La Generalitat endosa a los catalanes su choque con el Estado por el referéndum
El gobierno catalán llama a la movilización ciudadana para facilitar la votación suspendida por el Tribunal Constitucional
Camilo S. Baquero
Barcelona, El País
En las vísperas del referéndum ilegal de independencia en Cataluña, la Generalitat juega su última carta para mantener el pulso al Estado: una movilización ciudadana que impulse la celebración de la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. Sin ninguna garantía legal que ampare tal votación y con la logística desmantelada por la justicia, el Govern mostró este viernes su secreto mejor guardado en un intento de transmitir confianza en que habrá referéndum: una de las 6.249 urnas que quiere poner este domingo.
La última semana ha sido una invitación constante a la movilización ciudadana en defensa de la consulta. Incluso ayer viernes la respuesta del vicepresidente Oriol Junqueras a las preguntas sobre cómo entender un referéndum que incumple sus propias garantías dejó todo el protagonismo a los ciudadanos: “La validez de los resultados derivará tanto de nuestro trabajo para garantizar que los ciudadanos puedan votar como también de las dificultades que el Gobierno del Partido Popular habrá querido poner. La legitimidad no se debilita, sino que se refuerza en cada dificultad que nos ponen”.
En el multitudinario cierre de la campaña unitaria a favor del sí, ayer viernes en Barcelona, el president Carles Puigdemont invitó a los catalanes a “vestirse de referéndum” mañana para “asegurar la victoria y que sea definitiva”. “Aunque cada día nos asusten, con nuestra movilización mostramos que somos capaces de superar los miedos que nos quieren imponer”, agregó Junqueras.
Ningún conseller ha hecho un llamamiento explícito, por ejemplo, a ocupar centros educativos o locales municipales para asegurar que se instalen los colegios electorales y se pueda votar mañana, pero el Govern no ocultan su satisfacción al ver que la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, las asociaciones de padres y madres o las plataformas de estudiantes hagan ese trabajo a pie de calle. “Sois indispensables para implementar el resultado del referéndum”, recordó el vicepresidente a los estudiantes el pasado miércoles en un acto en Barcelona, en la víspera de una de las manifestaciones de alumnos más multitudinarias celebradas en la capital catalana desde las movilizaciones contra el plan Bolonia.
Pero la Generalitat dista mucho de ser una mera espectadora de lo que pasa en las calles. La decisión, ayer mismo, de que las consejeras de Enseñanza y Trabajos y Asuntos Sociales asuman las funciones de los directores de colegios y centros cívicos buscan, por un lado, quitar responsabilidades a funcionarios ante posibles acciones judiciales, pero también facilitar la consulta y proteger las iniciativas de la comunidad escolar para asegurar que se pueda votar, como las acampadas en los centros. El propio Puigdemont recordó el jueves delante de cientos de profesores y directores de institutos, que la responsabilidad de abrir las puertas de los colegios corresponderá al Govern.
La Generalitat también decretó ayer viernes los servicios mínimos de las huelgas generales convocadas entre el 3 y el 13 de octubre por sindicatos minoritarios, en respuesta a los registros y detenciones relacionados con el freno al referéndum. CC OO y UGT se han desmarcado. Algunos de los convocantes, sin embargo, sí tienen peso en servicios básicos como la empresa de transporte público de Barcelona.
“El domingo se votará, la gente lo podrá hacer desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche”, aseguró ayer viernes el portavoz del Govern, Jordi Turull. La Generalitat informó de que el domingo planea abrir 2.315 colegios electorales (207 en la capital catalana), con 6.299 mesas. En total están llamados a las urnas 5.343.358 ciudadanos. Básicamente, son los mismos que votaron en las últimas elecciones autonómicas. La Generalitat sigue sin explicar el origen del censo. Además de los miembros de la mesa, el portavoz del Govern explicó que habrá 7.235 personas “implicadas” como voluntarios en garantizar que la jornada transcurra con normalidad.
