En violento operativo desalojan a dos mujeres con discapacidad
Más de 20 policías, una notaria y personal del Juzgado Segundo de Sentencia están involucrados en un caso que ahora investiga la Defensoría del Pueblo.
J. Carlos Palacios / La Paz
"En la cochina calle”. Nunca esa expresión fue más realista y tuvo más sentido para Ana María Von Ostermann Rosselot, persona con discapacidad que el viernes 25 de agosto fue desalojada de su casa y dejada en la vía pública en un operativo que involucró a más de 20 policías, además de una notaria y personal civil de un juzgado, quienes deschaparon la puerta para ingresar a su domicilio y echar de ella en pijamas.
No estaba sola, los policías y quienes estaban encargados del "desalojo” también expulsaron del lugar a otra discapacitada, Martha Tola Calle, a su hija Alicia Falón y a sus dos nietos, un niño de 10 años y un bebé de año y medio. A todos ellos Ana María Von Ostermann cobijó en su hogar de forma gratuita, pero de pronto todos quedaron sin techo.
El "operativo” sería a consecuencia de un proceso judicial que se tramita en el Juzgado Segundo de Sentencia Penal Ordinario, a cargo de la jueza Nelly Flores Guzmán. Según Ostermann, un pariente político suyo propició de forma irregular hace ocho años el remate de su casa, cuyo propietario original era su padre Wilhem Ernesto Von Osterman Velasco, quien falleció recién hace dos meses.
Para Ostermann es llamativo que la ocupación del lugar se efectuara después de la muerte de su progenitor. Explica que el "remate”, por el cual Carlos Xavier De Grandchant sería el presunto nuevo dueño, fue "fraudulento”, por tanto ella es la propietaria legal de ese inmueble.
La mujer recuerda que a las nueve de la mañana de ese 25 de agosto al menos 20 policías, entre uniformados de la guardia municipal, de la institución verde olivo, guardias municipales de zoonosis (con chalecos amarillos de la Alcaldía) e inclusive miembros del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) se presentaron en su domicilio armados y portando palos, escudos y cascos.
Varios de esos uniformados y un cerrajero ingresaron por el muro de la casa. "Pensé que era un ladrón, estaba con pata y cabra”, indica Martha Tola, que debido a una embolia vive ahora con discapacidad, ya que no puede mover el brazo derecho. "¿Qué haces ladrón? le dije, no me contestó, empezó a sacar la chapa, forcejée con él porque quería deschapar, era chapista”, cuenta. Una vez que abrió la puerta, ingresaron todos los policías.
Ostermann pidió orden de allanamiento, le respondieron que esa clase de documentos "no se muestran”. Sin embargo, sí le quisieron obligar a firmar un documento cuyo contenido desconocía. Ella les explicó que en su condición de discapacitada para firmar algo tenía que estar acompañada y de un dirigente de ese sector y de un abogado.
"No puedo firmar, les dije”, recuerda la mujer al señalar que sus agresores policías y civiles intercambiaron miradas y optaron por forzarla a que firme el papel. "No voy a firmar nada”, reiteró. Los invasores entonces empezaron a recoger en saquillos todo lo que encontraron en su casa, incluso quisieron quitarle su bastón, sin el cual no le es posible caminar.
"Mi motricidad es limitada, además soy hipertensa, tomo tres medicamentos en la mañana y en la noche, ese día me privaron de ellos y hasta de poder vestirme, me deshidraté al grado que ya no podía hablar, estaba indefensa”, relata. La notaria recorría la casa tomando apunte de todas las pertenencias, mientras los uniformados tomaban lo que encontraban para vaciarlo en saquillos.
Cuatro horas duró todo el operativo ante la atónita mirada de Ana María y Martha.
"Cualquiera de las dos pudo fallecer ese día”, reflexiona Ostermann.
"Ya sacamos la basura a la calle”, dijo el nuevo dueño
"Mamá, ya hemos sacado la basura a la calle”, así se habría expresado Carlos Xavier De Grandchant aludiendo a Ana María Von Ostermman luego de desalojarla de su casa ubicada en la calle 37 de Achumani, según cuenta Martha Tola, persona con discapacidad.
"Se han ido todos, ya no nos van a molestar”, complementó Grandchant en comunicación vía celular con su madre.
Al escuchar esas frases, Tola interpeló a Grandchant al señalar por qué trataba de "basura” a Ostermann, cuando esa persona incluso le había proporcionado un cuarto donde vivir junto a su hija y sus nietos.
