“Sólo dicen que soy defensor del MAS y no analizan lo que se hace”
Dice que busca una Defensoría que sea una especie de “asesor crítico” del Gobierno.
Página Siete / La Paz
David Tezanos Pinto, el defensor del Pueblo, está en medio de un vendaval de críticas. Lo acusan de ser el defensor del presidente Evo Morales y hasta piden su renuncia. Él asegura que su gestión se basa en el marxismo y en el enfoque internacional de derechos humanos. Dice que quiere darle a su oficina un perfil de "asesor crítico” del Gobierno y aspira a que sus informes sean útiles para las instituciones y no sólo persecutores.
Su gestión ha empezado en forma controvertida y polémica. ¿Cómo evalúa usted esta primera etapa?
Mi carta de presentación fue haber sido proyectista en temas de justicia, derechos humanos y derecho penal. Por eso, pretendía ser propositivo en cuanto a normativas o de políticas públicas. Respecto a los informes defensoriales, el corte que se ha querido dar es que éstos pueden ser útiles para las instituciones, que se constituyan en herramientas de trabajo por el carácter obligatorio que tienen que tener, toda vez que el solo limitarse a la detección de responsabilidades no tiene mayor aporte que el de apuntar a persecuciones y más bien el rol del Defensor tendría que ser de soluciones. He tratado de rescatar el viejo espíritu que también defienden otras defensorías del hemisferio como la de Argentina o la del Ecuador, que tratan acerca del asesor crítico, en sentido de que sería una instancia estatal que daría asesoramiento, propuestas y crítica con soluciones a los diferentes niveles de gobierno.
La controversia que se dio en Bolivia fue sesgada porque se decía que no debería ser Defensor del Pueblo un funcionario público, en la mayoría de los países no existe esta prohibición y el haber sido servidor público más bien genera un antecedente de conocimiento de administración de la cosa pública. Siempre he reconocido tener formación progresista, de alguna manera marxista, y en el caso del Defensor del Pueblo es totalmente coherente con la materia de derechos humanos. Una visión conservadora, retrógrada, fascista sería todo lo contrario a los derechos humanos.
¿Y ese marxismo no le hace cercano al Presidente y al Vicepresidente?
El marxismo es un método de reflexión y apunta a una interpretación de la realidad desde las reglas, así como desde el análisis de la dialéctica y precisamente hay que analizar y reflexionar sobre la realidad siempre con un análisis crítico, viendo las contradicciones que puede haber en una realidad y claro que hay que apostar siempre por fortalecer el trabajo hacia las poblaciones más desfavorecidas, apuntar a políticas de igualdad, que ése es el espíritu de los derechos humanos, apuntar a que haya igualdad de derechos.
La polémica también se dio porque el Presidente dijo que por fin había quien lo defienda cuando la misión de un Defensor es defender al ciudadano del Estado.
Habría que hacer análisis por método, abstrayéndonos de coyunturas y de personas, un buen ejemplo… me quedo pensativo.
¿Qué opina usted de esta declaración del Presidente?
En muchas situaciones los analistas se han limitado a señalar que mi persona estaría jugando ese rol de defensor del Gobierno y de defensor del MAS y no ingresan en el análisis de lo que se hace, este es el ejemplo de lo que estaba pensando, cuando se planteó el recurso de anticonstitucionalidad sobre la Ley General del Trabajo esto fue coherente con una visión protectora de los derechos de la clase trabajadora, cuando acontece lo de la acción popular no se considera ese capital moral de defensa de los derechos de los trabajadores cuando se me limita a ser defensor del Gobierno, en vez de analizar si les correspondían o no defender la salud para la población.
¿Le afecta cuando le dicen defensor del MAS o del Gobierno o de Evo?
Me parece que intelectualmente esa polémica es muy carente de argumentos, pero también es astuta porque genera frases que pegan, Defensor del MAS, Defensor del Gobierno, Defensor del Evo, pero no aterriza en desmenuzar si las acciones son coherentes con la teoría de los derechos humanos o los convenios y tratados internacionales, la Constitución.
