Las dudas sobre el resultado de las elecciones debilitan la Constituyente
La nueva Asamblea, votada el pasado domingo, será instaurada oficialmente este jueves
Ewald Scharfenberg
Caracas, El País
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha anunciado en Caracas que este jueves se abrirá una investigación contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, y demás rectoras de ese organismo afín al oficialismo, después de que la empresa gestora de los sistemas electorales automatizados en Venezuela, Smartmatic, denunciara desde Londres la manipulación de los números de participantes en los comicios para diputados de la Asamblea Constituyente, realizados el domingo.
"Las rectoras incurrieron en un delito al alterar el resultado electoral", ha dicho Borges durante una declaración ofrecida el miércoles en la mañana ante la puerta principal del hemiciclo. "El anuncio que hizo Smartmatic pone en evidencia que estamos ante una constituyente fraudulenta y que no existe".
Borges, también dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ), hizo saber que la fracción parlamentaria de oposición, mayoritaria, solicitará además al Ministerio Público la apertura de una averiguación penal contra las autoridades del ente electoral. Se da por descontado que la diligencia contará con una respuesta positiva, pues el Ministerio Público, en manos de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, desde finales de marzo se ha destapado como un contrincante irreductible del Gobierno de Nicolás Maduro.
La iniciativa parlamentaria ocurre un día antes de la anunciada instalación, en horas de la tarde del jueves, de la Asamblea Constituyente que el Gobierno promueve. Según los decretos de convocatoria y de bases electorales para el proceso constituyente, emitidas por el presidente Maduro, los 545 encargados de redactar la nueva Constitución a la medida del régimen deberán reunirse en el Palacio Federal Legislativo de Caracas, sede donde actualmente sesiona el parlamento. La alianza Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha llamado a una movilización el jueves de sus seguidores para "defender pacíficamente" el recinto del legislativo que, por otro lado, vive un asedio constante de los colectivos o grupos de choque del chavismo desde que pasó a ser controlado en enero de 2016 por la oposición. Se teme que haya violencia durante el intento de desalojo del Hemiciclo.
Sin embargo, la Constituyente, concebida por Maduro como un recurso para el reagrupamiento de sus fuerzas y para repartir la baraja política de nuevo y de una forma más favorable para su causa, nace con escasa legitimidad. A las objeciones sobre su base legal, propósito, oportunidad y diseño, que ya suscitaron condenas internacionales y el boicot por parte de la oposición, ahora se agregan las fundadas sospechas sobre un fraude masivo.
El domingo en la noche el CNE anunció los resultados de las elecciones en las que el Gobierno se jugaba la vida. De acuerdo con ese boletín oficial, el llamado a elecciones habría sido atendido por un poco más de ocho millones de votantes, una cifra equivalente al 41% del padrón electoral, cuyos votos habrían sido depositados en favor de las candidaturas presentadas por el oficialismo para conformar la Asamblea Constituyente. Se trata de una cota que casi iguala a la más alta votación conseguida por el comandante Hugo Chávez en campañas de gran movilización, y que revierte de manera espectacular la tendencia electoral en el apoyo electoral para el oficialismo, que en la más reciente cita en las urnas, en diciembre de 2015, obtuvo algo más de cinco millones de sufragios en el ámbito nacional.
Sin embargo, las pruebas visuales mostraban el domingo escasa afluencia de votantes en las mesas. Smartmatic, que gestiona la plataforma electrónica del sistema electoral, debió confesar desde Londres que encontraba una brecha de cerca de un millón de votos en los números de participación.
Otros datos han surgido para menoscabar la credibilidad del proceso. La agencia Reuters distribuyó el martes un reportaje en el que se evidencia, con documentos internos del CNE a los que tuvo acceso, que a las 17.30 del domingo –esto es, apenas media hora antes del cierre oficial de los centros de votación– solo habían acudido a votar tres millones y medio de electores, mucho menos de la mitad de la participación que luego el ente organizador anunció.
Todavía este miércoles el CNE no publicaba los datos de los sufragios finales por mesa y centro de votación, una información tradicionalmente disponible después de cada elección.
En Twitter, el exministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, quien vive en Berlín, admitió que "hay dudas que despejar en torno al resultado de la elección del domingo, es todo". La declaración causó revuelo porque Izarra –casado con una hijastra del dirigente opositor Antonio Ledezma, recluido de nuevo en prisión el martes en la madrugada– fue uno de los colaboradores más cercanos y radicales del presidente Chávez.
