Cívicos de toda Bolivia anuncian marcha a Sucre en contra de la reelección de Evo
Los cívicos advierten con convocar a la 'resistencia civil' de ser favorable al MAS el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Página Siete Digital / La Paz
La reunión nacional de los comités cívicos de Bolivia determinó emprender una Marcha Cívica Nacional desde la población de Aiquile, en Cochabamba, hasta la capital Sucre para defender el voto de la población que rechazó una nueva reelección del presidente Evo Morales el 21 de febrero de 2016.
La marcha se convocó con motivo de la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el MAS ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que busca una nueva postulación de Morales a las elecciones de 2019 a través de la declaratoria de inaplicabilidad de aquellos artículos de la Constitución y la Ley de Régimen Electoral que establecen una sola reelección para autoridades.
"Los comités cívicos de Bolivia nos declaramos en estado de emergencia y convocamos a la Marcha Cívica Nacional en defensa de los derechos constitucionales del pueblo boliviano y la democracia desde Aiquile hasta la ciudad de Sucre, capital de la República, y en defensa del voto soberano del pasado 21 de febrero de 2016”, señala la resolución firmada por los nueve comités cívicos de Bolivia.
La resolución, que aborda seis puntos, señala además que de ser favorable el pronunciamiento del TCP, "inmediatamente” se convocará a "la resistencia civil en defensa de la democracia, respeto a la Constitución Política del Estado y repudio a la acción totalitarista del gobierno boliviano”.
Los comités cívicos exigen al TCP que muestre total independencia en este fallo y que respete el resultado del referendo de febrero de 2016, cuando la población le dijo no a las aspiraciones del presidente y vicepresidente de modificar la Constitución para habilitarse como candidatos en las elecciones de 2019.
Luego de que el MAS presentara su acción ante el TCP, los expresidentes y líderes de la oposición presentaron ante la misma instancia una solicitud de rechazo, bajo el argumento de que no tiene tuición para declarar la "inaplicabilidad” de cualquier artículo de la Constitución.
La reunión nacional de los comités cívicos de Bolivia determinó emprender una Marcha Cívica Nacional desde la población de Aiquile, en Cochabamba, hasta la capital Sucre para defender el voto de la población que rechazó una nueva reelección del presidente Evo Morales el 21 de febrero de 2016.
La marcha se convocó con motivo de la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el MAS ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que busca una nueva postulación de Morales a las elecciones de 2019 a través de la declaratoria de inaplicabilidad de aquellos artículos de la Constitución y la Ley de Régimen Electoral que establecen una sola reelección para autoridades.
"Los comités cívicos de Bolivia nos declaramos en estado de emergencia y convocamos a la Marcha Cívica Nacional en defensa de los derechos constitucionales del pueblo boliviano y la democracia desde Aiquile hasta la ciudad de Sucre, capital de la República, y en defensa del voto soberano del pasado 21 de febrero de 2016”, señala la resolución firmada por los nueve comités cívicos de Bolivia.
La resolución, que aborda seis puntos, señala además que de ser favorable el pronunciamiento del TCP, "inmediatamente” se convocará a "la resistencia civil en defensa de la democracia, respeto a la Constitución Política del Estado y repudio a la acción totalitarista del gobierno boliviano”.
Los comités cívicos exigen al TCP que muestre total independencia en este fallo y que respete el resultado del referendo de febrero de 2016, cuando la población le dijo no a las aspiraciones del presidente y vicepresidente de modificar la Constitución para habilitarse como candidatos en las elecciones de 2019.
Luego de que el MAS presentara su acción ante el TCP, los expresidentes y líderes de la oposición presentaron ante la misma instancia una solicitud de rechazo, bajo el argumento de que no tiene tuición para declarar la "inaplicabilidad” de cualquier artículo de la Constitución.
