Se abre paso negociación para evitar guerra civil en Venezuela
El Gobierno de Nicolás Maduro accedería a suspender la Asamblea Constituyente a cambio de que haya elecciones de gobernadores y municipales este año
Carlos Morales Peña
El País
Con la inminente escalada de la presión de los opositores para frenar la Asamblea Nacional Constituyente, y el chavismo movilizado para ganar esa batalla, Venezuela activa las alarmas que lleven a una negociación que detenga los temores de una "guerra civil".
Los días que restan de aquí al próximo 30 de julio, jornadas cruciales para las fuerzas políticas venezolanas, son probablemente las mejores y últimas oportunidades para que el país caribeño alcance un acuerdo que permita evitar una escalada aún más violenta.
Que un escenario como ese se plantee, requeriría que el Gobierno de Nicolás Maduro ponga en la mesa de negociación a la Constituyente, un proceso para redactar una nueva Constitución que ha sido vendido como la única vía para la paz nacional y para la que el chavismo ha invocado a toda sus militancia y todos sus recursos.
Los opositores por su parte tendrían que negociar el deponer sus planes de adelantar una salida de Maduro de la Presidencia, electo para concluir su mandato a finales de 2018, y asegurar otras victorias más pequeñas de reclamaciones que han venido haciendo.
Varias fuentes cercanas al Gobierno y la oposición coincidieron en que la alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) podría conseguir la suspensión de la Constituyente y en cambio lograr que las elecciones de gobernadores y alcaldes se celebren este mismo año.
Señalaron además que, aunque no lograrán un cambio de Gobierno inmediato, podrían empujar al Ejecutivo para que se fije un calendario electoral que renueve a todas las autoridades de elección popular, muchos de ellos con periodos vencidos hace más de un año alargando la permanencia de muchos oficialistas.
El resultado para ambos factores sería evitar un choque de trenes que lastime aun más a un país ya muy golpeado por la crisis económica, la permanente confrontación, y a media máquina por los frecuentes escenarios de protesta, trancas y huelgas que comenzaron hace meses.
No obstante, la mayor preocupación para los sectores opositores y oficialistas es lograr el respaldo de los sectores más radicales de cada fuerza, además de disminuir el rechazo de esta decisión entre los partidarios que se han mantenido en las calles a petición de sus líderes.
Fuentes gubernamentales aseguraron que una serie de reuniones se han celebrado durante los últimos días en Caracas para tratar de conseguir un pacto entre el Gobierno y la oposición en las que el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el principal mediador.
Las mismas fuentes precisaron que el político español se ha reunido con varios dirigentes opositores para evaluar esa negociación y las formas en que podría anunciarse.
La tarde del lunes se encontró también con la opositora María Corina Machado, identificada con la fracción más radical del antichavismo y que sería una de las más difíciles de convencer del acuerdo.
Sin embargo, sostuvieron, que su posición no tendría por qué ser determinante en las conversaciones porque Machado forma parte de las minorías dentro de la alianza, aunque su voz si es oída por los manifestantes que han estado en las calles y que culpan a Maduro de los cien fallecidos en protestas.
Si la plataforma antichavista aceptara un acuerdo de este tipo debería esperar poco más de un año para unas presidenciales, podría lograr que este año se celebren las regionales y esperar un poco más para las municipales, un escenario que les dejaría casi igual que antes de que se iniciaran las protestas.
Recuperar el Parlamento, bajo el control de la MUD pero despojado de sus poderes, es también otra pieza que la oposición podría reclamar en un pacto, y que sería positivo para ese sector si esto les permite producir cambios que pueda concretarse en la realidad venezolana.
El Gobierno, en compensación a la Constituyente podría conseguir cesar la violencia, recuperar un poco de gobernabilidad para completar el mandato y reorganizar al chavismo para nuevos escenarios electorales.
El resultado de los acercamientos no ha trascendido de los encuentros alejados de la prensa y, aunque los dirigentes comienzan a hablar de la necesidad de un "diálogo", ninguno ha adelantado de ningún plan para echar hacia atrás ni la Constituyente ni la escalada opositora.
A diferencia de la ola de protestas antigubernamentales de 2014, ahora el tablero venezolano no es solo de dos fichas, juega también una movilización importante de ciudadanos que protestan espontáneamente y que han rebasado las convocadas por el liderazgo opositor.
Está además un tercer grupo conocido como el chavismo crítico o disidente, que ha comenzado a crecer en las últimas semanas agrupando figuras que formaron parte del Gobierno, militares de alto rango y parlamentarios, en una plataforma que cree que otra vía distinta al "madurismo" y la oposición es posible.
