Opositores creen que no corresponde una condecoración a los 9 detenidos en Chile
Los diputados Barrientos, Barral y Piérola se mostraron contrarios a que el Gobierno condecore a los nueve bolivianos.
ANF
Los opositores de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano aseguraron que no corresponde una condecoración a los nueve bolivianos detenidos en Chile por más de tres meses. Y culpan al Gobierno por no utilizar la vía diplomática para solucionar este conflicto.
Los diputados Gonzalo Barrientos y Amilcar Barral (UD), por separado, manifestaron que lamentablemente el Gobierno en vez de ayudar perjudicó a los dos militares y siete aduaneros que el 19 de marzo fueron detenidos por carabineros de Chile.
"No corresponde una condecoración” declaró el diputado Barrientos al expresar su rechazo porque Chile vulneró los derechos de los ciudadanos bolivianos, pero también criticó al Gobierno por usar de manera "demagógica” y "política” la situación de los detenidos.
El diputado Barral se sumó a las observaciones y lamentó que las autoridades no hayan privilegiado la vía diplomática para resolver el conflicto que se produjo cuando fueron detenidos por los Carabineros.
"Condecorarlos por lo que ellos han ido a confesar que han robado y con violencia, por eso les han sentenciado y mucho más decir que son mártires. Lo han politizado a tal punto que el MAS, parece que como cortinas de humo quiere seguir manteniendo el tema”, sostuvo.
Para el legislador no está totalmente claro las circunstancias en que se produjo los hechos aquel 19 de marzo. "O estaban cumpliendo su trabajo o estaban cometiendo un delito”, sostuvo, al proponer que una vez que lleguen al país deberían ser sometidos a un sumario investigativo.
El diputado Lino Cárdenas (MAS) en respuesta a Barral le dijo que no tiene moral para cuestionar a los nueve detenidos, porque fue sancionado por "extorsionar” a uno de sus funcionarios. "Su voz y su palabra no es creíble”, sostuvo.
La diputada Norma Piérola (PDC) lamentó la falta de diplomacia para resolver este caso de los detenidos, y manifestó que la sentencia de Chile debe ejecutarse en Bolivia y los militares y aduaneros tiene que ser destituidos de sus cargos:
Otra es la opinión del diputado Lino Cárdenas (MAS) quien cree que los nueve ciudadanos merecen "un reconocimiento” por el pueblo y Gobierno boliviano, porque fueron objeto de atropellos por el Gobierno y la Justicia chilena.
Reiteró que la sentencia de Chile es "política” una "venganza” porque Bolivia llevó a ese país al más alto tribunal de justicia de la Organización de Naciones Unidas, para que resuelva el diferendo marítimo.
Cárdenas dijo que las afirmaciones de los opositores es la "voz de un sector ultraconservador que no representa a toda la oposición. Aparte que han sido sancionados y torturados se pretenda seguir imponiendo castigos, no puede ser”, afirmó.
Los bolivianos fueron acusados por portación ilegal de armas, contrabando y robo con violencia. Después de más de los tres meses detenidos en la cárcel de Alto Hospicio resolvieron acogerse al procedimiento abreviado como una vía para salir de la cárcel.
El 19 de marzo, el Gobierno boliviano denunció el hecho como "secuestro" y que fueron "torturados" que no habían pasado la frontera y que fundamentalmente eran inocentes de los cargos, porque cumplían una labor de lucha contra el contrabando. Pero Chile además de acusarlos de los tres delitos, la presidenta Michel Bachelet los acusó de delincuentes porque querían robarse nueve camiones, una declaración que no fue sustentada ni demostrada.
Los opositores de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano aseguraron que no corresponde una condecoración a los nueve bolivianos detenidos en Chile por más de tres meses. Y culpan al Gobierno por no utilizar la vía diplomática para solucionar este conflicto.
Los diputados Gonzalo Barrientos y Amilcar Barral (UD), por separado, manifestaron que lamentablemente el Gobierno en vez de ayudar perjudicó a los dos militares y siete aduaneros que el 19 de marzo fueron detenidos por carabineros de Chile.
"No corresponde una condecoración” declaró el diputado Barrientos al expresar su rechazo porque Chile vulneró los derechos de los ciudadanos bolivianos, pero también criticó al Gobierno por usar de manera "demagógica” y "política” la situación de los detenidos.
El diputado Barral se sumó a las observaciones y lamentó que las autoridades no hayan privilegiado la vía diplomática para resolver el conflicto que se produjo cuando fueron detenidos por los Carabineros.
"Condecorarlos por lo que ellos han ido a confesar que han robado y con violencia, por eso les han sentenciado y mucho más decir que son mártires. Lo han politizado a tal punto que el MAS, parece que como cortinas de humo quiere seguir manteniendo el tema”, sostuvo.
Para el legislador no está totalmente claro las circunstancias en que se produjo los hechos aquel 19 de marzo. "O estaban cumpliendo su trabajo o estaban cometiendo un delito”, sostuvo, al proponer que una vez que lleguen al país deberían ser sometidos a un sumario investigativo.
El diputado Lino Cárdenas (MAS) en respuesta a Barral le dijo que no tiene moral para cuestionar a los nueve detenidos, porque fue sancionado por "extorsionar” a uno de sus funcionarios. "Su voz y su palabra no es creíble”, sostuvo.
La diputada Norma Piérola (PDC) lamentó la falta de diplomacia para resolver este caso de los detenidos, y manifestó que la sentencia de Chile debe ejecutarse en Bolivia y los militares y aduaneros tiene que ser destituidos de sus cargos:
Otra es la opinión del diputado Lino Cárdenas (MAS) quien cree que los nueve ciudadanos merecen "un reconocimiento” por el pueblo y Gobierno boliviano, porque fueron objeto de atropellos por el Gobierno y la Justicia chilena.
Reiteró que la sentencia de Chile es "política” una "venganza” porque Bolivia llevó a ese país al más alto tribunal de justicia de la Organización de Naciones Unidas, para que resuelva el diferendo marítimo.
Cárdenas dijo que las afirmaciones de los opositores es la "voz de un sector ultraconservador que no representa a toda la oposición. Aparte que han sido sancionados y torturados se pretenda seguir imponiendo castigos, no puede ser”, afirmó.
Los bolivianos fueron acusados por portación ilegal de armas, contrabando y robo con violencia. Después de más de los tres meses detenidos en la cárcel de Alto Hospicio resolvieron acogerse al procedimiento abreviado como una vía para salir de la cárcel.
El 19 de marzo, el Gobierno boliviano denunció el hecho como "secuestro" y que fueron "torturados" que no habían pasado la frontera y que fundamentalmente eran inocentes de los cargos, porque cumplían una labor de lucha contra el contrabando. Pero Chile además de acusarlos de los tres delitos, la presidenta Michel Bachelet los acusó de delincuentes porque querían robarse nueve camiones, una declaración que no fue sustentada ni demostrada.
