Bruselas da un mes a Polonia para corregir la reforma que politiza la justicia
El Gobierno responde que no cederá al "chantaje" de la Comisión Europea
Lucía Abellán
Bruselas, El País
Polonia está un paso más cerca de convertirse en el primer país de la UE que ve peligrar sus derechos de voto. Bruselas ha dado este miércoles un ultimátum a las autoridades polacas para que retiren la reforma que supedita el poder judicial al control político. El Gobierno ultranacionalista de Beata Szydlo tendrá un mes para mover ficha. Si la situación empeora, la Comisión Europea lanzará automáticamente el procedimiento que puede silenciar la voz de Polonia en la UE. Entretanto, el Ejecutivo comunitario abrirá expediente —una medida menos drástica— por la norma que discrimina entre la edad de jubilación de jueces y juezas ordinarios.
Bruselas duda de que la marcha atrás parcial que ha dado Polonia esta semana (con la negativa del presidente polaco, Andrezj Duda, a firmar dos de las leyes más polémicas) implique un cambio de rumbo en su deriva autoritaria. El día después de ese gesto político, Duda sancionó otra de las normas controvertidas, la que permite al ministro de Justicia nombrar a todos los presidentes de los juzgados ordinarios y rebaja la edad de la jubilación, con distinto límite según el género: 60 años para las mujeres, 65 para los hombres. La Comisión recela de apretar directamente el llamado botón nuclear, que permite en última instancia despojar al país de sus derechos de voto en la UE, pero por primera vez incluye esa amenaza en el escrito enviado este miércoles a Varsovia. Y señala una línea roja que la desencadenaría automáticamente: el despido de los jueces del Supremo. Esta medida estaba prevista en una de las normas que el presidente ha ordenado reformular, pero la revisión no garantiza que desaparezca el riesgo.
“Si el Gobierno polaco sigue minando la independencia del sistema judicial y el Estado de derecho en Polonia, no tendremos otra opción que activar el artículo 7 [el referente a los derechos de voto]”, ha alertado el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un comunicado. Su número dos, el vicepresidente Frans Timmermans, ha incluido todos estos razonamientos en una nueva recomendación —la tercera— enviada a Varsovia para que cumpla con el Estado de derecho. “Pero esa recomendación no impide que activemos automáticamente el artículo 7. Instamos a Polonia a que no tome ninguna medida que fuerce el retiro de los jueces del Supremo; si lo hace, se lanzará automáticamente el artículo 7”, ha concretado Timmermans en conferencia de prensa.
La primera reacción desde Polonia arroja pocas esperanzas sobre un cambio de rumbo. “No aceptaremos el chantaje de los responsables europeos, especialmente si ese chantaje no se basa en hechos”, ha espetado a la Comisión el portavoz del Gobierno polaco, Rafal Bochenek, en declaraciones a la agencia de noticias polaca PAP. Pese a la contestación interna y externa que experimenta el Ejecutivo polaco, el portavoz defiende que todo lo aprobado en su país se ajusta a las reglas democráticas.
Apretar el botón nuclear
El Ejecutivo comunitario insiste en que no hay ningún automatismo si transcurrido ese mes de plazo otorgado a Polonia no se observan cambios de actitud. El problema es que el artículo 7 no es potestad exclusiva de la Comisión, sino que requiere la aprobación de cuatro quintos de los Estados miembros (en su primera fase preventiva, que se limita a constatar que existe un claro riesgo de violación de los principios comunitarios). Superada esa primera etapa, la constatación de que se han vulnerado esos valores solo se puede decidir por unanimidad, un supuesto improbable teniendo en cuenta que Hungría vive un deterioro democrático similar al polaco y no apoyará esta iniciativa. El último paso, la eventual retirada de derechos de voto, se aprueba por mayoría cualificada.
Timmermans empleará este tiempo para ver si los Estados miembros están dispuestos a apoyar esa apelación al artículo 7 contra un Gobierno que desde su toma de posesión, a finales de 2015, desafía las normas comunitarias. Los ministros de Asuntos Europeos debían discutir la situación de Polonia el próximo mes de octubre. Bruselas intenta adelantar el debate a la cita de septiembre, aunque Alemania tendrá más dificultades para respaldar una decisión de ese calado —que la enfrenta directamente con Varsovia— a las puertas de sus elecciones federales.
Con la medida más drástica aún en duda, Bruselas iniciará en los próximos días un procedimiento de infracción —la herramienta más común que tiene la Comisión para perseguir cualquier incumplimiento de los Estados miembros, desde los ordinarios a los más graves— contra la reforma judicial. Bruselas rechaza esa brecha de género que impone la norma para retirar a los jueces más longevos (hasta ahora la edad de retiro era 67 años para todos). La ventaja de este procedimiento, que se iniciará formalmente el mismo día que se publique la norma en el boletín oficial polaco, es que no requiere la participación de los Estados. Si Polonia no rectifica, será el Tribunal de Justicia de la UE el que decida, con la opción abierta de sancionar al Gobierno.
