CEDLA: muchas firmas chinas se sustentan en la "explotación salvaje de fuerza de trabajo"
CEDLA remarca que la conculcación de derechos afectó también a los trabajadores chinos que laboran en algunas de las empresas infractoras.
ANF
Un recuento preliminar del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social (OBESS) del CEDLA, entre 2010 y agosto de 2017, muestra que existen al menos 15 denuncias públicas de violación de derechos de los trabajadores y de reproducción de condiciones insalubres de trabajo que en su mayoría involucran a empresas como Sinohydro, CAMC Engineering Bolivia Branch y Harzone Industry Corporation.
Para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), uno de los rasgos principales de la creciente presencia china en Bolivia tiene relación con "la vulneración recurrente de los derechos de los trabajadores en varias de sus empresas, que implica la reproducción de condiciones de trabajo altamente precarias y el desconocimiento de la legislación laboral nacional que atenta contra la soberanía jurídica del país”.
Según el boletín del OBESS, Sinohydro destaca de lejos como "la principal conculcadora de derechos laborales en el país”.
"Si bien el Ministerio de Trabajo, a través de sus filiales departamentales, acogió algunas de estas denuncias, las acciones asumidas para el cumplimiento obligatorio de las normas laborales (según reza la CPE vigente) fueron insuficientes y hasta condescendientes con las prácticas de vulneración de derechos por parte de empresas chinas”, señala el informe.
CEDLA lamenta que a la misma lógica del Ministerio se hayan sumado la Cancillería y otras autoridades públicas y califica de "inaceptable” que lo mismo ocurra con dirigentes nacionales del sector de la construcción y de la Central Obrera Boliviana.
En ese sentido considera que la fijación de multas laborales a las empresas chinas, como principal medida punitiva dispuesta por esta cartera de Estado, "definitivamente no es una medida que conduzca al respeto y aplicación de la legislación laboral, ya que como demostró la cotidianeidad de los trabajadores, las vulneraciones de derechos continuaron registrándose, mientras que el Estado siguió otorgando grandes contratos a las empresas chinas”.
Ante la presión de los trabajadores afectados y el repudio generalizado, en octubre de 2016, el Ministerio de Trabajo en coordinación con la Embajada de China organizó un taller con representantes de los consorcios de Harzone, Sinopec, Sinohydro Corporacion, Vicstar y CAMC con el objetivo de establecer un primer encuentro de "diálogo y acercamiento para superar las denuncias de explotación y abuso laboral” y para que las empresas "conozcan más de las reglas laborales de Bolivia”.
En el evento, Yao Ming, consejero Económico y Comercial de la Embajada de China, manifestó a nombre de su país que las empresas que operan en Bolivia cumplirán con las leyes laborales bolivianas, "compromiso que fue roto rápidamente por Sinohydro y Harzone que en los siguientes meses incurrieron en despidos injustificados, maltrato laboral e incumplimiento de medidas de seguridad industrial”.
CEDLA remarca que la conculcación de derechos afectó también a los trabajadores chinos que laboran en algunas de las empresas infractoras, cuyo grado de desprotección legal y social es igual o peor al de los obreros nacionales.
Las denuncias de vulneración de derechos laborales de súbditos chinos fueron más allá. En junio de 2017, un ingeniero despedido de la Sociedad Accidental CCCC denunció que esta empresa estaría empleando a reos traídos desde China para la construcción de mega-obras. Según la denuncia, no sólo el consorcio mencionado, sino también la Harbour Engineering Company (con un contrato por un monto superior a 143 millones de dólares) y Harzone, estarían recurriendo al trabajo de presidiarios de ese país, quienes estarían trabajando en "condiciones de semiesclavitud”, vulnerando normas nacionales y convenios internacionales de derechos humanos y laborales.
En el caso de Harzone, casi la totalidad de sus trabajadores son de origen chino, "lo que habla de la magnitud del número de obreros en condición de presos que estarían siendo contratados”.
"Ni el Ministerio de Trabajo ni otra instancia pública intervinieron en la verificación de este extremo y en la atención de la denuncia”, señala el CEDLA.
Con todos estos antecedentes y el número de denuncias registradas, agrega, "muestra claramente que la sobreexplotación de los trabajadores bajo condiciones de extrema precariedad y ausencia de derechos, no es algo casual o accidental, sino, que el régimen de trabajo adoptado por gran parte de estas empresas tiene como sustento la explotación salvaje de fuerza de trabajo”.
