El Consejo de Estado fuerza al Gobierno francés a atender a los migrantes en Calais
El Ejecutivo de Macron abrirá dos albergues en la costa oeste del país
Silvia Ayuso
París, El País
Al final, el Gobierno de Emmanuel Macron tendrá que hacer lo que durante semanas intentó evitar: abrir dos nuevos centros de acogida en Calais, zona caliente una vez más debido a la concentración de migrantes en esta zona de la costa oeste francesa, muchos de los cuales aspiran a cruzar hasta el vecino Reino Unido. El ministro del Interior, Gérard Collomb, anunció este lunes la apertura de las instalaciones “en los próximos diez días”, tras el varapalo recibido por el Consejo de Estado.
La mayor instancia judicial administrativa del país había rechazado horas antes la apelación que le hicieron Collomb y la alcaldía de Calais para evitar implementar una orden judicial que les instaba a proporcionar acceso a agua, letrinas y duchas a los migrantes, además de facilitarles, a quienes así lo pidieran, el viaje hacia los centros de acogida y orientación establecidos en varias partes del país para tramitar las peticiones de asilo.
Apoyados por Collomb, que decía temer un “efecto llamada”, las autoridades locales han mantenido un pulso con las organizaciones humanitarias que llevan tiempo denunciando las duras condiciones que sufren los migrantes y las ONG que intentan ayudarles en esta zona, donde hace nueve meses el Gobierno desmanteló un gigantesco campamento conocido como la “Jungla de Calais”.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que las condiciones de vida de los migrantes en Calais, entre ellos un centenar de menores, “revelan una carencia de las autoridades públicas” que ha expuesto a estas personas a “tratos inhumanos y degradantes”. Y ello, agrega la máxima corte en su decisión, supone “un atentado grave y manifiestamente ilegal contra una libertad fundamental”, por lo que ordena “crear dispositivos de acceso al agua que permitan a los migrantes beber, lavarse y lavar la ropa, así como letrinas y organizar un dispositivo adaptado para acceder a duchas”.
Los nuevos centros de acogida para aquellos que “han renunciado a su proyecto de viajar a Reino Unido” estarán en Troisvaux y en Bailleul, a unos 90 kilómetros de Calais. Las instalaciones servirán al mismo tiempo para analizar “de forma acelerada” la situación legal de los que allí se alojen, precisó el ministro del Interior.
El ministro del Interior, Gérard Collomb, ha anunciado una investigación para aclarar las denuncias de Human Rights Watch (HRW) en Calais.
La organización de derechos humanos publicó la semana pasada un informe en el que acusa a la policía local de “abusos sistemáticos” contra los migrantes, especialmente el uso de “gas pimienta contra adultos y menores”, incluso cuando estos están durmiendo. La prefectura de Pas-de-Calais rechazó como “calumnia” el informe de la ONG, que también acusa a las autoridades de “acosar” a los ayudantes humanitarios que intentan asistir a los migrantes.
Collomb recordó que las fuerzas de seguridad no usan gas pimienta sino gas lacrimógeno. Admitió sin embargo que, aunque no sea una práctica policial consentida, pueden haberse producido algunas “desviaciones individuales”.
“No queremos volver a tener las malas experiencias del pasado, así que abriremos dos centros que garanticen el albergue y el análisis de la situación de esas personas” actualmente en Calais, explicó en rueda de prensa Collomb, que con esta decisión va más allá de lo que le demanda el Consejo de Estado.
El Gobierno de Macron fue muy criticado al desvelar, hace dos semanas, sus planes migratorios para acelerar los procesos de demanda de asilo, porque no daban una solución a los cientos y hasta miles de migrantes que acampan en zonas como Calais, pero también en las calles de París, a la espera de poder tramitar su solicitud.
La semana pasada, el presidente francés reaccionó y prometió la creación de más albergues de emergencia, aunque indicó que esta medida irá acompañada de una política rigurosa de expulsión de todo aquel que no califique como refugiado. La decisión de devolver a la frontera a los migrantes económicos ha provocado la indignación de países como Italia, uno de los principales receptores del flujo migratorio, que en su gran mayoría no reciben la calificación de refugiado.
La respuesta de París contrasta con la de las autoridades locales. La alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, anunció su intención de desoír la decisión del organismo superior. “La decisión de justicia del Consejo de Estado es una injusticia para los habitantes de Calais porque les vuelve a poner bajo la amenaza de la creación de una enésima Jungla”, afirmó Bouchart en un comunicado, en el que subrayó que no es legítimo tampoco obligar a una localidad a asumir una política que no practican los Estados. “En ausencia de una política nacional y europea que ofrezca una solución global de control de la inmigración, la ciudad de Calais no hará caso a las órdenes judiciales que se han emitido”, adelantó.