El País
Con la inminente escalada de la presión de los opositores para frenar la Asamblea Nacional Constituyente, y el chavismo movilizado para ganar esa batalla, Venezuela activa las alarmas que lleven a una negociación que detenga los temores de una "guerra civil".
Los días que restan de aquí al próximo 30 de julio, jornadas cruciales para las fuerzas políticas venezolanas, son probablemente las mejores y últimas oportunidades para que el país caribeño alcance un acuerdo que permita evitar una escalada aún más violenta.
Que un escenario como ese se plantee, requeriría que el Gobierno de Nicolás Maduro ponga en la mesa de negociación a la Constituyente, un proceso para redactar una nueva Constitución que ha sido vendido como la única vía para la paz nacional y para la que el chavismo ha invocado a toda sus militancia y todos sus recursos.
Los opositores por su parte tendrían que negociar el deponer sus planes de adelantar una salida de Maduro de la Presidencia, electo para concluir su mandato a finales de 2018, y asegurar otras victorias más pequeñas de reclamaciones que han venido haciendo.
Varias fuentes cercanas al Gobierno y la oposición coincidieron en que la alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) podría conseguir la suspensión de la Constituyente y en cambio lograr que las elecciones de gobernadores y alcaldes se celebren este mismo año.
Señalaron además que, aunque no lograrán un cambio de Gobierno inmediato, podrían empujar al Ejecutivo para que se fije un calendario electoral que renueve a todas las autoridades de elección popular, muchos de ellos con periodos vencidos hace más de un año alargando la permanencia de muchos oficialistas.
El resultado para ambos factores sería evitar un choque de trenes que lastime aun más a un país ya muy golpeado por la crisis económica, la permanente confrontación, y a media máquina por los frecuentes escenarios de protesta, trancas y huelgas que comenzaron hace meses.
No obstante, la mayor preocupación para los sectores opositores y oficialistas es lograr el respaldo de los sectores más radicales de cada fuerza, además de disminuir el rechazo de esta decisión entre los partidarios que se han mantenido en las calles a petición de sus líderes.
Fuentes gubernamentales aseguraron que una serie de reuniones se han celebrado durante los últimos días en Caracas para tratar de conseguir un pacto entre el Gobierno y la oposición en las que el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el principal mediador.
Las mismas fuentes precisaron que el político español se ha reunido con varios dirigentes opositores para evaluar esa negociación y las formas en que podría anunciarse.
La tarde del lunes se encontró también con la opositora María Corina Machado, identificada con la fracción más radical del antichavismo y que sería una de las más difíciles de convencer del acuerdo.
Sin embargo, sostuvieron, que su posición no tendría por qué ser determinante en las conversaciones porque Machado forma parte de las minorías dentro de la alianza, aunque su voz si es oída por los manifestantes que han estado en las calles y que culpan a Maduro de los cien fallecidos en protestas.
Si la plataforma antichavista aceptara un acuerdo de este tipo debería esperar poco más de un año para unas presidenciales, podría lograr que este año se celebren las regionales y esperar un poco más para las municipales, un escenario que les dejaría casi igual que antes de que se iniciaran las protestas.
Recuperar el Parlamento, bajo el control de la MUD pero despojado de sus poderes, es también otra pieza que la oposición podría reclamar en un pacto, y que sería positivo para ese sector si esto les permite producir cambios que pueda concretarse en la realidad venezolana.
El Gobierno, en compensación a la Constituyente podría conseguir cesar la violencia, recuperar un poco de gobernabilidad para completar el mandato y reorganizar al chavismo para nuevos escenarios electorales.
El resultado de los acercamientos no ha trascendido de los encuentros alejados de la prensa y, aunque los dirigentes comienzan a hablar de la necesidad de un "diálogo", ninguno ha adelantado de ningún plan para echar hacia atrás ni la Constituyente ni la escalada opositora.
A diferencia de la ola de protestas antigubernamentales de 2014, ahora el tablero venezolano no es solo de dos fichas, juega también una movilización importante de ciudadanos que protestan espontáneamente y que han rebasado las convocadas por el liderazgo opositor.
Está además un tercer grupo conocido como el chavismo crítico o disidente, que ha comenzado a crecer en las últimas semanas agrupando figuras que formaron parte del Gobierno, militares de alto rango y parlamentarios, en una plataforma que cree que otra vía distinta al "madurismo" y la oposición es posible.
