Macron recorta impuestos y gasto público en su primer presupuesto
El Gobierno francés planea respetar el 2,9% de límite del déficit impuesto por Bruselas
Silvia Ayuso
París, El País
Para distribuir la riqueza, primero hay que crearla. Y los que la generan son los “audaces”, los que apuestan por la creación de un empleo que no se ha logrado generar con políticas de aumento del gasto público. Esa es la base ideológica del “presupuesto de transformación” para Francia en 2018, el primero de la era macronista y que prevé una bajada de impuestos de hasta 10.000 millones de euros y una fuerte reducción del gasto público, hasta 16.000 millones de euros, que ha generado críticas sociales.
“El problema de Francia no se va a resolver con más gasto público”, zanjó el ministro de Economía, Bruno Le Maire, al presentar el presupuesto este miércoles. “Asumimos la decisión de bajar el gasto público y la deuda, porque más gasto público no conduce a menos paro, al contrario, según la experiencia”, agregó el político reclutado desde las filas conservadoras de Los Republicanos, al igual que el otro responsable de elaborar el presupuesto, el ministro de Hacienda Gérard Darmanin.
La visión de Macron para reactivar la economía francesa y bajar de la tasa del casi 10% de paro es a largo plazo. Este primer presupuesto no es más que la “primera etapa” de un plan quinquenal que Le Maire describió como un “5-3-1”: Reducir en cinco puntos la deuda pública hasta llegar, en 2022, al 91,4% del PIB, aunque por el camino vaya a repuntar levemente; bajar también, a lo largo del quinquenio, en tres puntos el gasto público y lograr un punto menos de gravamen obligatorio para hogares y empresas al término del mandato de Macron.
Para 2018, el objetivo es reducir el gasto público en 0,7 puntos del PIB. Una meta “difícil” pero “necesaria” para cuyo cumplimiento se prevén recortes en casi todas las partidas ministeriales, aunque las más afectadas serán las dedicadas a las ayudas a la vivienda y el empleo, con una drástica reducción de los contratos subvencionados, y la congelación de grandes proyectos de infraestructuras.
“No tenemos más que un objetivo: invertir la curva del gasto público. Pensar que se puede gastar más de un año para otro (...) es un error contra el que hace falta luchar”, afirmó el portavoz del Gobierno, Christophe Castaner.
El ejecutivo quiere también bajar el déficit público durante el próximo año en 0,3 puntos —del 2,9% previsto este año al 2,6% en 2018, en cualquier caso por debajo del tope del 3% fijado por Bruselas e incumplido continuamente la última década— y en 0,3 puntos las retenciones obligatorias de los hogares y empresas.
“Es hora de un cambio de lógica, de forma de pensar, y de tener un presupuesto ofensivo al servicio del crecimiento y del empleo”, insistió Le Maire al desgranar un presupuesto que consideró “prudente”, “sincero en su voluntad de transformar la economía francesa” y “justo porque responde a las esperanzas de todos los franceses”.
La izquierda y organizaciones como Oxfam no han tardado sin embargo en denunciar el presupuesto como el causante seguro de una “injusticia social” que solo beneficiará a los más ricos.
Una de las medidas criticadas es la fuerte reducción en el impuesto sobre la fortuna (ISF), que el año pasado aportó 3.500 millones al Estado. A partir de ahora, solo deberán pagar el ISF quienes tengan un patrimonio inmobiliario —antes se gravaba también el patrimonio financiero y otros activos— superior a 1,3 millones de euros. La medida pretende estimular la inversión empresarial y atraer parte del negocio financiero que abandone Londres como consecuencia del Brexit.
“Queremos crear riqueza para distribuirla”, defendió el jefe de la cartera de Economía este plan, al igual que el de ir reduciendo progresivamente el impuesto de sociedades para las empresas, del actual 33% a un 25% en cinco años.
Las reformas fiscales “beneficiarán a todos los franceses sin excepción y no solo a los más ricos”, replicó ante las críticas Le Maire, según el cual estos planes sirven también para proteger “a los más modestos y frágiles”, al mejorar el “poder adquisitivo” de toda la población.
El Gobierno apunta en este sentido a la promesa de reducir progresivamente el impuesto sobre la vivienda para el 80% de los franceses, así como a la bajada de las cotizaciones sociales para asalariados y autónomos que, afirma, aliviarán una carga fiscal "excesiva e injusta”. El ejecutivo calcula que una pareja que gane el salario mínimo interprofesional acabará ahorrando una media de 540 euros anuales al término del mandato de Macron.
En total, el Gobierno espera rebajar 10.000 millones de euros de impuestos hasta el 31 de diciembre de 2018, aunque la media durante el año será solo de 7.000 millones. Los 3.000 millones de diferencia son consecuencia de la decisión del gobierno de postergar unos meses la reducción de cotizaciones por desempleo y enfermedad que pagan los trabajadores del sector privado, una medida que busca acrecentar su poder adquisitivo.
Los planes del Gobierno se basan en una previsión de crecimiento de 1,7% este año y el próximo. Una estimación “prudente” para 2017 y “razonable” para 2018, estimó esta semana el organismo independiente Alto Consejo de Finanzas Públicas.
