Comisión identifica delitos que no prescriben en responsables de la capitalización y privatización
La Comisión Especial Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización investigó los procesos que terminaron con la entrega de empresas estratégicas del Estado al sector privado
La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz
Hasta el momento ya se identificó a los autores de los daños económicos por la privatización y capitalización de empresas públicas estratégicas como los delitos en los que incurrieron y que, según la normativa de lucha contra la corrupción, no prescriben.
Entre los delitos detectados están incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y otros, según los resultados del trabajo de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización
“Básicamente son los establecidos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (de lucha contra la corrupción) y en la Constitución que no prescriben porque son delitos de corrupción. Estamos hablando de los delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y otros que obviamente, después de 20 años no han prescrito”, informó el presidente de la comisión, diputado Javier Zabaleta.
El análisis del informe se encuentra en la etapa final y contiene un acápite referido a las “redes de poder” de los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada. En dos semana será presentado al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se definirá el curso de las acciones a seguir.
Sánchez de Lozada se encuentra en Estados Unidos, a donde huyó en octubre de 2003 tras una revuelta social que se saldó con más de 60 muertos y cientos de heridos. El entonces ministro de Capitalización Alfonso Revollo, también está fuera de Bolivia.
Comisión calcula pérdidas por $us 10.000 millones durante privatización y prevé concluir el informe a fin de mes
Ante la posibilidad de que se pueda hallar responsabilidad penal en alguna exautoridad, se pedirá la aprobación de proposiciones acusatorias para iniciar un juicio de responsabilidades.
“Ya hay borradores de conclusiones en los que se identifican a las personas que estaban involucradas, los tipos de delitos que habrían cometido, los montos de perjuicios económicos por departamento, empresas y global para todo el país, además de sugerencias de cómo la Asamblea Legislativa debería resolver este tema”, explicó el legislador.
Un cálculo inicial da cuenta que son más de $us 10.000 millones en pérdidas económicas por la privatización y capitalización de empresas estatales entre 1985-2005.
Hasta el momento ya se identificó a los autores de los daños económicos por la privatización y capitalización de empresas públicas estratégicas como los delitos en los que incurrieron y que, según la normativa de lucha contra la corrupción, no prescriben.
Entre los delitos detectados están incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y otros, según los resultados del trabajo de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización
“Básicamente son los establecidos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (de lucha contra la corrupción) y en la Constitución que no prescriben porque son delitos de corrupción. Estamos hablando de los delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y otros que obviamente, después de 20 años no han prescrito”, informó el presidente de la comisión, diputado Javier Zabaleta.
El análisis del informe se encuentra en la etapa final y contiene un acápite referido a las “redes de poder” de los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada. En dos semana será presentado al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se definirá el curso de las acciones a seguir.
Sánchez de Lozada se encuentra en Estados Unidos, a donde huyó en octubre de 2003 tras una revuelta social que se saldó con más de 60 muertos y cientos de heridos. El entonces ministro de Capitalización Alfonso Revollo, también está fuera de Bolivia.
Comisión calcula pérdidas por $us 10.000 millones durante privatización y prevé concluir el informe a fin de mes
Ante la posibilidad de que se pueda hallar responsabilidad penal en alguna exautoridad, se pedirá la aprobación de proposiciones acusatorias para iniciar un juicio de responsabilidades.
“Ya hay borradores de conclusiones en los que se identifican a las personas que estaban involucradas, los tipos de delitos que habrían cometido, los montos de perjuicios económicos por departamento, empresas y global para todo el país, además de sugerencias de cómo la Asamblea Legislativa debería resolver este tema”, explicó el legislador.
Un cálculo inicial da cuenta que son más de $us 10.000 millones en pérdidas económicas por la privatización y capitalización de empresas estatales entre 1985-2005.