Bruselas, El País
Polonia está un paso más cerca de convertirse en el primer país de la UE que ve peligrar sus derechos de voto. Bruselas ha dado este miércoles un ultimátum a las autoridades polacas para que retiren la reforma que supedita el poder judicial al control político. El Gobierno ultranacionalista de Beata Szydlo tendrá un mes para mover ficha. Si la situación empeora, la Comisión Europea lanzará automáticamente el procedimiento que puede silenciar la voz de Polonia en la UE. Entretanto, el Ejecutivo comunitario abrirá expediente —una medida menos drástica— por la norma que discrimina entre la edad de jubilación de jueces y juezas ordinarios.
Bruselas duda de que la marcha atrás parcial que ha dado Polonia esta semana (con la negativa del presidente polaco, Andrezj Duda, a firmar dos de las leyes más polémicas) implique un cambio de rumbo en su deriva autoritaria. El día después de ese gesto político, Duda sancionó otra de las normas controvertidas, la que permite al ministro de Justicia nombrar a todos los presidentes de los juzgados ordinarios y rebaja la edad de la jubilación, con distinto límite según el género: 60 años para las mujeres, 65 para los hombres. La Comisión recela de apretar directamente el llamado botón nuclear, que permite en última instancia despojar al país de sus derechos de voto en la UE, pero por primera vez incluye esa amenaza en el escrito enviado este miércoles a Varsovia. Y señala una línea roja que la desencadenaría automáticamente: el despido de los jueces del Supremo. Esta medida estaba prevista en una de las normas que el presidente ha ordenado reformular, pero la revisión no garantiza que desaparezca el riesgo.
“Si el Gobierno polaco sigue minando la independencia del sistema judicial y el Estado de derecho en Polonia, no tendremos otra opción que activar el artículo 7 [el referente a los derechos de voto]”, ha alertado el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un comunicado. Su número dos, el vicepresidente Frans Timmermans, ha incluido todos estos razonamientos en una nueva recomendación —la tercera— enviada a Varsovia para que cumpla con el Estado de derecho. “Pero esa recomendación no impide que activemos automáticamente el artículo 7. Instamos a Polonia a que no tome ninguna medida que fuerce el retiro de los jueces del Supremo; si lo hace, se lanzará automáticamente el artículo 7”, ha concretado Timmermans en conferencia de prensa.
La primera reacción desde Polonia arroja pocas esperanzas sobre un cambio de rumbo. “No aceptaremos el chantaje de los responsables europeos, especialmente si ese chantaje no se basa en hechos”, ha espetado a la Comisión el portavoz del Gobierno polaco, Rafal Bochenek, en declaraciones a la agencia de noticias polaca PAP. Pese a la contestación interna y externa que experimenta el Ejecutivo polaco, el portavoz defiende que todo lo aprobado en su país se ajusta a las reglas democráticas.
Apretar el botón nuclear
El Ejecutivo comunitario insiste en que no hay ningún automatismo si transcurrido ese mes de plazo otorgado a Polonia no se observan cambios de actitud. El problema es que el artículo 7 no es potestad exclusiva de la Comisión, sino que requiere la aprobación de cuatro quintos de los Estados miembros (en su primera fase preventiva, que se limita a constatar que existe un claro riesgo de violación de los principios comunitarios). Superada esa primera etapa, la constatación de que se han vulnerado esos valores solo se puede decidir por unanimidad, un supuesto improbable teniendo en cuenta que Hungría vive un deterioro democrático similar al polaco y no apoyará esta iniciativa. El último paso, la eventual retirada de derechos de voto, se aprueba por mayoría cualificada.
Timmermans empleará este tiempo para ver si los Estados miembros están dispuestos a apoyar esa apelación al artículo 7 contra un Gobierno que desde su toma de posesión, a finales de 2015, desafía las normas comunitarias. Los ministros de Asuntos Europeos debían discutir la situación de Polonia el próximo mes de octubre. Bruselas intenta adelantar el debate a la cita de septiembre, aunque Alemania tendrá más dificultades para respaldar una decisión de ese calado —que la enfrenta directamente con Varsovia— a las puertas de sus elecciones federales.
Con la medida más drástica aún en duda, Bruselas iniciará en los próximos días un procedimiento de infracción —la herramienta más común que tiene la Comisión para perseguir cualquier incumplimiento de los Estados miembros, desde los ordinarios a los más graves— contra la reforma judicial. Bruselas rechaza esa brecha de género que impone la norma para retirar a los jueces más longevos (hasta ahora la edad de retiro era 67 años para todos). La ventaja de este procedimiento, que se iniciará formalmente el mismo día que se publique la norma en el boletín oficial polaco, es que no requiere la participación de los Estados. Si Polonia no rectifica, será el Tribunal de Justicia de la UE el que decida, con la opción abierta de sancionar al Gobierno.
