La sombra de los abusos sexuales llega por primera vez a la cúpula vaticana
La imputación del responsable de las finanzas del Vaticano, el cardenal George Pell, golpea dos de los grandes ejes de las reformas del papa Francisco
Daniel Verdú
Roma, El País
Las dos principales áreas de reforma del papa Francisco se vieron ayer golpeadas en la misma persona. George Pell, superministro de Finanzas del Vaticano, consejero directo del Pontífice y máxima autoridad eclesiástica de Australia, ha sido imputado por un caso múltiple de abusos a menores. A ello se suma su presunto encubrimiento masivo a sacerdotes. Es la primera vez que un escándalo de este tipo afecta a una autoridad vaticana de tan alto rango.
El día no podía ser peor. A las 8.30, justo antes de la gran misa oficiada por el Papa con motivo del día de San Pedro y San Pablo y con la mayoría de cardenales del mundo llegados al Vaticano para el Consistorio del día anterior, Pell comparecía ante los medios. Se sabía que había sido imputado por un caso múltiple de abusos a menores. Pero anunció que regresa a Australia para testificar el 18 de julio ante el juez. El Vaticano, al menos públicamente, le respalda y no le obliga a dimitir. “La Santa Sede recibe con desagrado la noticia del envío a juicio del cardenal [...] El Santo Padre le ha concedido un periodo de excedencia para poderse defender”.
El caso Pell, el mayor sufrido por una autoridad de tan alto rango en el Vaticano, tiene dos vertientes. Por un lado, su presunta implicación en los encubrimientos masivos de pederastia, que comienzan a finales de los setenta. Por otro, su supuesta participación directa en varios casos que han denunciado las víctimas. Por este último, investigado desde hace tiempo por la policía del Estado de Victoria, y por el que se le interrogó hace ocho meses en el Vaticano, ha resultado imputado.
Más de 4.000 denuncias
Pell ha dado la cara —no es habitual— y niega los hechos. “Estoy esperando que llegue mi día en el tribunal para defenderme, soy inocente de estos cargos. Son falsos. La completa idea de abuso sexual es aberrante para mí”. Y el Vaticano le dio su apoyo en un comunicado. “Ha condenado durante décadas abierta y repetidamente los abusos cometidos contra menores como actos inmorales e intolerables, ha cooperado en el pasado con las autoridades, ha apoyado la creación de una Pontificia Comisión para la tutela de menores y la prestación de ayuda a las víctimas de abusos”. Y es cierto, pero también se le investiga por lo contrario.
El cardenal, de 76 años y máxima autoridad de la Iglesia católica en Australia, ejerció como sacerdote en Ballarat, su localidad natal, entre 1979 y 1984. Un periodo en el que se produjeron decenas de casos de abusos a cargo de otro cura (Gerald Ridsale), que fue condenado a ocho años. Pell siempre negó conocer aquello. Pero también aseguró ignorar la mayoría de los 4.444 casos denunciados entre 1980 y 2015, muchos de los cuales se produjeron cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001, y de Sidney hasta 2014. Sin embargo, como relata Emiliano Fittipaldi, periodista de L’Espresso y autor del libro Lujuria, que trata este caso, en Australia se terminó pagando ocho millones de euros a víctimas a cambio de no volver a remover aquellos asuntos.
Fuentes cercanas al cardenal le definen como conservador, de fuerte carácter, obstinado y abiertamente contrario a la línea aperturista, especialmente en temas de familia, del Papa. Su ascenso en el Vaticano genera controversia y otras fuentes aseguran que Benedicto XVI, justamente, le descartó como jefe de los Obispos por sus antecedentes. Francisco le ha apoyado siempre. De hecho, su llegada a posiciones de extrema responsabilidad —forma parte del C9, el órgano que aconseja al Papa en sus reformas— responde a la voluntad de abrir la curia a distintas sensibilidades y periferias geográficas. Pero también a su buena fama como gestor.
El Papa dijo hace un año que hablaría cuando lo hiciese la justicia. Pero el caso Pell es un reflejo del enquistamiento de las reformas más importantes. La imputación llega solo una semana después de la renuncia del revisor de las finanzas del Vaticano, Libero Milone, por causas desconocidas. La Santa Sede pierde así a sus dos máximos exponentes en la materia y deberá buscar un nuevo plan. Pell, a sus 76 años y embarcado en un proceso que puede ser largo, tiene pocas posibilidades de volver. Sea o no culpable.