La mujer discapacitada, de 54 años, incluso le rogó que le permitiera quedarse en el cuarto que Ostermann le había cedido para que viva con su hija y nietos, "soy de Guanay y por eso me alojo acá, por qué me quieres votar, dejame usar el cuarto que estoy usando”, le imploró.
"El abogado ha dicho que te voy a ayudar para que te largues”, habría respondido Grandchant, según la denunciante.
Ella también rogó a los policías y a la notaria que realizaban el operativo de desalojo de Ostermann. "Pregunté a la Policía a quién puedo pedir ayuda para que no me saquen”, dice.
"No tengo casa, la señora Ostermann me alojó, no pueden sacarme, yo tengo un bebé (su nieto)”, les dijo llorando y la notaria le respondió: "Eso no me interesa, la señora (Ostermann) no es problema de mí, así que busca tus cosas y empaca”.
A los vecinos que salían en defensa de Osterman, el nuevo dueño se encargaba de justificar el desalojo al señalar que la discapacitada y su finado padre eran unos estafadores.
La denuncia ya fue presentada en la Defensoría del Pueblo
El caso de desalojo de las personas con discapacidad Ana María Ostermann y Marta Tola (quien vivía con ella y la acompañaba) fue denunciado el 31 de agosto a la Defensoría del Pueblo. Esa instancia determinó iniciar la investigación sobre la resolución judicial que permitió el desalojo.
Según las denunciantes, un proceso de desalojo a discapacitados debe contar con la presencia de representantes del Defensor del Pueblo, para que éstos preserven los derechos de los afectados, pero además velen por el destino de los mimos, es decir, dónde vivirán luego del desalojo, siempre y cuando el procedimiento sea legal y no a partir de un hecho fraudulento, es decir, un remate irregular de la propiedad de Ostermman, según señala la afectada.
Cuando ocurrió el desalojo, quienes operaban el mismo se sorprendieron con la presencia de Tola, porque pensaban encontrar sola a Ostermann y lidiar con dos discapacitadas no estaba en sus planes, cuentan ellas.
Cuando ellas quedaron en la calle y mientras continuaban discutiendo sobre lo sucedido, alcanzaron a llamar por teléfono al representante del Comité de Defensa Departamental de los Discapacitados de La Paz, Justo Blanco Montes.
Cuando ese dirigente se presentó en el lugar, todos los policías, la notaria y personal del Juzgado Segundo de Sentencia Penal Ordinario huyeron para no confrontarlo, cuenta Tola.
"En la cochina calle”. Nunca esa expresión fue más realista y tuvo más sentido para Ana María Von Ostermann Rosselot, persona con discapacidad que el viernes 25 de agosto fue desalojada de su casa y dejada en la vía pública en un operativo que involucró a más de 20 policías, además de una notaria y personal civil de un juzgado, quienes deschaparon la puerta para ingresar a su domicilio y echar de ella en pijamas.
No estaba sola, los policías y quienes estaban encargados del "desalojo” también expulsaron del lugar a otra discapacitada, Martha Tola Calle, a su hija Alicia Falón y a sus dos nietos, un niño de 10 años y un bebé de año y medio. A todos ellos Ana María Von Ostermann cobijó en su hogar de forma gratuita, pero de pronto todos quedaron sin techo.
El "operativo” sería a consecuencia de un proceso judicial que se tramita en el Juzgado Segundo de Sentencia Penal Ordinario, a cargo de la jueza Nelly Flores Guzmán. Según Ostermann, un pariente político suyo propició de forma irregular hace ocho años el remate de su casa, cuyo propietario original era su padre Wilhem Ernesto Von Osterman Velasco, quien falleció recién hace dos meses.
Para Ostermann es llamativo que la ocupación del lugar se efectuara después de la muerte de su progenitor. Explica que el "remate”, por el cual Carlos Xavier De Grandchant sería el presunto nuevo dueño, fue "fraudulento”, por tanto ella es la propietaria legal de ese inmueble.
La mujer recuerda que a las nueve de la mañana de ese 25 de agosto al menos 20 policías, entre uniformados de la guardia municipal, de la institución verde olivo, guardias municipales de zoonosis (con chalecos amarillos de la Alcaldía) e inclusive miembros del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP) se presentaron en su domicilio armados y portando palos, escudos y cascos.
Varios de esos uniformados y un cerrajero ingresaron por el muro de la casa. "Pensé que era un ladrón, estaba con pata y cabra”, indica Martha Tola, que debido a una embolia vive ahora con discapacidad, ya que no puede mover el brazo derecho. "¿Qué haces ladrón? le dije, no me contestó, empezó a sacar la chapa, forcejée con él porque quería deschapar, era chapista”, cuenta. Una vez que abrió la puerta, ingresaron todos los policías.
