Macron busca una mayoría amplia para emprender sus reformas
El nuevo presidente francés confía en la mayoría parlamentaria para poner en marcha las reformas
Marc Bassets
París, El País
Seguro de su victoria en las elecciones legislativas de este domingo y el próximo, Emmanuel Macron se prepara para poner en marcha su plan para sacar a Francia el estancamiento de los últimos años. El nuevo presidente francés confía en una mayoría amplia que le permita aprobar las primeras reformas —desde la desregulación el mercado laboral a la llamada moralización de la vida pública— antes de que sus detractores recompongan sus fuerzas.
El triunfo del macronismo puede dejar la Asamblea Nacional en manos de una sólo partido, la República en marcha (LRM), y sin una oposición digna de ese nombre.
“Ola o tsunami”, titula el diario Libération en su edición del fin de semana. Si los sondeos no yerran estrepitosamente, la incógnita no es si LRM ganará la mayoría de los 577 escaños, uno por circunscripción, sino las dimensiones de la victoria. No se resolverá el 11 de junio. Ese día, lo que sabremos es qué candidatos se han clasificado a la segunda vuelta en cada uno de las circunscripciones. La configuración de la nueva Asamblea Nacional se conocerá el 18 de junio.
Quizá por la fatiga de las intensas elecciones presidenciales del 23 de abril y 7 de mayo, esta ha sido una campaña discreta de todos los candidatos, sin grandes mítines y con pocos debates. Todos los actores —gobierno, oposición de derechas e izquierdas, sindicatos— se preparan para el día siguiente.
Una de las figuras clave en la batalla que empieza el 19 de junio es Jean-Claude Mailly, secretario general del sindicato Fuerza Obrera (FO). Mailly recibe a un grupo de corresponsales en la sede de FO, el tercer sindicato tras la reformista CFDT y el más izquierdista CGT. Acaba de filtrarse un documento del trabajo del Gobierno sobre la reforma laboral. El documento va más allá de lo que Mailly y los dirigentes de las otras centrales habían hablado con Macron.
“Si realmente esto es lo que quieren hacer, no se aceptará”, amenaza Mailly.
El sindicalista previene contra la idea según la cual la victoria rotunda en las presidenciales da legitimidad a Macron para imponer una reforma que liberalizaría el mercado laboral. La reforma pondría un tope a las indemnizaciones por despido injustificado y daría prioridad a los acuerdos entre sindicatos y patronal en el ámbito de cada empresa, más que sectorial.
“Muchos votaron [a Macron] para frenar al [partido de extrema derecha] Frente Nacional. Debe tenerlo en cuenta”, sostiene Mailly. “En Francia”, dice, “hay una cólera verdadera”.
A Mailly no le escapa la habilidad negociadora de Macron. “Todo el mundo lo dice, y no es falso, que es encantador, un seductor. Pero yo no me dejo enredar”.
Macron ha evitado desvelar los detalles. Prefiere esperar a que pasen las legislativas para pisar el acelerador. Quiere que la reforma esté aprobada a finales de septiembre, lo que deja poco tiempo a los sindicatos para movilizarse. En caso de cumplirlo, le permitirá enviar un mensaje fuerte a la Alemania de Angela Merkel, que desconfía de la capacidad de cualquier presidente francés para romper los bloqueos sociales y económicos.
Otra figura clave en las primeras reformas de Macron es el diputado saliente René Dosière, un veterano socialista que recibe el apodo de Monsieur Propre (que es el nombre de un conocido producto de limpieza, y significa señor Limpio). Dosière impulsó en el pasado varias leyes de transparencia, o “moralización”, como dicen en Francia. Ahora Dosière ha participado, con una propuesta específica de ley, en la segunda gran iniciativa de Macron, adoptada en un contexto de sospecha hacia la clase política por casos de nepotismo y conflictos de interés.
