Así son los grupos armados que combate Colombia tras la paz con las FARC
Del Clan del Golfo a Los Pelusos, el nuevo crimen organizado trata de ocupar el espacio de la guerrilla
Francesco Manetto
Bogotá, El País
La firma del acuerdo de paz ente el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, que están a punto de convertirse en partido político, ha abierto una nueva etapa de convivencia en Colombia. La guerra que azotó el país durante más de cincuenta años ha terminado y ha disminuido la violencia, pero en el país siguen operando grupos armados que amenazan la seguridad, sobre todo de los entornos rurales, y avanzan en los territorios abandonados por la guerrilla. Mientras el Estado negocia un alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda organización insurgente colombiana, las autoridades centran sus esfuerzos en la contención de las bandas criminales que viven principalmente del narcotráfico y de la minería ilegal.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha publicado esta semana una radiografía de estos “saboteadores armados en tiempos de transición”. El organismo concluye que “es muy difícil saber con exactitud de qué tamaño es el crimen organizado”, también por la “falta de claridad” en las clasificaciones oficiales. No obstante, el estudio, en palabras de su directora, María Victoria Llorente, “permite entender que el fenómeno del crimen organizado se concentra cada vez más en lo local y esto es esencial para poder diseñar políticas públicas acertadas”. En Colombia existen al menos tres grandes grupos de estas características: el Clan del Golfo, Los Puntilleros y Los Pelusos y, según las fuerzas de seguridad, tienen presencia en 13 de los 32 departamentos del país y en 132 municipios.
El Clan del Golfo. También denominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia, esta banda cuenta, según recoge el informe de la FIP, con 1.900 integrantes repartidos principalmente en la región de Urabá, en el sur de Córdoba y en zonas urbanas o semiurbanas del Bajo Cauca. Este grupo se apoya también en miembros subcontratados a cambio de un sueldo, lo que complica el cálculo de su magnitud, que podría superar las 3.000 personas. Su origen se debe a la disgregación de otras organizaciones criminales, desde paramilitares de extrema derecha a guerrilleros marxistas. Su cabecilla se llama Dairo Antonio Úsuga, Otoniel. Primero se unió a la insurgencia maoísta y de allí pasó a las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ahora es uno los delincuentes más buscados del país. El Clan del Golfo se dedica al narcotráfico, a la minería, a la extorsión y a la tala ilegal.
Los Puntilleros. Esta banda, que consta del Bloque Meta y del Bloque Libertadores del Vichada, solo integra a 70 hombres en zonas concretas de 15 municipios de los Llanos Orientales, pero su papel es importante dentro de los engranajes de los mercados ilegales. “Este grupo opera más que todo como un puente y un facilitador para dinamizar las economías criminales del narcotráfico con segmentos de carácter transnacional”, señala el estudio. El Bloque Meta y el Bloque Libertadores del Vichada son un “producto de la desmovilización parcial de las AUC en 2006”. Las dos ramas “centran su financiación en el narcotráfico, donde su principal función es la transformación, comercialización interna y el control de un segmento de la ruta de salida” de distintos corredores.
Los Pelusos. Este grupo se sigue autodenominando Ejército Popular de Liberación (EPL), intentando incidir en su naturaleza insurgente, pero se trata una banda nacida de la disidencia de esa guerrilla, ya desmovilizada. Opera principalmente en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y cuenta con 132 miembros, según datos oficiales. “Está tomando ventaja”, explica la FIP, “de la desactivación de las FARC y estaría actuando en conjunto con el ELN, grupo que al mismo tiempo busca posicionarse militar, política y socialmente con miras a un proceso de negociación”. “El EPL”, prosigue el estudio, “conserva tácticas de guerra de guerrillas, tiene capacidad de afectar a integrantes de la fuerza pública”.
La Fundación Ideas para la Paz explica que a estas organizaciones se añaden en el territorio “grupos delincuenciales organizados o GDO y saboteadores armados”. “Son grupos de menor envergadura, con alcance territorial limitado, pero con capacidad para enfrentar o resistir la acción del Estado y, sobre todo, de afectar la seguridad de las personas”, alerta el organismo. Los integran paramilitares desmovilizados, desertores de las guerrillas, sicarios, pandilleros y delincuentes comunes. Se trata de Los Rastrojos, La Cordillera, Los Buitragueños, Los Botalones, Los Caqueteños, Los Costeños, Los Pachenca y el Clan Isaza.