Ostermann pidió orden de allanamiento, le respondieron que esa clase de documentos "no se muestran”. Sin embargo, sí le quisieron obligar a firmar un documento cuyo contenido desconocía. Ella les explicó que en su condición de discapacitada para firmar algo tenía que estar acompañada y de un dirigente de ese sector y de un abogado.
"No puedo firmar, les dije”, recuerda la mujer al señalar que sus agresores policías y civiles intercambiaron miradas y optaron por forzarla a que firme el papel. "No voy a firmar nada”, reiteró. Los invasores entonces empezaron a recoger en saquillos todo lo que encontraron en su casa, incluso quisieron quitarle su bastón, sin el cual no le es posible caminar.
"Mi motricidad es limitada, además soy hipertensa, tomo tres medicamentos en la mañana y en la noche, ese día me privaron de ellos y hasta de poder vestirme, me deshidraté al grado que ya no podía hablar, estaba indefensa”, relata. La notaria recorría la casa tomando apunte de todas las pertenencias, mientras los uniformados tomaban lo que encontraban para vaciarlo en saquillos.
Cuatro horas duró todo el operativo ante la atónita mirada de Ana María y Martha.
"Cualquiera de las dos pudo fallecer ese día”, reflexiona Ostermann.
"Ya sacamos la basura a la calle”, dijo el nuevo dueño
"Mamá, ya hemos sacado la basura a la calle”, así se habría expresado Carlos Xavier De Grandchant aludiendo a Ana María Von Ostermman luego de desalojarla de su casa ubicada en la calle 37 de Achumani, según cuenta Martha Tola, persona con discapacidad.
"Se han ido todos, ya no nos van a molestar”, complementó Grandchant en comunicación vía celular con su madre.
Al escuchar esas frases, Tola interpeló a Grandchant al señalar por qué trataba de "basura” a Ostermann, cuando esa persona incluso le había proporcionado un cuarto donde vivir junto a su hija y sus nietos.
La mujer discapacitada, de 54 años, incluso le rogó que le permitiera quedarse en el cuarto que Ostermann le había cedido para que viva con su hija y nietos, "soy de Guanay y por eso me alojo acá, por qué me quieres votar, dejame usar el cuarto que estoy usando”, le imploró.
"El abogado ha dicho que te voy a ayudar para que te largues”, habría respondido Grandchant, según la denunciante.
Ella también rogó a los policías y a la notaria que realizaban el operativo de desalojo de Ostermann. "Pregunté a la Policía a quién puedo pedir ayuda para que no me saquen”, dice.
"No tengo casa, la señora Ostermann me alojó, no pueden sacarme, yo tengo un bebé (su nieto)”, les dijo llorando y la notaria le respondió: "Eso no me interesa, la señora (Ostermann) no es problema de mí, así que busca tus cosas y empaca”.
A los vecinos que salían en defensa de Osterman, el nuevo dueño se encargaba de justificar el desalojo al señalar que la discapacitada y su finado padre eran unos estafadores.
La denuncia ya fue presentada en la Defensoría del Pueblo
El caso de desalojo de las personas con discapacidad Ana María Ostermann y Marta Tola (quien vivía con ella y la acompañaba) fue denunciado el 31 de agosto a la Defensoría del Pueblo. Esa instancia determinó iniciar la investigación sobre la resolución judicial que permitió el desalojo.
Según las denunciantes, un proceso de desalojo a discapacitados debe contar con la presencia de representantes del Defensor del Pueblo, para que éstos preserven los derechos de los afectados, pero además velen por el destino de los mimos, es decir, dónde vivirán luego del desalojo, siempre y cuando el procedimiento sea legal y no a partir de un hecho fraudulento, es decir, un remate irregular de la propiedad de Ostermman, según señala la afectada.
Cuando ocurrió el desalojo, quienes operaban el mismo se sorprendieron con la presencia de Tola, porque pensaban encontrar sola a Ostermann y lidiar con dos discapacitadas no estaba en sus planes, cuentan ellas.
Cuando ellas quedaron en la calle y mientras continuaban discutiendo sobre lo sucedido, alcanzaron a llamar por teléfono al representante del Comité de Defensa Departamental de los Discapacitados de La Paz, Justo Blanco Montes.
Cuando ese dirigente se presentó en el lugar, todos los policías, la notaria y personal del Juzgado Segundo de Sentencia Penal Ordinario huyeron para no confrontarlo, cuenta Tola.