Dosière es escéptico ante el proyecto del ministro de Justicia, François Bayrou, proyecto que describe como “una bella operación de comunicación”. El documento contempla limitar a tres los mandatos sucesivos de los cargos electos, prohibir a los diputados y ministros emplear a familiares y acotar las actividades paralelas de los parlamentarios, entre otras medias. El texto se presentará el miércoles al Consejo de Ministros y debería aprobarse en otoño.
“Mi sensación es que hay aspectos interesantes, pero que se asienta en una legislación que ya es importante”, dice Dosière en un almuerzo con periodistas. Es decir, Macron quiere presentar su esfuerzo como una novedad, cuando otros presidentes aprobaron leyes de calado en este terreno.
A esto se añaden las dudas sobre la “moralidad” de los impulsores de la ley. La Justicia ha abierto una investigación sobre MoDem, el pequeño partido de Bayrou por supuestos empleos ficticios, y otro ministro, Richard Ferrand, está siendo investigado por un caso de conflicto de interés.
Hay un vínculo entre las reformas económicas y la voluntad de moralizar la política. “Cuando se pide a los franceses que ahorren, deben confiar en sus responsables políticos, y no confiarán si estos no son ejemplares”, dice Dosière.
Rachida Dati, que fue ministra con el presidente Nicolas Sarkozy y hoy es eurodiputada y alcaldesa del distrito VII de París, ofrecía hace unos días en un encuentro con corresponsales un consejo para Macron. “Es hábil, espabilado”, dijo Dati, en referencia a los primeros movimientos del presidente, con Donald Trump o Vladímir Putin. Pero añadió: “No hay que desconectarse de lo nacional”.
Sarko, que llegó al poder con la bandera de las reformas y se topó con la Gran Recesión, lo pagó caro: no salió reelegido. Macron quiere desmentir que él sea un presidente como los demás, que Francia sea irreformable.
El riesgo de la emergencia perpetua
Además de la reforma laboral y la moralización de la vida pública, la lucha contra el terrorismo es la tercera prioridad de Emmanuel Macron en su inicio de mandato.
La filtración esta semana de un proyecto para convertir en ley el actual estado de emergencia —aprobado tras los atentados de noviembre de 2015 y repetidamente prolongado por el presidente socialista François Hollande— ha causado inquietud en algunas organizaciones de derechos civiles. Y ha enviado una señala clara: respecto a la política antiterrorista, no habrá ruptura. El centrista Macron continuará la política de su antecesor, el socialista François Hollande.
El estado de emergencia —o de urgencia, en la terminología francesa— permite al ministro del Interior y a los prefectos soslayar al poder judicial para limitar la circulación en lugares determinados, clausurar lugares de culto, ordenar registros y detenciones domiciliarias y controlar datos privados, entre otras medidas. Se basa en una ley adoptada en los años cincuenta, durante la guerra de Argelia. Antes de los atentados de 2015, se aplicó tres veces durante aquella guerra, otra en 1984 en el territorio de ultramar de Nueva Caledonia y otra en algunas zonas de la metrópolis durante los disturbios de 2005 en la banlieues.
El plan Macron contempla, en una primera etapa, prolongar el estado de emergencia, que vence el 15 de julio, hasta el 1 de noviembre. Este periodo debe dar margen al Gobierno del primer ministro Édouard Philippe para preparar la ley que permita salir de la excepcionalidad. La discusión es si se tratará de una ley antiterrorista, con algunos elementos del estado de emergencia, o si será una trasposición casi idéntica en el corpus legal de las medidas excepcionales.
Una diferencia entre el texto publicado por Le Monde y el actual estado de emergencia es que la nueva ley se ceñiría a cuestiones de terrorismo. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que el estado de emergencia se ha usado para limitar el derecho a la manifestación en las protestas de 2015 durante la cumbre del clima o las de 2016 contra la reforma laboral. El Consejo Constitucional dictaminó el viernes que estas medidas —basadas en la disposición del estado de emergencia que permite al prefecto prohibir desplazarse en un departamento o una parte de él— son anticonstitucionales.
