Hungría pide a la UE que pague parte de la valla que levantó para frenar a los migrantes
La Comisión Europea responde que “no financia la construcción de verjas en las fronteras exteriores”
Lucía Abellán
Bruselas, El País
Bruselas y Budapest apelan a un mismo concepto, la solidaridad europea, para lanzarse reproches en política migratoria. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha pedido a la UE que pague la mitad de lo que le costó la valla construida en la frontera con Serbia para frenar a los extranjeros —esencialmente demandantes de asilo— que trataban de cruzar Hungría durante la crisis de refugiados desatada en 2015. El Ejecutivo comunitario responde que no financia muros y le afea al primer ministro ultraconservador que no acate las normas de acogida de demandantes de asilo.
La petición de Orbán figura en una carta que ha escrito al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para reclamar la mitad de la factura y el mantenimiento de la valla (unos 400 millones de euros de los más de 800 que ha costado). Lo hace apelando a la “solidaridad europea” y concluye que los contribuyentes húngaros están financiando la seguridad de toda la UE porque la valla blinda una frontera exterior del bloque comunitario.
Bruselas ha respondido este viernes con sorna. “Tomamos nota de que el Gobierno húngaro reconozca que la solidaridad es un elemento importante en la UE”, ha señalado un portavoz, en referencia a la actitud mostrada por Hungría en la crisis de 2015: se negó a acoger refugiados, pero también a participar en el programa de la UE que ofrecía reubicar en otros países comunitarios a algunos de los demandantes de asilo llegados a territorio húngaro. Budapest optó por una decisión drástica: evitar que entrasen aplicando políticas de represión que vulneran abiertamente la norma europea. El portavoz de la UE ha abundado en la contradicción que supone pedir ayuda a la vez que se rechazan las decisiones comunes: “La solidaridad no funciona a la carta, tomando un plato como la gestión de fronteras y rechazando otro como las decisiones de reubicación que adoptó el Consejo Europeo”.
Dinero para verjas
Menos clara ha sido la Comisión respecto a la petición concreta de Orbán: que Bruselas contribuya económicamente al muro (hubo una primera fase de construcción en 2015 y una segunda finalizada el pasado abril). Inicialmente, el portavoz ha instado al Ejecutivo húngaro a presentar una solicitud para recibir más fondos europeos de ayuda a la gestión de fronteras y ha asegurado que Bruselas la estudiaría. Más tarde, y a preguntas de los periodistas, ha aclarado que Europa “no financia la construcción de verjas en las fronteras exteriores”. Es decir, se da dinero para la protección de los pasos fronterizos, pero no para medidas extremas como las vallas.
El cruce de reproches entre Bruselas y Budapest se produce pocos días antes de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie definitivamente sobre si el sistema de reparto de refugiados es o no legal. Hungría y Eslovaquia rehusaron acatarlo alegando que vulneraba su soberanía. Con ese argumento lo denunciaron ante la justicia europea. En una opinión jurídica emitida el pasado julio, el abogado general de la UE consideró que el esquema se atenía al derecho comunitario. La sentencia definitiva llegará el próximo miércoles.
También está pendiente el procedimiento que Bruselas abrió a Hungría, Polonia y República Checa por resistirse a aplicar esas decisiones de reparto de refugiados, que en cualquier caso han funcionado con cuentagotas en toda Europa, incluso entre los países que las están cumpliendo. Apenas se ha reubicado a un 15% de los 160.000 candidatos previstos.
Bruselas, El País
Bruselas y Budapest apelan a un mismo concepto, la solidaridad europea, para lanzarse reproches en política migratoria. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha pedido a la UE que pague la mitad de lo que le costó la valla construida en la frontera con Serbia para frenar a los extranjeros —esencialmente demandantes de asilo— que trataban de cruzar Hungría durante la crisis de refugiados desatada en 2015. El Ejecutivo comunitario responde que no financia muros y le afea al primer ministro ultraconservador que no acate las normas de acogida de demandantes de asilo.
La petición de Orbán figura en una carta que ha escrito al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para reclamar la mitad de la factura y el mantenimiento de la valla (unos 400 millones de euros de los más de 800 que ha costado). Lo hace apelando a la “solidaridad europea” y concluye que los contribuyentes húngaros están financiando la seguridad de toda la UE porque la valla blinda una frontera exterior del bloque comunitario.
Bruselas ha respondido este viernes con sorna. “Tomamos nota de que el Gobierno húngaro reconozca que la solidaridad es un elemento importante en la UE”, ha señalado un portavoz, en referencia a la actitud mostrada por Hungría en la crisis de 2015: se negó a acoger refugiados, pero también a participar en el programa de la UE que ofrecía reubicar en otros países comunitarios a algunos de los demandantes de asilo llegados a territorio húngaro. Budapest optó por una decisión drástica: evitar que entrasen aplicando políticas de represión que vulneran abiertamente la norma europea. El portavoz de la UE ha abundado en la contradicción que supone pedir ayuda a la vez que se rechazan las decisiones comunes: “La solidaridad no funciona a la carta, tomando un plato como la gestión de fronteras y rechazando otro como las decisiones de reubicación que adoptó el Consejo Europeo”.
Dinero para verjas
Menos clara ha sido la Comisión respecto a la petición concreta de Orbán: que Bruselas contribuya económicamente al muro (hubo una primera fase de construcción en 2015 y una segunda finalizada el pasado abril). Inicialmente, el portavoz ha instado al Ejecutivo húngaro a presentar una solicitud para recibir más fondos europeos de ayuda a la gestión de fronteras y ha asegurado que Bruselas la estudiaría. Más tarde, y a preguntas de los periodistas, ha aclarado que Europa “no financia la construcción de verjas en las fronteras exteriores”. Es decir, se da dinero para la protección de los pasos fronterizos, pero no para medidas extremas como las vallas.
El cruce de reproches entre Bruselas y Budapest se produce pocos días antes de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie definitivamente sobre si el sistema de reparto de refugiados es o no legal. Hungría y Eslovaquia rehusaron acatarlo alegando que vulneraba su soberanía. Con ese argumento lo denunciaron ante la justicia europea. En una opinión jurídica emitida el pasado julio, el abogado general de la UE consideró que el esquema se atenía al derecho comunitario. La sentencia definitiva llegará el próximo miércoles.
También está pendiente el procedimiento que Bruselas abrió a Hungría, Polonia y República Checa por resistirse a aplicar esas decisiones de reparto de refugiados, que en cualquier caso han funcionado con cuentagotas en toda Europa, incluso entre los países que las están cumpliendo. Apenas se ha reubicado a un 15% de los 160.000 candidatos previstos.
