Líderes opositores: El TCP no tiene atribución para resolver acción del MAS
Los expresidentes y líderes de la oposición concretaron hoy su pedido al Tribunal Constitucional para que rechace la acción de inconstitucionalidad abstracta del MAS para habilitar a Morales a una nueva reelección.
Página Siete Digital / La Paz
En representación de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y los líderes políticos Samuel Doria Medina y Rubén Costas; hoy por la mañana los senadores de UD, Oscar Ortiz y Arturo Murillo, junto con el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con sede en Sucre, la solicitud de rechazo a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el MAS que busca una nueva postulación del presidente Evo Morales a las elecciones de 2019.
A través de la solicitud, los líderes de la oposición argumentan que el TCP no tiene atribución de declarar la "inaplicabilidad” de cualquier artículo de la Constitución, como solicita el MAS se lo haga a los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Carta Magna, porque impide el ejercicio de los derechos políticos del Presidente, gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales.
"Esta demanda (del MAS) carece en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales (…), teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene la atribución, ni la competencia, ni el procedimiento para declarar inaplicable cualquier artículo de la Constitución Política del Estado”, señala el documento.
Otro argumento esgrimido por los opositores es que la Constitución boliviana sólo confiere al TCP la atribución de conocer y resolver asuntos sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y resoluciones no judiciales, y no dirimir la inaplicabilidad de normas de la propia Constitución.
El senador Ortiz explicó que la solicitud de rechazo detalla que la figura de "inaplicabilidad” no existe en el ordenamiento jurídico nacional, y además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya tiene antecedentes y jurisprudencia sobre el tema, ya que una denuncia presentada por el expresidente de Guatemala, José Efraín Ríos Montt en 1993, sobre el mismo tenor, fue rechazada por el organismo, al considerar que "restricciones a la elegibilidad no violan los derechos de los eventuales candidatos”.
Ayer, los expresidentes y líderes de la oposición anunciaron también la presentación de "un documento a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” porque "el gobierno del presidente Morales, a través de sus representantes en la Asamblea Legislativa, le ha dicho al país que su intención es permanecer indefinidamente en el poder a cualquier precio”.
En el referendo del 21 de febrero de 2016, el MAS sufrió su primera derrota electoral en 10 años de poder. El 51% del electorado rechazó la reforma constitucional que abría la puerta a Morales para que postule por cuarta vez a la Presidencia de manera continua. Entonces, los mandos altos del Gobierno, entre ellos el Mandatario, dijeron que respetarían los resultados.
19 meses después, el oficialismo decidió patear el tablero y mediante un recurso de inconstitucionalidad pretende obtener el resultado que no logró en las urnas: la habilitación de Evo como candidato en 2019.
Página Siete Digital / La Paz
En representación de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y los líderes políticos Samuel Doria Medina y Rubén Costas; hoy por la mañana los senadores de UD, Oscar Ortiz y Arturo Murillo, junto con el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con sede en Sucre, la solicitud de rechazo a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el MAS que busca una nueva postulación del presidente Evo Morales a las elecciones de 2019.
A través de la solicitud, los líderes de la oposición argumentan que el TCP no tiene atribución de declarar la "inaplicabilidad” de cualquier artículo de la Constitución, como solicita el MAS se lo haga a los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Carta Magna, porque impide el ejercicio de los derechos políticos del Presidente, gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales.
"Esta demanda (del MAS) carece en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales (…), teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene la atribución, ni la competencia, ni el procedimiento para declarar inaplicable cualquier artículo de la Constitución Política del Estado”, señala el documento.
Otro argumento esgrimido por los opositores es que la Constitución boliviana sólo confiere al TCP la atribución de conocer y resolver asuntos sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y resoluciones no judiciales, y no dirimir la inaplicabilidad de normas de la propia Constitución.
El senador Ortiz explicó que la solicitud de rechazo detalla que la figura de "inaplicabilidad” no existe en el ordenamiento jurídico nacional, y además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya tiene antecedentes y jurisprudencia sobre el tema, ya que una denuncia presentada por el expresidente de Guatemala, José Efraín Ríos Montt en 1993, sobre el mismo tenor, fue rechazada por el organismo, al considerar que "restricciones a la elegibilidad no violan los derechos de los eventuales candidatos”.
Ayer, los expresidentes y líderes de la oposición anunciaron también la presentación de "un documento a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” porque "el gobierno del presidente Morales, a través de sus representantes en la Asamblea Legislativa, le ha dicho al país que su intención es permanecer indefinidamente en el poder a cualquier precio”.
En el referendo del 21 de febrero de 2016, el MAS sufrió su primera derrota electoral en 10 años de poder. El 51% del electorado rechazó la reforma constitucional que abría la puerta a Morales para que postule por cuarta vez a la Presidencia de manera continua. Entonces, los mandos altos del Gobierno, entre ellos el Mandatario, dijeron que respetarían los resultados.
19 meses después, el oficialismo decidió patear el tablero y mediante un recurso de inconstitucionalidad pretende obtener el resultado que no logró en las urnas: la habilitación de Evo como candidato en 2019.