París, El País
Seguro de su victoria en las elecciones legislativas de este domingo y el próximo, Emmanuel Macron se prepara para poner en marcha su plan para sacar a Francia el estancamiento de los últimos años. El nuevo presidente francés confía en una mayoría amplia que le permita aprobar las primeras reformas —desde la desregulación el mercado laboral a la llamada moralización de la vida pública— antes de que sus detractores recompongan sus fuerzas.
El triunfo del macronismo puede dejar la Asamblea Nacional en manos de una sólo partido, la República en marcha (LRM), y sin una oposición digna de ese nombre.
“Ola o tsunami”, titula el diario Libération en su edición del fin de semana. Si los sondeos no yerran estrepitosamente, la incógnita no es si LRM ganará la mayoría de los 577 escaños, uno por circunscripción, sino las dimensiones de la victoria. No se resolverá el 11 de junio. Ese día, lo que sabremos es qué candidatos se han clasificado a la segunda vuelta en cada uno de las circunscripciones. La configuración de la nueva Asamblea Nacional se conocerá el 18 de junio.
Quizá por la fatiga de las intensas elecciones presidenciales del 23 de abril y 7 de mayo, esta ha sido una campaña discreta de todos los candidatos, sin grandes mítines y con pocos debates. Todos los actores —gobierno, oposición de derechas e izquierdas, sindicatos— se preparan para el día siguiente.
Una de las figuras clave en la batalla que empieza el 19 de junio es Jean-Claude Mailly, secretario general del sindicato Fuerza Obrera (FO). Mailly recibe a un grupo de corresponsales en la sede de FO, el tercer sindicato tras la reformista CFDT y el más izquierdista CGT. Acaba de filtrarse un documento del trabajo del Gobierno sobre la reforma laboral. El documento va más allá de lo que Mailly y los dirigentes de las otras centrales habían hablado con Macron.
“Si realmente esto es lo que quieren hacer, no se aceptará”, amenaza Mailly.
El sindicalista previene contra la idea según la cual la victoria rotunda en las presidenciales da legitimidad a Macron para imponer una reforma que liberalizaría el mercado laboral. La reforma pondría un tope a las indemnizaciones por despido injustificado y daría prioridad a los acuerdos entre sindicatos y patronal en el ámbito de cada empresa, más que sectorial.
“Muchos votaron [a Macron] para frenar al [partido de extrema derecha] Frente Nacional. Debe tenerlo en cuenta”, sostiene Mailly. “En Francia”, dice, “hay una cólera verdadera”.
A Mailly no le escapa la habilidad negociadora de Macron. “Todo el mundo lo dice, y no es falso, que es encantador, un seductor. Pero yo no me dejo enredar”.
Macron ha evitado desvelar los detalles. Prefiere esperar a que pasen las legislativas para pisar el acelerador. Quiere que la reforma esté aprobada a finales de septiembre, lo que deja poco tiempo a los sindicatos para movilizarse. En caso de cumplirlo, le permitirá enviar un mensaje fuerte a la Alemania de Angela Merkel, que desconfía de la capacidad de cualquier presidente francés para romper los bloqueos sociales y económicos.
Otra figura clave en las primeras reformas de Macron es el diputado saliente René Dosière, un veterano socialista que recibe el apodo de Monsieur Propre (que es el nombre de un conocido producto de limpieza, y significa señor Limpio). Dosière impulsó en el pasado varias leyes de transparencia, o “moralización”, como dicen en Francia. Ahora Dosière ha participado, con una propuesta específica de ley, en la segunda gran iniciativa de Macron, adoptada en un contexto de sospecha hacia la clase política por casos de nepotismo y conflictos de interés.
