ONU pide a Bolivia mejorar políticas de atención a mujeres privadas de libertad
ONU, AFPEl Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia instó hoy a implementar políticas con enfoque de género en beneficio de las personas privadas de libertad y fundamentalmente que consideren las necesidades, requerimientos y circunstancias específicas de las mujeres privadas de libertad.
Según un boletín informativo de la ONU-Bolivia, el pedido se realiza en el marco de la campaña "Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres".
"Naciones Unidas en Bolivia desea visibilizar la situación de las mujeres privadas de libertad en el país, quienes sufren diversas formas de violencia, incluyendo violencia institucional, psicológica y simbólica", puntualiza la nota de prensa.
El documento de la ONU considera que en Bolivia, las mujeres están privadas de libertad principalmente por delitos menores, no violentos y de baja relevancia social, como microtráfico de drogas, robos y hurtos.
"La mayoría de las mujeres que se encuentran en las cárceles de Bolivia no representan un peligro significativo para la sociedad y podrían cumplir su sentencia en libertad; del total de mujeres privadas de libertad, el 38% está recluido por delitos relacionados con drogas, mientras que el 28% se encuentra en la cárcel por delitos contra la propiedad", explica el documento.
Por otra parte, Naciones Unidas destaca los esfuerzos y aportes que ha realizado el Gobierno boliviano, demostrando una voluntad para encontrar soluciones a la excesiva vulnerabilidad de las mujeres de bajos recursos frente al sistema de justicia penal.
"En este sentido, Naciones Unidas en Bolivia recomienda al Estado Plurinacional de Bolivia considerar las siguientes acciones, entre otras, orientadas a reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante la justicia penal: introducir un sistema más balanceado de penas que tome en cuenta la gravedad del delito en línea con el principio de proporcionalidad; promover medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante una apreciación objetiva de los riesgos procesales", establece el boletín de prensa.
Además, insta a promover que los operadores judiciales hagan uso de su poder de discrecionalidad para mitigar las medidas privativas de libertad en función a criterios de género; así como mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y fortalecer los programas dirigidos a esa población.