París, El País
Para distribuir la riqueza, primero hay que crearla. Y los que la generan son los “audaces”, los que apuestan por la creación de un empleo que no se ha logrado generar con políticas de aumento del gasto público. Esa es la base ideológica del “presupuesto de transformación” para Francia en 2018, el primero de la era macronista y que prevé una bajada de impuestos de hasta 10.000 millones de euros y una fuerte reducción del gasto público, hasta 16.000 millones de euros, que ha generado críticas sociales.
“El problema de Francia no se va a resolver con más gasto público”, zanjó el ministro de Economía, Bruno Le Maire, al presentar el presupuesto este miércoles. “Asumimos la decisión de bajar el gasto público y la deuda, porque más gasto público no conduce a menos paro, al contrario, según la experiencia”, agregó el político reclutado desde las filas conservadoras de Los Republicanos, al igual que el otro responsable de elaborar el presupuesto, el ministro de Hacienda Gérard Darmanin.
La visión de Macron para reactivar la economía francesa y bajar de la tasa del casi 10% de paro es a largo plazo. Este primer presupuesto no es más que la “primera etapa” de un plan quinquenal que Le Maire describió como un “5-3-1”: Reducir en cinco puntos la deuda pública hasta llegar, en 2022, al 91,4% del PIB, aunque por el camino vaya a repuntar levemente; bajar también, a lo largo del quinquenio, en tres puntos el gasto público y lograr un punto menos de gravamen obligatorio para hogares y empresas al término del mandato de Macron.
Para 2018, el objetivo es reducir el gasto público en 0,7 puntos del PIB. Una meta “difícil” pero “necesaria” para cuyo cumplimiento se prevén recortes en casi todas las partidas ministeriales, aunque las más afectadas serán las dedicadas a las ayudas a la vivienda y el empleo, con una drástica reducción de los contratos subvencionados, y la congelación de grandes proyectos de infraestructuras.
“No tenemos más que un objetivo: invertir la curva del gasto público. Pensar que se puede gastar más de un año para otro (...) es un error contra el que hace falta luchar”, afirmó el portavoz del Gobierno, Christophe Castaner.
El ejecutivo quiere también bajar el déficit público durante el próximo año en 0,3 puntos —del 2,9% previsto este año al 2,6% en 2018, en cualquier caso por debajo del tope del 3% fijado por Bruselas e incumplido continuamente la última década— y en 0,3 puntos las retenciones obligatorias de los hogares y empresas.
“Es hora de un cambio de lógica, de forma de pensar, y de tener un presupuesto ofensivo al servicio del crecimiento y del empleo”, insistió Le Maire al desgranar un presupuesto que consideró “prudente”, “sincero en su voluntad de transformar la economía francesa” y “justo porque responde a las esperanzas de todos los franceses”.
La izquierda y organizaciones como Oxfam no han tardado sin embargo en denunciar el presupuesto como el causante seguro de una “injusticia social” que solo beneficiará a los más ricos.
Una de las medidas criticadas es la fuerte reducción en el impuesto sobre la fortuna (ISF), que el año pasado aportó 3.500 millones al Estado. A partir de ahora, solo deberán pagar el ISF quienes tengan un patrimonio inmobiliario —antes se gravaba también el patrimonio financiero y otros activos— superior a 1,3 millones de euros. La medida pretende estimular la inversión empresarial y atraer parte del negocio financiero que abandone Londres como consecuencia del Brexit.
“Queremos crear riqueza para distribuirla”, defendió el jefe de la cartera de Economía este plan, al igual que el de ir reduciendo progresivamente el impuesto de sociedades para las empresas, del actual 33% a un 25% en cinco años.
Las reformas fiscales “beneficiarán a todos los franceses sin excepción y no solo a los más ricos”, replicó ante las críticas Le Maire, según el cual estos planes sirven también para proteger “a los más modestos y frágiles”, al mejorar el “poder adquisitivo” de toda la población.
El Gobierno apunta en este sentido a la promesa de reducir progresivamente el impuesto sobre la vivienda para el 80% de los franceses, así como a la bajada de las cotizaciones sociales para asalariados y autónomos que, afirma, aliviarán una carga fiscal "excesiva e injusta”. El ejecutivo calcula que una pareja que gane el salario mínimo interprofesional acabará ahorrando una media de 540 euros anuales al término del mandato de Macron.
En total, el Gobierno espera rebajar 10.000 millones de euros de impuestos hasta el 31 de diciembre de 2018, aunque la media durante el año será solo de 7.000 millones. Los 3.000 millones de diferencia son consecuencia de la decisión del gobierno de postergar unos meses la reducción de cotizaciones por desempleo y enfermedad que pagan los trabajadores del sector privado, una medida que busca acrecentar su poder adquisitivo.
Los planes del Gobierno se basan en una previsión de crecimiento de 1,7% este año y el próximo. Una estimación “prudente” para 2017 y “razonable” para 2018, estimó esta semana el organismo independiente Alto Consejo de Finanzas Públicas.