Dosière es escéptico ante el proyecto del ministro de Justicia, François Bayrou, proyecto que describe como “una bella operación de comunicación”. El documento contempla limitar a tres los mandatos sucesivos de los cargos electos, prohibir a los diputados y ministros emplear a familiares y acotar las actividades paralelas de los parlamentarios, entre otras medias. El texto se presentará el miércoles al Consejo de Ministros y debería aprobarse en otoño.
“Mi sensación es que hay aspectos interesantes, pero que se asienta en una legislación que ya es importante”, dice Dosière en un almuerzo con periodistas. Es decir, Macron quiere presentar su esfuerzo como una novedad, cuando otros presidentes aprobaron leyes de calado en este terreno.
A esto se añaden las dudas sobre la “moralidad” de los impulsores de la ley. La Justicia ha abierto una investigación sobre MoDem, el pequeño partido de Bayrou por supuestos empleos ficticios, y otro ministro, Richard Ferrand, está siendo investigado por un caso de conflicto de interés.
Hay un vínculo entre las reformas económicas y la voluntad de moralizar la política. “Cuando se pide a los franceses que ahorren, deben confiar en sus responsables políticos, y no confiarán si estos no son ejemplares”, dice Dosière.
Rachida Dati, que fue ministra con el presidente Nicolas Sarkozy y hoy es eurodiputada y alcaldesa del distrito VII de París, ofrecía hace unos días en un encuentro con corresponsales un consejo para Macron. “Es hábil, espabilado”, dijo Dati, en referencia a los primeros movimientos del presidente, con Donald Trump o Vladímir Putin. Pero añadió: “No hay que desconectarse de lo nacional”.
Sarko, que llegó al poder con la bandera de las reformas y se topó con la Gran Recesión, lo pagó caro: no salió reelegido. Macron quiere desmentir que él sea un presidente como los demás, que Francia sea irreformable.
El riesgo de la emergencia perpetua
Además de la reforma laboral y la moralización de la vida pública, la lucha contra el terrorismo es la tercera prioridad de Emmanuel Macron en su inicio de mandato.
La filtración esta semana de un proyecto para convertir en ley el actual estado de emergencia —aprobado tras los atentados de noviembre de 2015 y repetidamente prolongado por el presidente socialista François Hollande— ha causado inquietud en algunas organizaciones de derechos civiles. Y ha enviado una señala clara: respecto a la política antiterrorista, no habrá ruptura. El centrista Macron continuará la política de su antecesor, el socialista François Hollande.
El estado de emergencia —o de urgencia, en la terminología francesa— permite al ministro del Interior y a los prefectos soslayar al poder judicial para limitar la circulación en lugares determinados, clausurar lugares de culto, ordenar registros y detenciones domiciliarias y controlar datos privados, entre otras medidas. Se basa en una ley adoptada en los años cincuenta, durante la guerra de Argelia. Antes de los atentados de 2015, se aplicó tres veces durante aquella guerra, otra en 1984 en el territorio de ultramar de Nueva Caledonia y otra en algunas zonas de la metrópolis durante los disturbios de 2005 en la banlieues.
El plan Macron contempla, en una primera etapa, prolongar el estado de emergencia, que vence el 15 de julio, hasta el 1 de noviembre. Este periodo debe dar margen al Gobierno del primer ministro Édouard Philippe para preparar la ley que permita salir de la excepcionalidad. La discusión es si se tratará de una ley antiterrorista, con algunos elementos del estado de emergencia, o si será una trasposición casi idéntica en el corpus legal de las medidas excepcionales.
Una diferencia entre el texto publicado por Le Monde y el actual estado de emergencia es que la nueva ley se ceñiría a cuestiones de terrorismo. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que el estado de emergencia se ha usado para limitar el derecho a la manifestación en las protestas de 2015 durante la cumbre del clima o las de 2016 contra la reforma laboral. El Consejo Constitucional dictaminó el viernes que estas medidas —basadas en la disposición del estado de emergencia que permite al prefecto prohibir desplazarse en un departamento o una parte de él— son anticonstitucionales.