¿A usted no le parece contradictorio que haya defendido a los trabajadores con el tema del preaviso y que ahora sea la COB y otros sindicatos que están pidiendo su renuncia?
Creo que la Central Obrera Boliviana y sus dirigentes, así como la clase trabajadora, sindicatos, están de acuerdo con lo que se ha hecho, sin embargo, siempre se van a escuchar voces disidentes. A Guido Mitma yo le tengo mucho aprecio. En el caso de la acción popular hay que tener la total certeza de que se ha defendido el derecho a la salud por ser primigenio, porque sin vida no hay derechos; y está garantizado el derecho a la huelga y que esto se va a demostrar con el tiempo.
¿Usted podría decir que su labor en todos estos meses ha sido independiente realmente de los intereses del Gobierno? En el conflicto de los discapacitados, usted estuvo en medio de la polémica de la desmovilización.
Puedo afirmar que estoy siendo independiente y coherente con lo que mandan los convenios y tratados internacionales y las leyes. En el tema de la movilización, ésta terminó con una salida en la que todos los compromisos los asumió la Defensoría del Pueblo conjuntamente con las personas de la caravana. Muchos de ellos hasta el presente concurren a la oficina para coordinar actividades, se ha podido aportar en el proyecto para hacer efectivo un bono, hubo desinformación respecto a aquellas personas que necesitaban retornar a sus hogares y ya se encontraban cinco días desmovilizadas, entonces a veces la solidaridad de uno no es aceptada ni tolerada por personas.
¿Se refiere al aporte económico que usted les hizo para que volvieran a sus regiones?
Exactamente, me refiero a que les ayudé a poder volver a sus regiones cuando estaban ya desmovilizados, no tenían medios de ninguna repartición del Estado y también habían sido negados por su propia organización que sí tenía formas de colaborarles.
Usted dice que se garantiza el derecho a la huelga, sin embargo, en el caso de los médicos no pueden suspender la atención médica. ¿Cómo se garantizan los dos derechos?
El límite lo ha puesto la Constitución en el artículo 8 al señalar que los servicios de salud son ininterrumpidos y también el artículo 135 de la misma Constitución cuando se refiere a la acción popular, señala que esta podrá interponerse cuando la salubridad, entre otros aspectos que afectan al interés colectivo, se vean amenazados o vulnerados; esto implica que no puede parar ninguna cirugía programada, ninguna diálisis, ninguna persona que está recibiendo tratamiento por alguna dolencia especial y todo esto es en resguardo de la vida, en cambio para el resto de los derechos a la huelga no habría una excepción.
¿Qué le respondería usted a los pedidos que están haciendo estos sectores para que renuncie?
Reflexionar sobre los contenidos y alcances de la Constitución Política del Estado de la resolución de la acción popular, ver la coherencia que se tiene que tener en la defensa de los derechos, la clase trabajadora tiene que poner siempre en lo más alto la salud y la educación, y no podría sostenerse que el derecho a no trabajar estaría por encima del derecho a la salud.
¿De manera que usted no va a escuchar los pedidos de renuncia, no está usted en sus planes?
Yo no me aferro a ningún nombramiento, solo estoy defendiendo lo que por coherencia tiene que defenderse, pensando en intereses colectivos y no por presiones que tienden mezquindades.
¿No cree que los médicos también necesitarían ser defendidos por usted, tomando encuentra que el Gobierno está aplicando medidas en su contra?
Todos los sectores tienen derechos y hay que protegerlos, sin embargo, uno no puede entrar en la contradicción de anteponer derechos mezquinos por encima de intereses colectivos estructurales. Defender el derecho a la salud no es mellar los derechos de los médicos.
El alcalde Revilla ha señalado que recurrirá a usted para evitar los bloqueos de las juntas vecinales. ¿También actuará usted como lo hizo con los médicos?
En estos casos y en todos, lo que hay que generar es el escenario del diálogo. Hemos convocado en diferentes escenarios a que se puedan establecer mesas para la solución pacífica. En los casos que ha correspondido hemos recurrido a un recurso constitucional, sin embargo, hay que medir que la acción que se pueda interponer no genere un conflicto mayor o pueda entorpecer los intereses colectivos. En este caso, nos hemos dirigido al alcalde Revilla y a los diferentes agentes porque creemos que el primer rol que se tiene que jugar es el de la disuasión.
