La nueva Asamblea Constituyente destituye a la fiscal general de Venezuela
Diosdado Cabello propone como fiscal provisional al actual Defensor del Pueblo, Tarek William Saab
Ewald Scharfenberg
Caracas, El País
La guillotina revolucionaria en la que el chavismo prometió convertir la recién estrenada Asamblea Constituyente se puso en funcionamiento ayer mismo. La primera víctima fue la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a la que el Gobierno considera una “traidora” y a la que hace semanas que lanza advertencias. La Asamblea asumió el mandato de destituirla y declaró el ministerio público, cuya sede fue rodeada por las fuerzas de seguridad, “en emergencia”.
Los diputados de la Constituyente nombraron al defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, sustituto provisional de una fiscal general que desde hace semanas se había convertido en blanco primordial del Gobierno de Nicolás Maduro.
Muy crítica con el Ejecutivo chavista en los últimos meses, la abogada, en el cargo desde 2007, aseguraba hablar en nombre de un chavismo “original” y destacaba en una corriente crítica que amenazaba con alimentarse con más deserciones de la línea oficial. Su destitución supone un aviso para desalentar a otros posibles disidentes. El propio presidente, así como el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtieron en diferentes intervenciones televisivas que ajustarían cuentas con Ortega Díaz. La sede de la Fiscalía General, en el centro de Caracas, amaneció ayer rodeada por tropas de la Guardia Nacional, lo que avanzaba que el Gobierno se aprestaba a pasar a la acción. Los efectivos militares arrestaron a los escoltas y personal de seguridad de la Fiscalía, e impidieron a la fiscal general la entrada en el edificio.
El viernes por la noche circularon ya por las redes sociales comentarios sobre un fallo eminente del Tribunal Supremo de Justicia, leal al chavismo, contra la fiscal general. Y así fue. Al iniciar su primera sesión oficial de trabajo, el secretario de la Asamblea Constituyente dio ayer lectura de la decisión del Supremo de abrir un procedimiento a Ortega Díaz para decidir si la sienta en el banquillo de los acusados, como pidió en mayo en una demanda el diputado chavista Pedro Carreño, por supuestas irregularidades de la fiscal en el desempeño del cargo.
Ruptura
Junto a la decisión de iniciar ese procedimiento, el Supremo acordó suspender a Ortega Díaz del cargo, así como prohibir su salida del país, la enajenación de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias. En el histórico salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde hasta ayer celebraba sus sesiones el Parlamento elegido en las urnas a finales de 2015 con mayoría opositora, Diosdado Cabello propuso a sus “camaradas” destituir sin más dilación a Ortega Díaz “para evitar un vacío” y, según sostuvo, “combatir la impunidad”.
La propuesta, a la que Cabello acompañó de una moción para declarar en emergencia a la Fiscalía y designar al sustituto, no tuvo que ser votada. Se aprobó por aclamación y entre los vítores de la Constituyente. En declaraciones posteriores a medios oficiales, Cabello se apresuró a recalcar que la decisión no es “un linchamiento personal o político”.
El desencuentro entre Ortega Díaz y la dirección chavista comenzó a fraguarse públicamente en marzo, cuando el Supremo despojó al Parlamento de sus funciones legislativas para traspasarlas al Ejecutivo y la fiscal afirmó que ello suponía “una ruptura del orden constitucional”. Fue también el pistoletazo de salida de la oleada de protestas callejeras que aún sacude al país y ha dejado más de un centenar de muertos. La jurista denunció que las fuerzas de seguridad estaban violando los derechos humanos en las manifestaciones, citó como imputados a responsables policiales, y finalmente incluso promovió la apertura de juicios a magistrados oficialistas del Supremo.
Ante el cese, el presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ), Julio Borges, acudió a la sede de la Fiscalía en compañía de otros cuatro parlamentarios. “Hacemos un llamado a los venezolanos a mantener la determinación por la defensa de la democracia y la paz. La destitución de la fiscal es otro paso de fuerza bruta que cava la propia tumba del régimen”, afirmó.