París, El País
Al final, el Gobierno de Emmanuel Macron tendrá que hacer lo que durante semanas intentó evitar: abrir dos nuevos centros de acogida en Calais, zona caliente una vez más debido a la concentración de migrantes en esta zona de la costa oeste francesa, muchos de los cuales aspiran a cruzar hasta el vecino Reino Unido. El ministro del Interior, Gérard Collomb, anunció este lunes la apertura de las instalaciones “en los próximos diez días”, tras el varapalo recibido por el Consejo de Estado.
La mayor instancia judicial administrativa del país había rechazado horas antes la apelación que le hicieron Collomb y la alcaldía de Calais para evitar implementar una orden judicial que les instaba a proporcionar acceso a agua, letrinas y duchas a los migrantes, además de facilitarles, a quienes así lo pidieran, el viaje hacia los centros de acogida y orientación establecidos en varias partes del país para tramitar las peticiones de asilo.
Apoyados por Collomb, que decía temer un “efecto llamada”, las autoridades locales han mantenido un pulso con las organizaciones humanitarias que llevan tiempo denunciando las duras condiciones que sufren los migrantes y las ONG que intentan ayudarles en esta zona, donde hace nueve meses el Gobierno desmanteló un gigantesco campamento conocido como la “Jungla de Calais”.
Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que las condiciones de vida de los migrantes en Calais, entre ellos un centenar de menores, “revelan una carencia de las autoridades públicas” que ha expuesto a estas personas a “tratos inhumanos y degradantes”. Y ello, agrega la máxima corte en su decisión, supone “un atentado grave y manifiestamente ilegal contra una libertad fundamental”, por lo que ordena “crear dispositivos de acceso al agua que permitan a los migrantes beber, lavarse y lavar la ropa, así como letrinas y organizar un dispositivo adaptado para acceder a duchas”.
Los nuevos centros de acogida para aquellos que “han renunciado a su proyecto de viajar a Reino Unido” estarán en Troisvaux y en Bailleul, a unos 90 kilómetros de Calais. Las instalaciones servirán al mismo tiempo para analizar “de forma acelerada” la situación legal de los que allí se alojen, precisó el ministro del Interior.
El ministro del Interior, Gérard Collomb, ha anunciado una investigación para aclarar las denuncias de Human Rights Watch (HRW) en Calais.
La organización de derechos humanos publicó la semana pasada un informe en el que acusa a la policía local de “abusos sistemáticos” contra los migrantes, especialmente el uso de “gas pimienta contra adultos y menores”, incluso cuando estos están durmiendo. La prefectura de Pas-de-Calais rechazó como “calumnia” el informe de la ONG, que también acusa a las autoridades de “acosar” a los ayudantes humanitarios que intentan asistir a los migrantes.
Collomb recordó que las fuerzas de seguridad no usan gas pimienta sino gas lacrimógeno. Admitió sin embargo que, aunque no sea una práctica policial consentida, pueden haberse producido algunas “desviaciones individuales”.
“No queremos volver a tener las malas experiencias del pasado, así que abriremos dos centros que garanticen el albergue y el análisis de la situación de esas personas” actualmente en Calais, explicó en rueda de prensa Collomb, que con esta decisión va más allá de lo que le demanda el Consejo de Estado.
El Gobierno de Macron fue muy criticado al desvelar, hace dos semanas, sus planes migratorios para acelerar los procesos de demanda de asilo, porque no daban una solución a los cientos y hasta miles de migrantes que acampan en zonas como Calais, pero también en las calles de París, a la espera de poder tramitar su solicitud.
La semana pasada, el presidente francés reaccionó y prometió la creación de más albergues de emergencia, aunque indicó que esta medida irá acompañada de una política rigurosa de expulsión de todo aquel que no califique como refugiado. La decisión de devolver a la frontera a los migrantes económicos ha provocado la indignación de países como Italia, uno de los principales receptores del flujo migratorio, que en su gran mayoría no reciben la calificación de refugiado.
La respuesta de París contrasta con la de las autoridades locales. La alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, anunció su intención de desoír la decisión del organismo superior. “La decisión de justicia del Consejo de Estado es una injusticia para los habitantes de Calais porque les vuelve a poner bajo la amenaza de la creación de una enésima Jungla”, afirmó Bouchart en un comunicado, en el que subrayó que no es legítimo tampoco obligar a una localidad a asumir una política que no practican los Estados. “En ausencia de una política nacional y europea que ofrezca una solución global de control de la inmigración, la ciudad de Calais no hará caso a las órdenes judiciales que se han emitido”, adelantó.