Según su criterio, ¿cuáles son los grupos más vulnerables en cuanto a violación de derechos humanos en Bolivia?
Todos los grupos en situación de vulnerabilidad sufren menoscabo y es necesario ver que esto también surge desde la pasividad de las instancias, asimismo, por falta de conciencia, como en casos de discriminación, racismo, violencia contra la mujer, niñez, adolescencia, al ser estas violaciones recurrentes desde la estructura patriarcal, existen afectación de derechos desde la familia, la sociedad y el Estado.
¿Y qué responsabilidad tiene el Estado en esa situación, concretamente el Gobierno?
Desde el nivel central el traslado de políticas públicas, la generación de normativa progresista sobre el desarrollo de los derechos humanos, a la par de los convenios y los tratados internacionales. Lo mínimo que puede hacer el nivel Ejecutivo y el Legislativo es trabajar siempre bajo este manto, estas responsabilidades descienden de igual manera los niveles departamentales de gobierno y los municipales en el marco de sus competencias.
Sin embargo, pareciera que Bolivia tiene normativa muy progresista, pero en los hechos sigue habiendo crímenes de odio, feminicidios y otros.
Queda mucho trabajo en materia de prevención, es necesario superar la visión punitivista.
¿Usted cree que realmente el Estado no viola los derechos humanos, como argumentan algunas autoridades para justificar la salida del Alto Comisionado de Naciones Unidas?
El trabajo de derechos humanos tiene que ser permanente. Respecto al Alto Comisionado, esta es una repartición que no existe en todos los Estados. Sí, efectivamente se violan los derechos humanos desde la pasividad, se está avanzando con cierta agresividad en el desarrollo normativo, hay muchos desafíos en materia de implementación.
¿Usted cree que hay perseguidos políticos en Bolivia?
Tiene que haber responsabilidad por la función pública, así como por los actos. Es importante en este primer término o punto ver que en Bolivia no se generaron normas efectivas contra la corrupción hasta la Ley 004 y no se puede limitar la crítica de supuestas o hipotéticas persecuciones políticas a la defensa de personas que tienen que asumir responsabilidades y procesos por los hechos en los que hayan estado involucradas, de otro lado, pueden haber contradicciones, excesos, injusticias y ante estas circunstancias las defensas tienen que ser jurídicas, porque sólo alegar una situación o trasfondo político no le favorece en el agotamiento de recursos ni la posibilidad de descargar responsabilidades.
¿Cree que hay libertad de expresión plena en Bolivia?
Existe libertad de manifestar oposición, divergencia, disidencia al interior de los diferentes partidos políticos, de los diferentes medios de comunicación y es normal que en esto haya también controversia, por un lado, porque puede haber excesos de cualquiera de los lados desde el uso antiético de la libertad de expresión, un uso abusivo que vulnera los derechos de otros, así como casos en los que puede haber también afectaciones al ejercicio de la libertad de expresión. Hay que apostar porque en todos los casos se establezcan las responsabilidades desde que nace un uso antiético de la libertad de expresión hasta desde quien restringe o limita indebidamente este ejercicio.
¿Cómo le ha ido con la campaña para la liberación de los detenidos en Chile?
La campaña "Liberen a los 9” fue un mensaje a Chile para encontrar una salida en el marco de lo legal, restableciendo la libertad de los nueve, para dar fortaleza a los nueve y a sus familias, así como la de hacer vigente esta situación de reivindicación en el ámbito técnico penal, sin embargo, la última palabra está en la propia decisión de los nueve, y se ve que ellos están anteponiendo su libertad, su vida, antes que un tema de reivindicación jurídica.
¿Eso le parece bien, que se declaren casi culpables?
Es la contradicción en la que se encuentran las personas en privación de libertad y las diferentes posibilidades que se tienen, pueden también tornarse más duras, asumiendo el tormento de estar en una cárcel y es muy humano ver que habría una resignación que antepone en la tranquilidad de sus familias por encima de lo que es el papel que establece una situación jurídica.
