanos, los tres socios del frente constitucionalista, observan la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas como la mejor respuesta a la creciente tensión política, institucional y social que se vive en Cataluña. Puigdemont, en principio, rechaza esa opción y amenaza con declarar la independencia en el Parlament. Rajoy, además, ha recalcado este sábado que solo el Senado puede detener ya la aplicación del artículo 155. En consecuencia, la cuenta atrás ha comenzado: las medidas arbitradas por el Consejo de Ministros para asumir competencias concretas de la Generalitat tendrán plena vigencia en menos de una semana.
