Cristiano tiene hasta el 11 de agosto para obtener atenuantes
Los cuatro presuntos delitos fiscales cometidos por un total de 14,78 millones de euros acarrean una pena mínima de siete años de prisión.
Joaquín Maroto
As
La Magistrada Mónica Gómez Ferrer tiene seis meses de plazo, o hasta 18 si declara la especial complejidad de la causa, para instruir el proceso de Cristiano Ronaldo y decidir, tras escuchar a los encausados y testigos, si envía el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), que es la sala en la que debería celebrarse el juicio oral al ser un proceso que acarrea petición de penas de prisión superiores a los dos años.
Si Gómez Ferrer incoa el procedimiento, algo que es previsible tras la declaración de Cristiano, llamará a declarar a las personas que entienda que han podido intervenir en el presunto fraude, bien como inductores o cooperadores necesarios. Tras el interrogatorio de este lunes al jugador portugués, es posible que la magistrada llame a declarar este próximo otoño (agosto es inhábil en los Juzgados) a Jorge Mendes, al que Cristiano exculpó en su declaración, y Luis Correia (que ya están siendo investigados por el 'caso Falcao') y a otras dos personas que el jugador ha mencionado en su declaración de hoy: el abogado portugués Carlos Osorio de Castro y el abogado británico Chris Farnell, asesor del Manchester United, en quien ha descargado la creación de la estructura en Islas Vírgenes Británicas durante su etapa como jugador del equipo inglés.
Cristiano Ronaldo se enfrentaría a una petición de pena mínima total de siete años de prisión por los cuatro presuntos delitos fiscales cometidos por un total de 14,78 millones de euros. Tres de estos delitos se consideran agravados y se castigan con penas mínimas de dos a seis años cada uno. No obstante, el juez podría aplicar la atenuante muy cualificada de regularización extemporánea introducida en el Código Penal en 2013 y reducir la pena a la mitad o a la cuarta parte si Cristiano paga lo defraudado más la multa y los intereses, asume el delito y se muestra dispuesto a una 'especial colaboración' con la Justicia para esclarecer los hechos. El plazo para obtener estos beneficios acaba el próximo día 11 de agosto.
Joaquín Maroto
As
La Magistrada Mónica Gómez Ferrer tiene seis meses de plazo, o hasta 18 si declara la especial complejidad de la causa, para instruir el proceso de Cristiano Ronaldo y decidir, tras escuchar a los encausados y testigos, si envía el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), que es la sala en la que debería celebrarse el juicio oral al ser un proceso que acarrea petición de penas de prisión superiores a los dos años.
Si Gómez Ferrer incoa el procedimiento, algo que es previsible tras la declaración de Cristiano, llamará a declarar a las personas que entienda que han podido intervenir en el presunto fraude, bien como inductores o cooperadores necesarios. Tras el interrogatorio de este lunes al jugador portugués, es posible que la magistrada llame a declarar este próximo otoño (agosto es inhábil en los Juzgados) a Jorge Mendes, al que Cristiano exculpó en su declaración, y Luis Correia (que ya están siendo investigados por el 'caso Falcao') y a otras dos personas que el jugador ha mencionado en su declaración de hoy: el abogado portugués Carlos Osorio de Castro y el abogado británico Chris Farnell, asesor del Manchester United, en quien ha descargado la creación de la estructura en Islas Vírgenes Británicas durante su etapa como jugador del equipo inglés.
Cristiano Ronaldo se enfrentaría a una petición de pena mínima total de siete años de prisión por los cuatro presuntos delitos fiscales cometidos por un total de 14,78 millones de euros. Tres de estos delitos se consideran agravados y se castigan con penas mínimas de dos a seis años cada uno. No obstante, el juez podría aplicar la atenuante muy cualificada de regularización extemporánea introducida en el Código Penal en 2013 y reducir la pena a la mitad o a la cuarta parte si Cristiano paga lo defraudado más la multa y los intereses, asume el delito y se muestra dispuesto a una 'especial colaboración' con la Justicia para esclarecer los hechos. El plazo para obtener estos beneficios acaba el próximo día 11 de agosto.