Empresarios: Sanciones del Código Penal son altamente peligrosas para la economía
Cochabamba, Los Tiempos
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, aseguró hoy que la posibilidad de aplicación de sanciones penales a las personas jurídicas afectaría significativamente a la economía del país.
“Consideramos que es altamente peligroso para la economía. Hemos podido evaluar que cerca del 9 por ciento de los contribuyentes del país, que contribuyen con el 87 por ciento de los impuestos para el sostenimiento de Bolivia, está en mano de las personas jurídicas”, dijo Bellot.
En una anterior oportunidad, el diputado Víctor Borda aseguró que el Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal incluye sanciones penales para las personas jurídicas, en 49 delitos. Con esta nueva disposición las empresas estarían sujetas a perder su personalidad jurídica y a la confiscación de la empresa.
“Queremos manifestar nuestra alta preocupación por el proyecto de ley de modificación del Código Penal. Se está insertando una nueva figura donde se incorpora a las personas jurídicas como sujetos de penalización (…). Consideramos que todos los delitos penales son personales. No se puede considerar que personas jurídicas cometan delitos, los delitos se comenten en forma individual y no colectiva”, manifestó el presidente de la FEPC en conferencia de prensa.
Por su parte, el presidente de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, aseguró que las sanciones no son incluidas para el sector público.
“Esto no corresponde, estamos siendo separados de una bolsa y eso es discriminación (…). Se vulnera el principio a tener un trabajo legalmente establecido. Esto va a causar cierre de empresas y despidos masivos de trabajadores”, afirmó Fernández.
Los empresarios piden que se dé prioridad a sanciones para el sector informal y a los verdaderos problemas que deben ser resueltos en el Nuevo Código Penal.
El presidente de la Cámara de Comercio, Amílcar Rocha, informó que 15.056 personas están recluidas en las cárceles de Bolivia, de las cuales, aproximadamente 10 mil no cuentan con sentencia. “Se necesita reformular el código penal pero en este tipo de cosas como es el hacinamiento en los centros penitenciarios”, agregó.
Las empresas privadas actualmente están reguladas por normas como la Ley tributaria, laboral, de defensa del consumidor, de medio ambiente, de transparencia, y otras, además de los Códigos Civil y de Comercio.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, aseguró hoy que la posibilidad de aplicación de sanciones penales a las personas jurídicas afectaría significativamente a la economía del país.
“Consideramos que es altamente peligroso para la economía. Hemos podido evaluar que cerca del 9 por ciento de los contribuyentes del país, que contribuyen con el 87 por ciento de los impuestos para el sostenimiento de Bolivia, está en mano de las personas jurídicas”, dijo Bellot.
En una anterior oportunidad, el diputado Víctor Borda aseguró que el Proyecto de Ley del Código del Sistema Penal incluye sanciones penales para las personas jurídicas, en 49 delitos. Con esta nueva disposición las empresas estarían sujetas a perder su personalidad jurídica y a la confiscación de la empresa.
“Queremos manifestar nuestra alta preocupación por el proyecto de ley de modificación del Código Penal. Se está insertando una nueva figura donde se incorpora a las personas jurídicas como sujetos de penalización (…). Consideramos que todos los delitos penales son personales. No se puede considerar que personas jurídicas cometan delitos, los delitos se comenten en forma individual y no colectiva”, manifestó el presidente de la FEPC en conferencia de prensa.
Por su parte, el presidente de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, aseguró que las sanciones no son incluidas para el sector público.
“Esto no corresponde, estamos siendo separados de una bolsa y eso es discriminación (…). Se vulnera el principio a tener un trabajo legalmente establecido. Esto va a causar cierre de empresas y despidos masivos de trabajadores”, afirmó Fernández.
Los empresarios piden que se dé prioridad a sanciones para el sector informal y a los verdaderos problemas que deben ser resueltos en el Nuevo Código Penal.
El presidente de la Cámara de Comercio, Amílcar Rocha, informó que 15.056 personas están recluidas en las cárceles de Bolivia, de las cuales, aproximadamente 10 mil no cuentan con sentencia. “Se necesita reformular el código penal pero en este tipo de cosas como es el hacinamiento en los centros penitenciarios”, agregó.
Las empresas privadas actualmente están reguladas por normas como la Ley tributaria, laboral, de defensa del consumidor, de medio ambiente, de transparencia, y otras, además de los Códigos Civil y de Comercio.