Página Siete / La PazDavid Tezanos Pinto, el defensor del Pueblo, está en medio de un vendaval de críticas. Lo acusan de ser el defensor del presidente Evo Morales y hasta piden su renuncia. Él asegura que su gestión se basa en el marxismo y en el enfoque internacional de derechos humanos. Dice que quiere darle a su oficina un perfil de "asesor crítico” del Gobierno y aspira a que sus informes sean útiles para las instituciones y no sólo persecutores.
Su gestión ha empezado en forma controvertida y polémica. ¿Cómo evalúa usted esta primera etapa?
Mi carta de presentación fue haber sido proyectista en temas de justicia, derechos humanos y derecho penal. Por eso, pretendía ser propositivo en cuanto a normativas o de políticas públicas. Respecto a los informes defensoriales, el corte que se ha querido dar es que éstos pueden ser útiles para las instituciones, que se constituyan en herramientas de trabajo por el carácter obligatorio que tienen que tener, toda vez que el solo limitarse a la detección de responsabilidades no tiene mayor aporte que el de apuntar a persecuciones y más bien el rol del Defensor tendría que ser de soluciones. He tratado de rescatar el viejo espíritu que también defienden otras defensorías del hemisferio como la de Argentina o la del Ecuador, que tratan acerca del asesor crítico, en sentido de que sería una instancia estatal que daría asesoramiento, propuestas y crítica con soluciones a los diferentes niveles de gobierno.
La controversia que se dio en Bolivia fue sesgada porque se decía que no debería ser Defensor del Pueblo un funcionario público, en la mayoría de los países no existe esta prohibición y el haber sido servidor público más bien genera un antecedente de conocimiento de administración de la cosa pública. Siempre he reconocido tener formación progresista, de alguna manera marxista, y en el caso del Defensor del Pueblo es totalmente coherente con la materia de derechos humanos. Una visión conservadora, retrógrada, fascista sería todo lo contrario a los derechos humanos.
¿Y ese marxismo no le hace cercano al Presidente y al Vicepresidente?
El marxismo es un método de reflexión y apunta a una interpretación de la realidad desde las reglas, así como desde el análisis de la dialéctica y precisamente hay que analizar y reflexionar sobre la realidad siempre con un análisis crítico, viendo las contradicciones que puede haber en una realidad y claro que hay que apostar siempre por fortalecer el trabajo hacia las poblaciones más desfavorecidas, apuntar a políticas de igualdad, que ése es el espíritu de los derechos humanos, apuntar a que haya igualdad de derechos.
La polémica también se dio porque el Presidente dijo que por fin había quien lo defienda cuando la misión de un Defensor es defender al ciudadano del Estado.
Habría que hacer análisis por método, abstrayéndonos de coyunturas y de personas, un buen ejemplo… me quedo pensativo.
¿Qué opina usted de esta declaración del Presidente?
En muchas situaciones los analistas se han limitado a señalar que mi persona estaría jugando ese rol de defensor del Gobierno y de defensor del MAS y no ingresan en el análisis de lo que se hace, este es el ejemplo de lo que estaba pensando, cuando se planteó el recurso de anticonstitucionalidad sobre la Ley General del Trabajo esto fue coherente con una visión protectora de los derechos de la clase trabajadora, cuando acontece lo de la acción popular no se considera ese capital moral de defensa de los derechos de los trabajadores cuando se me limita a ser defensor del Gobierno, en vez de analizar si les correspondían o no defender la salud para la población.
¿Le afecta cuando le dicen defensor del MAS o del Gobierno o de Evo?
Me parece que intelectualmente esa polémica es muy carente de argumentos, pero también es astuta porque genera frases que pegan, Defensor del MAS, Defensor del Gobierno, Defensor del Evo, pero no aterriza en desmenuzar si las acciones son coherentes con la teoría de los derechos humanos o los convenios y tratados internacionales, la Constitución.
¿A usted no le parece contradictorio que haya defendido a los trabajadores con el tema del preaviso y que ahora sea la COB y otros sindicatos que están pidiendo su renuncia?