Esos fueron los únicos datos que entregó el Govern en una rueda de prensa convocada supuestamente para explicar el dispositivo del 1 de octubre pero que en realidad quería maximizar la presentación de una de las urnas que, hasta el día de hoy, la policía no ha podido incautar. Turull declinó nuevamente explicar cómo se hará el recuento de los votos y aseguró que no revelan los nombres de las personas con “credibilidad tanto profesional como personal” que se encargarán para que no sean víctimas “de la represión del Estado”.
Ninguno de los tres consejeros quiso hablar del 2 de octubre. “Todos tenemos el compromiso de actuar con responsabilidad y la primera es ser respetuosos con el mandato de los ciudadanos”, respondió Junqueras cuando se le preguntó si apoyaría una declaración unilateral de independencia. El PDeCAT y la CUP ya se habían enfrentado esta semana sobre la lectura del resultado del referéndum. La posición oficial de la antigua Convergència es que no se puede declarar la independencia si no hay antes una votación.
La ley que le da amparo al referéndum y que fue votada por Junts pel Sí (donde conviven el PDeCAT y Esquerra) y los anticapitalistas establece que en el caso de que gane el sí por la mínima diferencia, el Parlament ha de declarar la independencia en 48 horas. Tras ello, entra en vigencia la ley de transitoriedad jurídica, suspendida también por el Constitucional.
Querella contra Maza
Por otro lado, el conseller de Justicia, Carles Mundó, anunció que la Generalitat se querellará contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y contra el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, por haber actuado “fuera de la ley” para impedir la consulta. El Govern denunciará a ambos por prevaricación, usurpación de funciones y un delito contra el ejercicio de las libertades civiles. Mundó atribuyó un “decálogo de ilegalidades” al Gobierno de Mariano Rajoy para frenar el referéndum.
También ayer se conoció que una quincena de magistrados catalanes se ha dado de baja de la asociación progresista Jueces para la Democracia al considerar que no ha atendido su propuesta de pronunciarse sobre el referéndum. Esos jueces consideran que la asociación debería haber rechazado “la judicialización” del “problema político” en Cataluña.
Barcelona, El País
En las vísperas del referéndum ilegal de independencia en Cataluña, la Generalitat juega su última carta para mantener el pulso al Estado: una movilización ciudadana que impulse la celebración de la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. Sin ninguna garantía legal que ampare tal votación y con la logística desmantelada por la justicia, el Govern mostró este viernes su secreto mejor guardado en un intento de transmitir confianza en que habrá referéndum: una de las 6.249 urnas que quiere poner este domingo.
La última semana ha sido una invitación constante a la movilización ciudadana en defensa de la consulta. Incluso ayer viernes la respuesta del vicepresidente Oriol Junqueras a las preguntas sobre cómo entender un referéndum que incumple sus propias garantías dejó todo el protagonismo a los ciudadanos: “La validez de los resultados derivará tanto de nuestro trabajo para garantizar que los ciudadanos puedan votar como también de las dificultades que el Gobierno del Partido Popular habrá querido poner. La legitimidad no se debilita, sino que se refuerza en cada dificultad que nos ponen”.
En el multitudinario cierre de la campaña unitaria a favor del sí, ayer viernes en Barcelona, el president Carles Puigdemont invitó a los catalanes a “vestirse de referéndum” mañana para “asegurar la victoria y que sea definitiva”. “Aunque cada día nos asusten, con nuestra movilización mostramos que somos capaces de superar los miedos que nos quieren imponer”, agregó Junqueras.
Ningún conseller ha hecho un llamamiento explícito, por ejemplo, a ocupar centros educativos o locales municipales para asegurar que se instalen los colegios electorales y se pueda votar mañana, pero el Govern no ocultan su satisfacción al ver que la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, las asociaciones de padres y madres o las plataformas de estudiantes hagan ese trabajo a pie de calle. “Sois indispensables para implementar el resultado del referéndum”, recordó el vicepresidente a los estudiantes el pasado miércoles en un acto en Barcelona, en la víspera de una de las manifestaciones de alumnos más multitudinarias celebradas en la capital catalana desde las movilizaciones contra el plan Bolonia.