Los Rastrojos. Esta banda la creó Wilber Varela, Jabón, en 2002, quien nombró a Diego Pérez Henao, Diego Rastrojo, como número dos. Son un reducto de aproximadamente 80 integrantes que opera en la frontera con Venezuela. “Allí habrían quedado replegados en 2013” tras enfrentarse al Clan del Golfo. “A pesar de esto, se han venido fortaleciendo con integrantes venezolanos y en territorio venezolano en la zona de El Guayabo, La Fría, La Grita y Vigilancia”, apunta la FIP.
La Cordillera. El grupo nació en los noventa para controlar el narcotráfico en la ciudad de Pereira:“La violencia que ejerce, también genera impacto humanitario. Sobresale el desplazamiento intraurbano, la imposición de normas de conducta y el reclutamiento de menores para realizar actividades ilícitas”.
Los Buitragueños. La familia Buitrago creó las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) en el municipio de Monterrey (departamento de Casanare) en los setenta. “La principal actividad de esta organización es el narcotráfico, a partir de la cual lograron convertirse en nodo de una red de tráfico de cocaína que parte de Bolivia, pasa por Brasil y África y llega, finalmente, a mercados europeos”.
Los Botalones. Las principales actividades de esta banda son “el narcotráfico, el robo de hidrocarburos en el Magdalena Medio [a su paso por el departamento de Santander], la extorsión, el contrabando, el tráfico de armas y el sicariato”.
Los Caqueteños. Creados por el exmilitar Alonso Mavesoy Lozada, Alonso, “la principal actividad de esta estructura es el narcotráfico trasnacional hacia Brasil y Perú, donde se encargan de pasar la droga a traficantes de estos países quienes la comercializan en Estados Unidos y Europa”.
Los Costeños. Nacidos a partir de 2013 por el debilitamiento de Los Rastrojos en la Costa Caribe. “Esta organización se dedica, principalmente, al tráfico de drogas y armas de fuego en la zona costera que une a Cartagena y Barranquilla”.
Los Pachenca. Este grupo, destaca la FIP, “tiene actividades en ámbitos locales, como las extorsiones y el sicariato, al igual que otras con alcance transnacional, como el narcotráfico”. Operan principalmente en el Magdalena y en parte de La Guajira.
El Clan Isaza. De ejército privado se convirtieron en un grupo que presta “servicios de seguridad a narcotraficantes, por medio de un sistema de arriendo y custodia de fincas, en las que se montan laboratorios de procesamiento de droga”.
Bogotá, El País
La firma del acuerdo de paz ente el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, que están a punto de convertirse en partido político, ha abierto una nueva etapa de convivencia en Colombia. La guerra que azotó el país durante más de cincuenta años ha terminado y ha disminuido la violencia, pero en el país siguen operando grupos armados que amenazan la seguridad, sobre todo de los entornos rurales, y avanzan en los territorios abandonados por la guerrilla. Mientras el Estado negocia un alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda organización insurgente colombiana, las autoridades centran sus esfuerzos en la contención de las bandas criminales que viven principalmente del narcotráfico y de la minería ilegal.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha publicado esta semana una radiografía de estos “saboteadores armados en tiempos de transición”. El organismo concluye que “es muy difícil saber con exactitud de qué tamaño es el crimen organizado”, también por la “falta de claridad” en las clasificaciones oficiales. No obstante, el estudio, en palabras de su directora, María Victoria Llorente, “permite entender que el fenómeno del crimen organizado se concentra cada vez más en lo local y esto es esencial para poder diseñar políticas públicas acertadas”. En Colombia existen al menos tres grandes grupos de estas características: el Clan del Golfo, Los Puntilleros y Los Pelusos y, según las fuerzas de seguridad, tienen presencia en 13 de los 32 departamentos del país y en 132 municipios.
El Clan del Golfo. También denominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia, esta banda cuenta, según recoge el informe de la FIP, con 1.900 integrantes repartidos principalmente en la región de Urabá, en el sur de Córdoba y en zonas urbanas o semiurbanas del Bajo Cauca. Este grupo se apoya también en miembros subcontratados a cambio de un sueldo, lo que complica el cálculo de su magnitud, que podría superar las 3.000 personas. Su origen se debe a la disgregación de otras organizaciones criminales, desde paramilitares de extrema derecha a guerrilleros marxistas. Su cabecilla se llama Dairo Antonio Úsuga, Otoniel. Primero se unió a la insurgencia maoísta y de allí pasó a las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ahora es uno los delincuentes más buscados del país. El Clan del Golfo se dedica al narcotráfico, a la minería, a la extorsión y a la tala ilegal.