Creo que la Central Obrera Boliviana y sus dirigentes, así como la clase trabajadora, sindicatos, están de acuerdo con lo que se ha hecho, sin embargo, siempre se van a escuchar voces disidentes. A Guido Mitma yo le tengo mucho aprecio. En el caso de la acción popular hay que tener la total certeza de que se ha defendido el derecho a la salud por ser primigenio, porque sin vida no hay derechos; y está garantizado el derecho a la huelga y que esto se va a demostrar con el tiempo.
¿Usted podría decir que su labor en todos estos meses ha sido independiente realmente de los intereses del Gobierno? En el conflicto de los discapacitados, usted estuvo en medio de la polémica de la desmovilización.
Puedo afirmar que estoy siendo independiente y coherente con lo que mandan los convenios y tratados internacionales y las leyes. En el tema de la movilización, ésta terminó con una salida en la que todos los compromisos los asumió la Defensoría del Pueblo conjuntamente con las personas de la caravana. Muchos de ellos hasta el presente concurren a la oficina para coordinar actividades, se ha podido aportar en el proyecto para hacer efectivo un bono, hubo desinformación respecto a aquellas personas que necesitaban retornar a sus hogares y ya se encontraban cinco días desmovilizadas, entonces a veces la solidaridad de uno no es aceptada ni tolerada por personas.
¿Se refiere al aporte económico que usted les hizo para que volvieran a sus regiones?
Exactamente, me refiero a que les ayudé a poder volver a sus regiones cuando estaban ya desmovilizados, no tenían medios de ninguna repartición del Estado y también habían sido negados por su propia organización que sí tenía formas de colaborarles.
Usted dice que se garantiza el derecho a la huelga, sin embargo, en el caso de los médicos no pueden suspender la atención médica. ¿Cómo se garantizan los dos derechos?
El límite lo ha puesto la Constitución en el artículo 8 al señalar que los servicios de salud son ininterrumpidos y también el artículo 135 de la misma Constitución cuando se refiere a la acción popular, señala que esta podrá interponerse cuando la salubridad, entre otros aspectos que afectan al interés colectivo, se vean amenazados o vulnerados; esto implica que no puede parar ninguna cirugía programada, ninguna diálisis, ninguna persona que está recibiendo tratamiento por alguna dolencia especial y todo esto es en resguardo de la vida, en cambio para el resto de los derechos a la huelga no habría una excepción.
¿Qué le respondería usted a los pedidos que están haciendo estos sectores para que renuncie?
Reflexionar sobre los contenidos y alcances de la Constitución Política del Estado de la resolución de la acción popular, ver la coherencia que se tiene que tener en la defensa de los derechos, la clase trabajadora tiene que poner siempre en lo más alto la salud y la educación, y no podría sostenerse que el derecho a no trabajar estaría por encima del derecho a la salud.
¿De manera que usted no va a escuchar los pedidos de renuncia, no está usted en sus planes?
Yo no me aferro a ningún nombramiento, solo estoy defendiendo lo que por coherencia tiene que defenderse, pensando en intereses colectivos y no por presiones que tienden mezquindades.
¿No cree que los médicos también necesitarían ser defendidos por usted, tomando encuentra que el Gobierno está aplicando medidas en su contra?
Todos los sectores tienen derechos y hay que protegerlos, sin embargo, uno no puede entrar en la contradicción de anteponer derechos mezquinos por encima de intereses colectivos estructurales. Defender el derecho a la salud no es mellar los derechos de los médicos.
El alcalde Revilla ha señalado que recurrirá a usted para evitar los bloqueos de las juntas vecinales. ¿También actuará usted como lo hizo con los médicos?
En estos casos y en todos, lo que hay que generar es el escenario del diálogo. Hemos convocado en diferentes escenarios a que se puedan establecer mesas para la solución pacífica. En los casos que ha correspondido hemos recurrido a un recurso constitucional, sin embargo, hay que medir que la acción que se pueda interponer no genere un conflicto mayor o pueda entorpecer los intereses colectivos. En este caso, nos hemos dirigido al alcalde Revilla y a los diferentes agentes porque creemos que el primer rol que se tiene que jugar es el de la disuasión.
