Maduro propone el enésimo corsé a los precios de la economía

El mandatario venezolano ha propuesto a los poderes públicos que juzguen al presidente del Parlamento, Julio Borges, por traición a la patria

Alfredo Meza
Caracas, El País
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reaparecido en público después de pasar la última semana enclaustrado con su gabinete económico, intentando darle respuesta a las caóticas perspectivas que se ciernen sobre la economía luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos.


Este jueves se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento que diseñó a su medida para evitar el incordio que supone para el régimen lidiar con un Parlamento de mayoría opositora, para anunciar el resultado de esos siete días de reflexiones. Maduro apuesta de nuevo por redoblar los controles de precios amparándose en la Constituyente para diseñar, mediante ocho propuestas de ley, todo un sistema represivo que vigile y castigue a quienes lo desafíen. “El Estado tiene que regular la actividad económica y favorecer la defensa de los derechos de la ciudadanía”, dijo, durante una maratónica alocución de cinco horas, desde la sede del Palacio Federal Legislativo.

El régimen se mantiene fiel a su lógica. Si los controles han fracasado hasta ahora es porque no han sido bien implementados y supervisados. A partir del viernes aspiran a reunir a productores e importadores de 50 rubros -entre ellos mayonesa, mortadela, pastas, pescados, pollo, queso duro, jabón en panela, aceite de maíz- para acordar precios máximos de venta al público y vigilar su estricto cumplimiento con equipos compuestos por la Superintendencia de los Derechos Socio Económicos y el Ministerio Público. “Hay que darle todo el poder a estos supervisores para que le metan los ganchos (apresen, en el español venezolano) a quienes vendan sus productos sobre el precio acordado”, anunció.

Cada cierto tiempo el mandatario replantea su cruzada contra el libre juego de la oferta y la demanda, la verdadera bestia negra del régimen. Todo indica, no obstante, que los resultados no serán diferentes. Los controles son siempre un entusiasmo pasajero. Durante el mandato de Maduro siempre empiezan con mucho vigor, con operativos televisados que muestran a funcionarios amenazantes y a comerciantes encarcelados, pero suelen relajarse a medida que pasan las semanas. La dirigencia chavista prefiere que los productos se consigan a precios inalcanzables para los precarios salarios que ganan los venezolanos antes que pagar el costo político de la escasez.

Esta semana de silencio también fue aprovechada por el régimen para elaborar una respuesta política a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos. Desde esta semana, en la narrativa del chavismo, Washington es el culpable del bloqueo de las importaciones de Venezuela. Maduro lo ha llamado plan Trump-Borges, en alusión a una supuesta componenda entre el presidente de Estados Unidos y Julio Borges, el máximo representante del Legislativo venezolano, para aplicar las sanciones. Durante su larga alocución el mandatario venezolano le dedicó toda clase de insultos a Borges y pidió a la Fiscalía General de la República, ocupada por su correligionario Tarek William Saab, al presidente del Supremo, Maikel Moreno, y a las autoridades de la Constituyente que juzguen por traición a la patria al diputado venezolano. “Espero respuestas de los poderes públicos”, advirtió. “En Venezuela tiene que haber justicia severa”.

La economía venezolana enfrenta ahora un serio problema. Las sanciones impiden que los pagos de Venezuela pasen por el sistema financiero estadounidense. Maduro no dejó de recordar ese inconveniente durante toda la noche y citó tres ejemplos. El régimen, siempre según su versión, no puede pagar el flete de tres barcos con insumos médicos (insulina) y cajas Clap, el programa gubernamental de importación de alimentos que busca abaratar los costos al consumidor final simplificando la distribución, porque los bancos estadounidenses no aceptan el dinero. Por eso ha anunciado la creación de una canasta de monedas de distintos países para vender y comprar productos en el mercado internacional. “Será una forma de liberarnos del dólar como moneda opresora”, aseguró.

El gobernante no ofreció detalles del procedimiento, pero desde el mismo momento de los anuncios los más reputados economistas del país advirtieron los inconvenientes a través de las redes sociales. Venezuela comercia casi todo en dólares estadounidenses. Que se establezca el yuan como moneda para las transacciones implicaría que China sería en lo sucesivo el gran proveedor, aseguran. Y también pronostican que los anuncios traerán más inflación, más escasez y la generalizada certeza de que el mercado negro seguirá siendo el santo grial que buscarán los venezolanos para sobrevivir en medio del caos.

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