Los Puntilleros. Esta banda, que consta del Bloque Meta y del Bloque Libertadores del Vichada, solo integra a 70 hombres en zonas concretas de 15 municipios de los Llanos Orientales, pero su papel es importante dentro de los engranajes de los mercados ilegales. “Este grupo opera más que todo como un puente y un facilitador para dinamizar las economías criminales del narcotráfico con segmentos de carácter transnacional”, señala el estudio. El Bloque Meta y el Bloque Libertadores del Vichada son un “producto de la desmovilización parcial de las AUC en 2006”. Las dos ramas “centran su financiación en el narcotráfico, donde su principal función es la transformación, comercialización interna y el control de un segmento de la ruta de salida” de distintos corredores.
Los Pelusos. Este grupo se sigue autodenominando Ejército Popular de Liberación (EPL), intentando incidir en su naturaleza insurgente, pero se trata una banda nacida de la disidencia de esa guerrilla, ya desmovilizada. Opera principalmente en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y cuenta con 132 miembros, según datos oficiales. “Está tomando ventaja”, explica la FIP, “de la desactivación de las FARC y estaría actuando en conjunto con el ELN, grupo que al mismo tiempo busca posicionarse militar, política y socialmente con miras a un proceso de negociación”. “El EPL”, prosigue el estudio, “conserva tácticas de guerra de guerrillas, tiene capacidad de afectar a integrantes de la fuerza pública”.
La Fundación Ideas para la Paz explica que a estas organizaciones se añaden en el territorio “grupos delincuenciales organizados o GDO y saboteadores armados”. “Son grupos de menor envergadura, con alcance territorial limitado, pero con capacidad para enfrentar o resistir la acción del Estado y, sobre todo, de afectar la seguridad de las personas”, alerta el organismo. Los integran paramilitares desmovilizados, desertores de las guerrillas, sicarios, pandilleros y delincuentes comunes. Se trata de Los Rastrojos, La Cordillera, Los Buitragueños, Los Botalones, Los Caqueteños, Los Costeños, Los Pachenca y el Clan Isaza.
Los Rastrojos. Esta banda la creó Wilber Varela, Jabón, en 2002, quien nombró a Diego Pérez Henao, Diego Rastrojo, como número dos. Son un reducto de aproximadamente 80 integrantes que opera en la frontera con Venezuela. “Allí habrían quedado replegados en 2013” tras enfrentarse al Clan del Golfo. “A pesar de esto, se han venido fortaleciendo con integrantes venezolanos y en territorio venezolano en la zona de El Guayabo, La Fría, La Grita y Vigilancia”, apunta la FIP.
La Cordillera. El grupo nació en los noventa para controlar el narcotráfico en la ciudad de Pereira:“La violencia que ejerce, también genera impacto humanitario. Sobresale el desplazamiento intraurbano, la imposición de normas de conducta y el reclutamiento de menores para realizar actividades ilícitas”.
Los Buitragueños. La familia Buitrago creó las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) en el municipio de Monterrey (departamento de Casanare) en los setenta. “La principal actividad de esta organización es el narcotráfico, a partir de la cual lograron convertirse en nodo de una red de tráfico de cocaína que parte de Bolivia, pasa por Brasil y África y llega, finalmente, a mercados europeos”.
Los Botalones. Las principales actividades de esta banda son “el narcotráfico, el robo de hidrocarburos en el Magdalena Medio [a su paso por el departamento de Santander], la extorsión, el contrabando, el tráfico de armas y el sicariato”.
Los Caqueteños. Creados por el exmilitar Alonso Mavesoy Lozada, Alonso, “la principal actividad de esta estructura es el narcotráfico trasnacional hacia Brasil y Perú, donde se encargan de pasar la droga a traficantes de estos países quienes la comercializan en Estados Unidos y Europa”.
Los Costeños. Nacidos a partir de 2013 por el debilitamiento de Los Rastrojos en la Costa Caribe. “Esta organización se dedica, principalmente, al tráfico de drogas y armas de fuego en la zona costera que une a Cartagena y Barranquilla”.
Los Pachenca. Este grupo, destaca la FIP, “tiene actividades en ámbitos locales, como las extorsiones y el sicariato, al igual que otras con alcance transnacional, como el narcotráfico”. Operan principalmente en el Magdalena y en parte de La Guajira.
El Clan Isaza. De ejército privado se convirtieron en un grupo que presta “servicios de seguridad a narcotraficantes, por medio de un sistema de arriendo y custodia de fincas, en las que se montan laboratorios de procesamiento de droga”.