Según su criterio, ¿cuáles son los grupos más vulnerables en cuanto a violación de derechos humanos en Bolivia?
Todos los grupos en situación de vulnerabilidad sufren menoscabo y es necesario ver que esto también surge desde la pasividad de las instancias, asimismo, por falta de conciencia, como en casos de discriminación, racismo, violencia contra la mujer, niñez, adolescencia, al ser estas violaciones recurrentes desde la estructura patriarcal, existen afectación de derechos desde la familia, la sociedad y el Estado.
¿Y qué responsabilidad tiene el Estado en esa situación, concretamente el Gobierno?
Desde el nivel central el traslado de políticas públicas, la generación de normativa progresista sobre el desarrollo de los derechos humanos, a la par de los convenios y los tratados internacionales. Lo mínimo que puede hacer el nivel Ejecutivo y el Legislativo es trabajar siempre bajo este manto, estas responsabilidades descienden de igual manera los niveles departamentales de gobierno y los municipales en el marco de sus competencias.
Sin embargo, pareciera que Bolivia tiene normativa muy progresista, pero en los hechos sigue habiendo crímenes de odio, feminicidios y otros.
Queda mucho trabajo en materia de prevención, es necesario superar la visión punitivista.
¿Usted cree que realmente el Estado no viola los derechos humanos, como argumentan algunas autoridades para justificar la salida del Alto Comisionado de Naciones Unidas?
El trabajo de derechos humanos tiene que ser permanente. Respecto al Alto Comisionado, esta es una repartición que no existe en todos los Estados. Sí, efectivamente se violan los derechos humanos desde la pasividad, se está avanzando con cierta agresividad en el desarrollo normativo, hay muchos desafíos en materia de implementación.
¿Usted cree que hay perseguidos políticos en Bolivia?
Tiene que haber responsabilidad por la función pública, así como por los actos. Es importante en este primer término o punto ver que en Bolivia no se generaron normas efectivas contra la corrupción hasta la Ley 004 y no se puede limitar la crítica de supuestas o hipotéticas persecuciones políticas a la defensa de personas que tienen que asumir responsabilidades y procesos por los hechos en los que hayan estado involucradas, de otro lado, pueden haber contradicciones, excesos, injusticias y ante estas circunstancias las defensas tienen que ser jurídicas, porque sólo alegar una situación o trasfondo político no le favorece en el agotamiento de recursos ni la posibilidad de descargar responsabilidades.
¿Cree que hay libertad de expresión plena en Bolivia?
Existe libertad de manifestar oposición, divergencia, disidencia al interior de los diferentes partidos políticos, de los diferentes medios de comunicación y es normal que en esto haya también controversia, por un lado, porque puede haber excesos de cualquiera de los lados desde el uso antiético de la libertad de expresión, un uso abusivo que vulnera los derechos de otros, así como casos en los que puede haber también afectaciones al ejercicio de la libertad de expresión. Hay que apostar porque en todos los casos se establezcan las responsabilidades desde que nace un uso antiético de la libertad de expresión hasta desde quien restringe o limita indebidamente este ejercicio.
¿Cómo le ha ido con la campaña para la liberación de los detenidos en Chile?
La campaña "Liberen a los 9” fue un mensaje a Chile para encontrar una salida en el marco de lo legal, restableciendo la libertad de los nueve, para dar fortaleza a los nueve y a sus familias, así como la de hacer vigente esta situación de reivindicación en el ámbito técnico penal, sin embargo, la última palabra está en la propia decisión de los nueve, y se ve que ellos están anteponiendo su libertad, su vida, antes que un tema de reivindicación jurídica.
¿Eso le parece bien, que se declaren casi culpables?
Es la contradicción en la que se encuentran las personas en privación de libertad y las diferentes posibilidades que se tienen, pueden también tornarse más duras, asumiendo el tormento de estar en una cárcel y es muy humano ver que habría una resignación que antepone en la tranquilidad de sus familias por encima de lo que es el papel que establece una situación jurídica.