Caracas, El País
La guillotina revolucionaria en la que el chavismo prometió convertir la recién estrenada Asamblea Constituyente se puso en funcionamiento ayer mismo. La primera víctima fue la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a la que el Gobierno considera una “traidora” y a la que hace semanas que lanza advertencias. La Asamblea asumió el mandato de destituirla y declaró el ministerio público, cuya sede fue rodeada por las fuerzas de seguridad, “en emergencia”.
Los diputados de la Constituyente nombraron al defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, sustituto provisional de una fiscal general que desde hace semanas se había convertido en blanco primordial del Gobierno de Nicolás Maduro.
Muy crítica con el Ejecutivo chavista en los últimos meses, la abogada, en el cargo desde 2007, aseguraba hablar en nombre de un chavismo “original” y destacaba en una corriente crítica que amenazaba con alimentarse con más deserciones de la línea oficial. Su destitución supone un aviso para desalentar a otros posibles disidentes. El propio presidente, así como el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtieron en diferentes intervenciones televisivas que ajustarían cuentas con Ortega Díaz. La sede de la Fiscalía General, en el centro de Caracas, amaneció ayer rodeada por tropas de la Guardia Nacional, lo que avanzaba que el Gobierno se aprestaba a pasar a la acción. Los efectivos militares arrestaron a los escoltas y personal de seguridad de la Fiscalía, e impidieron a la fiscal general la entrada en el edificio.
El viernes por la noche circularon ya por las redes sociales comentarios sobre un fallo eminente del Tribunal Supremo de Justicia, leal al chavismo, contra la fiscal general. Y así fue. Al iniciar su primera sesión oficial de trabajo, el secretario de la Asamblea Constituyente dio ayer lectura de la decisión del Supremo de abrir un procedimiento a Ortega Díaz para decidir si la sienta en el banquillo de los acusados, como pidió en mayo en una demanda el diputado chavista Pedro Carreño, por supuestas irregularidades de la fiscal en el desempeño del cargo.
Ruptura
Junto a la decisión de iniciar ese procedimiento, el Supremo acordó suspender a Ortega Díaz del cargo, así como prohibir su salida del país, la enajenación de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias. En el histórico salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde hasta ayer celebraba sus sesiones el Parlamento elegido en las urnas a finales de 2015 con mayoría opositora, Diosdado Cabello propuso a sus “camaradas” destituir sin más dilación a Ortega Díaz “para evitar un vacío” y, según sostuvo, “combatir la impunidad”.
La propuesta, a la que Cabello acompañó de una moción para declarar en emergencia a la Fiscalía y designar al sustituto, no tuvo que ser votada. Se aprobó por aclamación y entre los vítores de la Constituyente. En declaraciones posteriores a medios oficiales, Cabello se apresuró a recalcar que la decisión no es “un linchamiento personal o político”.
El desencuentro entre Ortega Díaz y la dirección chavista comenzó a fraguarse públicamente en marzo, cuando el Supremo despojó al Parlamento de sus funciones legislativas para traspasarlas al Ejecutivo y la fiscal afirmó que ello suponía “una ruptura del orden constitucional”. Fue también el pistoletazo de salida de la oleada de protestas callejeras que aún sacude al país y ha dejado más de un centenar de muertos. La jurista denunció que las fuerzas de seguridad estaban violando los derechos humanos en las manifestaciones, citó como imputados a responsables policiales, y finalmente incluso promovió la apertura de juicios a magistrados oficialistas del Supremo.
Ante el cese, el presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ), Julio Borges, acudió a la sede de la Fiscalía en compañía de otros cuatro parlamentarios. “Hacemos un llamado a los venezolanos a mantener la determinación por la defensa de la democracia y la paz. La destitución de la fiscal es otro paso de fuerza bruta que cava la propia tumba del régimen”, afirmó.
