La oposición resiste hasta el final en la calle contra la Constituyente chavista
Pese a que el Gobierno prohibió las manifestaciones hasta el próximo martes, los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ignoraron la orden y llamaron a la movilización
Alfredo Meza
Caracas, El País
La oposición venezolana y sus seguidores se aprestaban este viernes a librar hasta el domingo la batalla definitiva contra las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente auspiciadas por el régimen de Nicolás Maduro. Pese a que el Gobierno prohibió las manifestaciones hasta el próximo martes, los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ignoraron la orden y llamaron a la movilización. La protesta de este viernes suponía, tras dos días de huelga general, el último pulso al chavismo para demostrar que la sociedad venezolana se opone a esas elecciones, convocadas con unas reglas del juego que benefician a Maduro.
Ya lo dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, cuando ofreció el balance de las 48 horas de huelga general convocada por la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática: “Hay que olvidarse de la idea de que el Gobierno va a suspender la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Debemos prepararnos para la profundización de las protestas”. Los vecinos que en la mañana de este viernes en la urbanización Cumbres de Curumo, un sector de clase media alta del sureste de Caracas, formaban una larga fila frente a un banco parecían darle la razón al dirigente.
Los clientes solo podían retirar en el mostrador hasta 30.000 bolívares, poco menos de tres dólares, de acuerdo con la cotización del mercado negro, que se ha disparado en la última semana. Los cajeros automáticos estaban sin dinero porque no habían podido ser recargados después de dos días de huelga general. Al finalizar su diligencia la mayoría de ellos se disponía a tomar las principales calles, como habían ordenado la víspera los dirigentes de la oposición, a pesar de que el Gobierno ha prohibido las manifestaciones hasta el martes. “Nosotros desconocemos ese decreto. El Gobierno no nos va prohibir la protesta. Nosotros no queremos una Constituyente sino salir de esta dictadura”, dijo el diputado de la formación Primero Justicia, José Manuel Olivares, en la declaración que supuso el primer balance de la protesta del viernes.
Penas de cárcel
Las calles del sureste y el este de Caracas, bastiones opositores, comenzaron a cerrarse con barricadas al mediodía. Los representantes apostaban que el resto de la ciudad y del país se sumara a la protesta con el paso de las horas y muy a pesar del miedo. En la víspera, cuando aún no regía la prohibición de manifestarse, la Guardia Nacional había perseguido a los jóvenes que se le enfrentaban llevándose todo a su paso: las rejas de las urbanizaciones privadas de La California Norte, en el este de Caracas; las verjas de los aparcamientos de los edificios de La Candelaria, en el centro de la capital. El Gobierno ha prometido que encarcelará a quienes impidan la instalación de los centros electorales y perturben la votación del domingo. Hasta la tarde de este viernes era casi imposible pensar en una suspensión de la elección.
El régimen de Maduro ha llegado entre tropiezos a las puertas de celebrar la Constituyente, una elección muy resistida por la comunidad internacional, a pesar de las sanciones de Washington, de las deserciones de sus antiguos aliados y de la tenaz resistencia de la oposición.
El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, encarnaba la última esperanza de posponer la votación —que no tendrá candidatos opositores— y aún permanecía este viernes en Venezuela en un esfuerzo por acercar a las partes. Pero no parece existir disposición al entendimiento. La dirigencia política que controla la MUD solo desea el fin del régimen.
A este punto de no retorno se ha llegado después de que el Gobierno, a través de sus poderes subordinados, impidiera la celebración de un referéndum revocatorio presidencial y pospusiera las elecciones regionales. Cualquier acuerdo con el régimen es visto con profunda desconfianza por el fracaso de los procesos de diálogo en el pasado. Venezuela está a las puertas de una guerra civil y todo el mundo comienza a actuar en consecuencia. EE UU ha autorizado la salida del personal de su Embajada, mientras Canadá le ha pedido a sus nacionales que eviten viajar al país.
Alfredo Meza
Caracas, El País
La oposición venezolana y sus seguidores se aprestaban este viernes a librar hasta el domingo la batalla definitiva contra las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente auspiciadas por el régimen de Nicolás Maduro. Pese a que el Gobierno prohibió las manifestaciones hasta el próximo martes, los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ignoraron la orden y llamaron a la movilización. La protesta de este viernes suponía, tras dos días de huelga general, el último pulso al chavismo para demostrar que la sociedad venezolana se opone a esas elecciones, convocadas con unas reglas del juego que benefician a Maduro.
Ya lo dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, cuando ofreció el balance de las 48 horas de huelga general convocada por la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática: “Hay que olvidarse de la idea de que el Gobierno va a suspender la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Debemos prepararnos para la profundización de las protestas”. Los vecinos que en la mañana de este viernes en la urbanización Cumbres de Curumo, un sector de clase media alta del sureste de Caracas, formaban una larga fila frente a un banco parecían darle la razón al dirigente.
Los clientes solo podían retirar en el mostrador hasta 30.000 bolívares, poco menos de tres dólares, de acuerdo con la cotización del mercado negro, que se ha disparado en la última semana. Los cajeros automáticos estaban sin dinero porque no habían podido ser recargados después de dos días de huelga general. Al finalizar su diligencia la mayoría de ellos se disponía a tomar las principales calles, como habían ordenado la víspera los dirigentes de la oposición, a pesar de que el Gobierno ha prohibido las manifestaciones hasta el martes. “Nosotros desconocemos ese decreto. El Gobierno no nos va prohibir la protesta. Nosotros no queremos una Constituyente sino salir de esta dictadura”, dijo el diputado de la formación Primero Justicia, José Manuel Olivares, en la declaración que supuso el primer balance de la protesta del viernes.
Penas de cárcel
Las calles del sureste y el este de Caracas, bastiones opositores, comenzaron a cerrarse con barricadas al mediodía. Los representantes apostaban que el resto de la ciudad y del país se sumara a la protesta con el paso de las horas y muy a pesar del miedo. En la víspera, cuando aún no regía la prohibición de manifestarse, la Guardia Nacional había perseguido a los jóvenes que se le enfrentaban llevándose todo a su paso: las rejas de las urbanizaciones privadas de La California Norte, en el este de Caracas; las verjas de los aparcamientos de los edificios de La Candelaria, en el centro de la capital. El Gobierno ha prometido que encarcelará a quienes impidan la instalación de los centros electorales y perturben la votación del domingo. Hasta la tarde de este viernes era casi imposible pensar en una suspensión de la elección.
El régimen de Maduro ha llegado entre tropiezos a las puertas de celebrar la Constituyente, una elección muy resistida por la comunidad internacional, a pesar de las sanciones de Washington, de las deserciones de sus antiguos aliados y de la tenaz resistencia de la oposición.
El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, encarnaba la última esperanza de posponer la votación —que no tendrá candidatos opositores— y aún permanecía este viernes en Venezuela en un esfuerzo por acercar a las partes. Pero no parece existir disposición al entendimiento. La dirigencia política que controla la MUD solo desea el fin del régimen.
A este punto de no retorno se ha llegado después de que el Gobierno, a través de sus poderes subordinados, impidiera la celebración de un referéndum revocatorio presidencial y pospusiera las elecciones regionales. Cualquier acuerdo con el régimen es visto con profunda desconfianza por el fracaso de los procesos de diálogo en el pasado. Venezuela está a las puertas de una guerra civil y todo el mundo comienza a actuar en consecuencia. EE UU ha autorizado la salida del personal de su Embajada, mientras Canadá le ha pedido a sus nacionales que eviten viajar al país.