Patinódromo avanza en medio de tensión
Cochabamba, Los Tiempos
Sin perder un solo instante, ayer la Alcaldía comenzó a construir el patinódromo para los Juegos Suramericanos 2018, con una inversión de 20 millones de bolivianos y dio por cerrado el conflicto legal con el colectivo No a la tala de árboles, porque los ambientalistas no demostraron ante el tribunal de garantías que conoció la acción popular el daño ambiental que la obra provocará en la laguna de Coña Coña con estudios técnicos.
Sin embargo, los ambientalistas que acudieron a la laguna, en un último intento de impedir las obras llamaron la atención sobre la perdida, recordaron que el lugar no es sólo de la OTB, sino de todos. En tanto que los accionantes del recurso legal analizan hoy los pasos a seguir y cómo subsanar las observaciones que el juez Rubén Gonzales, del Tribunal Primero de Familia, planteó a la acción popular en su calidad de juez de garantías.
La Alcaldía movilizó a 50 gendarmes para acordonar el terreno donde se construirá el patinódromo y en varios momentos se registraron roces entre la secretaria de Seguridad Ciudadana, Velka Krellac, que decía: “Nadie pasa, esta obra es para recibir atletas internacionales y se hace”.
El secretario ejecutivo del municipio, Álex Contreras, expresó que la empresa tiene 10 meses para construir el patinódromo y debe redoblar esfuerzos. “Si no se construye el patinódromo, el país puede ser sancionado por incumplir” con un compromiso internacional, dijo. Siguió: “Nosotros hemos iniciado obras y no paramos hasta ver concluido el patinódromo”.
Anunció que además de la obra para los suramericanos trabajarán en la revitalización del “pantano que llaman laguna Coña Coña”. Después exhortó a los activistas “a que alguna vez planten una planta”.
Una de las ambientalistas que se encontraba en el lugar, Helga Cauthin, expresó: “la laguna de Coña Coña no es sólo del lugar o de la OTB, sino que pertenece a todo el municipio. Teníamos más de ocho lagunas que se han ido secando por obras como ésta, no se está pensando en el futuro del medioambiente”.
Aunque el plan de recuperación de Coña Coña demandará otros 20 millones de bolivianos, aún no se precisó cuándo comenzará el trabajo.
Las primeras acciones se centrarán en la instalación de faenas, replanteó y estudio de suelos, informó el secretario de Infraestructura, Carlos Abasto.
Las obras deberán agilizarse debido a que después de los conflictos entre activistas, vecinos y Alcaldía se tuvo un retraso de dos meses, dijo el secretario. “Todos los ítems que se puedan ejecutar a la misma vez los vamos a hacer para ganar tiempo”, aseveró.
La infraestructura de los Juegos Suramericanos 2018 incluye graderías, una pequeña plaza de comidas, vestuarios, dos pistas y una cancha de hockey. Además ahora se analiza incluir rampas para deportes urbanos.
El director de asuntos jurídicos del municipio, Edwin Paredes, opinó que no hay muchas probabilidades de que el Tribunal Constitucional acepte una medida precautoria.
“Socialización ha habido, hemos presentado diseño final, por algo se ha hecho licitación y se tiene licencia ambiental (…) han planteado mal, han estado mal asesorados”, y complementó: “No hay opción a que haya una nueva medida precautoria”. Los activistas realizan hoy una reunión a las 17:00 con un foro en la sede de la OTB Juan XXIII.
Sin perder un solo instante, ayer la Alcaldía comenzó a construir el patinódromo para los Juegos Suramericanos 2018, con una inversión de 20 millones de bolivianos y dio por cerrado el conflicto legal con el colectivo No a la tala de árboles, porque los ambientalistas no demostraron ante el tribunal de garantías que conoció la acción popular el daño ambiental que la obra provocará en la laguna de Coña Coña con estudios técnicos.
Sin embargo, los ambientalistas que acudieron a la laguna, en un último intento de impedir las obras llamaron la atención sobre la perdida, recordaron que el lugar no es sólo de la OTB, sino de todos. En tanto que los accionantes del recurso legal analizan hoy los pasos a seguir y cómo subsanar las observaciones que el juez Rubén Gonzales, del Tribunal Primero de Familia, planteó a la acción popular en su calidad de juez de garantías.
La Alcaldía movilizó a 50 gendarmes para acordonar el terreno donde se construirá el patinódromo y en varios momentos se registraron roces entre la secretaria de Seguridad Ciudadana, Velka Krellac, que decía: “Nadie pasa, esta obra es para recibir atletas internacionales y se hace”.
El secretario ejecutivo del municipio, Álex Contreras, expresó que la empresa tiene 10 meses para construir el patinódromo y debe redoblar esfuerzos. “Si no se construye el patinódromo, el país puede ser sancionado por incumplir” con un compromiso internacional, dijo. Siguió: “Nosotros hemos iniciado obras y no paramos hasta ver concluido el patinódromo”.
Anunció que además de la obra para los suramericanos trabajarán en la revitalización del “pantano que llaman laguna Coña Coña”. Después exhortó a los activistas “a que alguna vez planten una planta”.
Una de las ambientalistas que se encontraba en el lugar, Helga Cauthin, expresó: “la laguna de Coña Coña no es sólo del lugar o de la OTB, sino que pertenece a todo el municipio. Teníamos más de ocho lagunas que se han ido secando por obras como ésta, no se está pensando en el futuro del medioambiente”.
Aunque el plan de recuperación de Coña Coña demandará otros 20 millones de bolivianos, aún no se precisó cuándo comenzará el trabajo.
Las primeras acciones se centrarán en la instalación de faenas, replanteó y estudio de suelos, informó el secretario de Infraestructura, Carlos Abasto.
Las obras deberán agilizarse debido a que después de los conflictos entre activistas, vecinos y Alcaldía se tuvo un retraso de dos meses, dijo el secretario. “Todos los ítems que se puedan ejecutar a la misma vez los vamos a hacer para ganar tiempo”, aseveró.
La infraestructura de los Juegos Suramericanos 2018 incluye graderías, una pequeña plaza de comidas, vestuarios, dos pistas y una cancha de hockey. Además ahora se analiza incluir rampas para deportes urbanos.
El director de asuntos jurídicos del municipio, Edwin Paredes, opinó que no hay muchas probabilidades de que el Tribunal Constitucional acepte una medida precautoria.
“Socialización ha habido, hemos presentado diseño final, por algo se ha hecho licitación y se tiene licencia ambiental (…) han planteado mal, han estado mal asesorados”, y complementó: “No hay opción a que haya una nueva medida precautoria”. Los activistas realizan hoy una reunión a las 17:00 con un foro en la sede de la OTB Juan XXIII.