Pero la Generalitat dista mucho de ser una mera espectadora de lo que pasa en las calles. La decisión, ayer mismo, de que las consejeras de Enseñanza y Trabajos y Asuntos Sociales asuman las funciones de los directores de colegios y centros cívicos buscan, por un lado, quitar responsabilidades a funcionarios ante posibles acciones judiciales, pero también facilitar la consulta y proteger las iniciativas de la comunidad escolar para asegurar que se pueda votar, como las acampadas en los centros. El propio Puigdemont recordó el jueves delante de cientos de profesores y directores de institutos, que la responsabilidad de abrir las puertas de los colegios corresponderá al Govern.
La Generalitat también decretó ayer viernes los servicios mínimos de las huelgas generales convocadas entre el 3 y el 13 de octubre por sindicatos minoritarios, en respuesta a los registros y detenciones relacionados con el freno al referéndum. CC OO y UGT se han desmarcado. Algunos de los convocantes, sin embargo, sí tienen peso en servicios básicos como la empresa de transporte público de Barcelona.
“El domingo se votará, la gente lo podrá hacer desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche”, aseguró ayer viernes el portavoz del Govern, Jordi Turull. La Generalitat informó de que el domingo planea abrir 2.315 colegios electorales (207 en la capital catalana), con 6.299 mesas. En total están llamados a las urnas 5.343.358 ciudadanos. Básicamente, son los mismos que votaron en las últimas elecciones autonómicas. La Generalitat sigue sin explicar el origen del censo. Además de los miembros de la mesa, el portavoz del Govern explicó que habrá 7.235 personas “implicadas” como voluntarios en garantizar que la jornada transcurra con normalidad.
Esos fueron los únicos datos que entregó el Govern en una rueda de prensa convocada supuestamente para explicar el dispositivo del 1 de octubre pero que en realidad quería maximizar la presentación de una de las urnas que, hasta el día de hoy, la policía no ha podido incautar. Turull declinó nuevamente explicar cómo se hará el recuento de los votos y aseguró que no revelan los nombres de las personas con “credibilidad tanto profesional como personal” que se encargarán para que no sean víctimas “de la represión del Estado”.
Ninguno de los tres consejeros quiso hablar del 2 de octubre. “Todos tenemos el compromiso de actuar con responsabilidad y la primera es ser respetuosos con el mandato de los ciudadanos”, respondió Junqueras cuando se le preguntó si apoyaría una declaración unilateral de independencia. El PDeCAT y la CUP ya se habían enfrentado esta semana sobre la lectura del resultado del referéndum. La posición oficial de la antigua Convergència es que no se puede declarar la independencia si no hay antes una votación.
La ley que le da amparo al referéndum y que fue votada por Junts pel Sí (donde conviven el PDeCAT y Esquerra) y los anticapitalistas establece que en el caso de que gane el sí por la mínima diferencia, el Parlament ha de declarar la independencia en 48 horas. Tras ello, entra en vigencia la ley de transitoriedad jurídica, suspendida también por el Constitucional.
Querella contra Maza
Por otro lado, el conseller de Justicia, Carles Mundó, anunció que la Generalitat se querellará contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y contra el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, por haber actuado “fuera de la ley” para impedir la consulta. El Govern denunciará a ambos por prevaricación, usurpación de funciones y un delito contra el ejercicio de las libertades civiles. Mundó atribuyó un “decálogo de ilegalidades” al Gobierno de Mariano Rajoy para frenar el referéndum.
También ayer se conoció que una quincena de magistrados catalanes se ha dado de baja de la asociación progresista Jueces para la Democracia al considerar que no ha atendido su propuesta de pronunciarse sobre el referéndum. Esos jueces consideran que la asociación debería haber rechazado “la judicialización” del “problema político” en Cataluña.