Caracas, El País
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ha anunciado en Caracas que este jueves se abrirá una investigación contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, y demás rectoras de ese organismo afín al oficialismo, después de que la empresa gestora de los sistemas electorales automatizados en Venezuela, Smartmatic, denunciara desde Londres la manipulación de los números de participantes en los comicios para diputados de la Asamblea Constituyente, realizados el domingo.
"Las rectoras incurrieron en un delito al alterar el resultado electoral", ha dicho Borges durante una declaración ofrecida el miércoles en la mañana ante la puerta principal del hemiciclo. "El anuncio que hizo Smartmatic pone en evidencia que estamos ante una constituyente fraudulenta y que no existe".
Borges, también dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ), hizo saber que la fracción parlamentaria de oposición, mayoritaria, solicitará además al Ministerio Público la apertura de una averiguación penal contra las autoridades del ente electoral. Se da por descontado que la diligencia contará con una respuesta positiva, pues el Ministerio Público, en manos de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, desde finales de marzo se ha destapado como un contrincante irreductible del Gobierno de Nicolás Maduro.
La iniciativa parlamentaria ocurre un día antes de la anunciada instalación, en horas de la tarde del jueves, de la Asamblea Constituyente que el Gobierno promueve. Según los decretos de convocatoria y de bases electorales para el proceso constituyente, emitidas por el presidente Maduro, los 545 encargados de redactar la nueva Constitución a la medida del régimen deberán reunirse en el Palacio Federal Legislativo de Caracas, sede donde actualmente sesiona el parlamento. La alianza Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha llamado a una movilización el jueves de sus seguidores para "defender pacíficamente" el recinto del legislativo que, por otro lado, vive un asedio constante de los colectivos o grupos de choque del chavismo desde que pasó a ser controlado en enero de 2016 por la oposición. Se teme que haya violencia durante el intento de desalojo del Hemiciclo.
Sin embargo, la Constituyente, concebida por Maduro como un recurso para el reagrupamiento de sus fuerzas y para repartir la baraja política de nuevo y de una forma más favorable para su causa, nace con escasa legitimidad. A las objeciones sobre su base legal, propósito, oportunidad y diseño, que ya suscitaron condenas internacionales y el boicot por parte de la oposición, ahora se agregan las fundadas sospechas sobre un fraude masivo.
El domingo en la noche el CNE anunció los resultados de las elecciones en las que el Gobierno se jugaba la vida. De acuerdo con ese boletín oficial, el llamado a elecciones habría sido atendido por un poco más de ocho millones de votantes, una cifra equivalente al 41% del padrón electoral, cuyos votos habrían sido depositados en favor de las candidaturas presentadas por el oficialismo para conformar la Asamblea Constituyente. Se trata de una cota que casi iguala a la más alta votación conseguida por el comandante Hugo Chávez en campañas de gran movilización, y que revierte de manera espectacular la tendencia electoral en el apoyo electoral para el oficialismo, que en la más reciente cita en las urnas, en diciembre de 2015, obtuvo algo más de cinco millones de sufragios en el ámbito nacional.
Sin embargo, las pruebas visuales mostraban el domingo escasa afluencia de votantes en las mesas. Smartmatic, que gestiona la plataforma electrónica del sistema electoral, debió confesar desde Londres que encontraba una brecha de cerca de un millón de votos en los números de participación.
Otros datos han surgido para menoscabar la credibilidad del proceso. La agencia Reuters distribuyó el martes un reportaje en el que se evidencia, con documentos internos del CNE a los que tuvo acceso, que a las 17.30 del domingo –esto es, apenas media hora antes del cierre oficial de los centros de votación– solo habían acudido a votar tres millones y medio de electores, mucho menos de la mitad de la participación que luego el ente organizador anunció.
Todavía este miércoles el CNE no publicaba los datos de los sufragios finales por mesa y centro de votación, una información tradicionalmente disponible después de cada elección.
En Twitter, el exministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, quien vive en Berlín, admitió que "hay dudas que despejar en torno al resultado de la elección del domingo, es todo". La declaración causó revuelo porque Izarra –casado con una hijastra del dirigente opositor Antonio Ledezma, recluido de nuevo en prisión el martes en la madrugada– fue uno de los colaboradores más cercanos y radicales del presidente Chávez.