Un recuento preliminar del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social (OBESS) del CEDLA, entre 2010 y agosto de 2017, muestra que existen al menos 15 denuncias públicas de violación de derechos de los trabajadores y de reproducción de condiciones insalubres de trabajo que en su mayoría involucran a empresas como Sinohydro, CAMC Engineering Bolivia Branch y Harzone Industry Corporation.
Para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), uno de los rasgos principales de la creciente presencia china en Bolivia tiene relación con "la vulneración recurrente de los derechos de los trabajadores en varias de sus empresas, que implica la reproducción de condiciones de trabajo altamente precarias y el desconocimiento de la legislación laboral nacional que atenta contra la soberanía jurídica del país”.
Según el boletín del OBESS, Sinohydro destaca de lejos como "la principal conculcadora de derechos laborales en el país”.
"Si bien el Ministerio de Trabajo, a través de sus filiales departamentales, acogió algunas de estas denuncias, las acciones asumidas para el cumplimiento obligatorio de las normas laborales (según reza la CPE vigente) fueron insuficientes y hasta condescendientes con las prácticas de vulneración de derechos por parte de empresas chinas”, señala el informe.
CEDLA lamenta que a la misma lógica del Ministerio se hayan sumado la Cancillería y otras autoridades públicas y califica de "inaceptable” que lo mismo ocurra con dirigentes nacionales del sector de la construcción y de la Central Obrera Boliviana.
En ese sentido considera que la fijación de multas laborales a las empresas chinas, como principal medida punitiva dispuesta por esta cartera de Estado, "definitivamente no es una medida que conduzca al respeto y aplicación de la legislación laboral, ya que como demostró la cotidianeidad de los trabajadores, las vulneraciones de derechos continuaron registrándose, mientras que el Estado siguió otorgando grandes contratos a las empresas chinas”.
Ante la presión de los trabajadores afectados y el repudio generalizado, en octubre de 2016, el Ministerio de Trabajo en coordinación con la Embajada de China organizó un taller con representantes de los consorcios de Harzone, Sinopec, Sinohydro Corporacion, Vicstar y CAMC con el objetivo de establecer un primer encuentro de "diálogo y acercamiento para superar las denuncias de explotación y abuso laboral” y para que las empresas "conozcan más de las reglas laborales de Bolivia”.
En el evento, Yao Ming, consejero Económico y Comercial de la Embajada de China, manifestó a nombre de su país que las empresas que operan en Bolivia cumplirán con las leyes laborales bolivianas, "compromiso que fue roto rápidamente por Sinohydro y Harzone que en los siguientes meses incurrieron en despidos injustificados, maltrato laboral e incumplimiento de medidas de seguridad industrial”.
CEDLA remarca que la conculcación de derechos afectó también a los trabajadores chinos que laboran en algunas de las empresas infractoras, cuyo grado de desprotección legal y social es igual o peor al de los obreros nacionales.
Las denuncias de vulneración de derechos laborales de súbditos chinos fueron más allá. En junio de 2017, un ingeniero despedido de la Sociedad Accidental CCCC denunció que esta empresa estaría empleando a reos traídos desde China para la construcción de mega-obras. Según la denuncia, no sólo el consorcio mencionado, sino también la Harbour Engineering Company (con un contrato por un monto superior a 143 millones de dólares) y Harzone, estarían recurriendo al trabajo de presidiarios de ese país, quienes estarían trabajando en "condiciones de semiesclavitud”, vulnerando normas nacionales y convenios internacionales de derechos humanos y laborales.
En el caso de Harzone, casi la totalidad de sus trabajadores son de origen chino, "lo que habla de la magnitud del número de obreros en condición de presos que estarían siendo contratados”.
"Ni el Ministerio de Trabajo ni otra instancia pública intervinieron en la verificación de este extremo y en la atención de la denuncia”, señala el CEDLA.
Con todos estos antecedentes y el número de denuncias registradas, agrega, "muestra claramente que la sobreexplotación de los trabajadores bajo condiciones de extrema precariedad y ausencia de derechos, no es algo casual o accidental, sino, que el régimen de trabajo adoptado por gran parte de estas empresas tiene como sustento la explotación salvaje de fuerza de trabajo”.