Una víctima: "Pell tendría que haberse marchado antes"
El Vaticano creó en 2014 una comisión para la tutela de los casos de abusos a menores. Además de miembros de la curia, integraba a dos víctimas de sacerdotes pederastas: Marie Collins y Peter Saunders. Era un gesto simbólico y también práctico para acercarse a la cuestión con mayor sensibilidad y conocimiento. Pero los dos terminaron marchándose. Saunders, por desavenencias con Pell. “Se toma como un juego la comisión y desprecia a los niños víctimas de abusos”, criticó. Más tarde, Collins siguió el mismo camino por las resistencias que encontró y por la falta de sensibilidad hacia las víctimas. En todo momento, Collins exculpó al Papa de los problemas que tuvo.
Ayer, por teléfono, Collins explicó a EL PAÍS que su marcha no se debió al caso Pell. Pero cree que debería haber sido apartado mucho antes, “cuando las acusaciones se hicieron públicas”. “No creo que pudiese quedarse en el Vaticano cuando había tantas víctimas en Australia que querían explicaciones. Siempre pensé que debía haberse ido a darlas”.
Marie Collins no se pronuncia sobre su caso, de hecho cree que debe ser un juez quien lo haga. Pero asegura que rechazó estar junto al cardenal George Pell en determinados actos. “No quería. Y eso fue antes de que hubiera cargos. Trató muy mal a las víctimas, subestimó casos de abusos. Así que rechacé estar con él. Pero no hablé de este tema con el Papa en ningún momento”, señala.
La comisión se sigue reuniendo y trabajando en la prevención y el estudio de casos. De hecho, Collins aceptó seguir colaborando desde fuera con el órgano, especialmente en el apartado de educación. De momento, los dos asientos reservados a las víctimas no se han vuelto a ocupar.
Roma, El País
Las dos principales áreas de reforma del papa Francisco se vieron ayer golpeadas en la misma persona. George Pell, superministro de Finanzas del Vaticano, consejero directo del Pontífice y máxima autoridad eclesiástica de Australia, ha sido imputado por un caso múltiple de abusos a menores. A ello se suma su presunto encubrimiento masivo a sacerdotes. Es la primera vez que un escándalo de este tipo afecta a una autoridad vaticana de tan alto rango.
El día no podía ser peor. A las 8.30, justo antes de la gran misa oficiada por el Papa con motivo del día de San Pedro y San Pablo y con la mayoría de cardenales del mundo llegados al Vaticano para el Consistorio del día anterior, Pell comparecía ante los medios. Se sabía que había sido imputado por un caso múltiple de abusos a menores. Pero anunció que regresa a Australia para testificar el 18 de julio ante el juez. El Vaticano, al menos públicamente, le respalda y no le obliga a dimitir. “La Santa Sede recibe con desagrado la noticia del envío a juicio del cardenal [...] El Santo Padre le ha concedido un periodo de excedencia para poderse defender”.
El caso Pell, el mayor sufrido por una autoridad de tan alto rango en el Vaticano, tiene dos vertientes. Por un lado, su presunta implicación en los encubrimientos masivos de pederastia, que comienzan a finales de los setenta. Por otro, su supuesta participación directa en varios casos que han denunciado las víctimas. Por este último, investigado desde hace tiempo por la policía del Estado de Victoria, y por el que se le interrogó hace ocho meses en el Vaticano, ha resultado imputado.
Más de 4.000 denuncias
Pell ha dado la cara —no es habitual— y niega los hechos. “Estoy esperando que llegue mi día en el tribunal para defenderme, soy inocente de estos cargos. Son falsos. La completa idea de abuso sexual es aberrante para mí”. Y el Vaticano le dio su apoyo en un comunicado. “Ha condenado durante décadas abierta y repetidamente los abusos cometidos contra menores como actos inmorales e intolerables, ha cooperado en el pasado con las autoridades, ha apoyado la creación de una Pontificia Comisión para la tutela de menores y la prestación de ayuda a las víctimas de abusos”. Y es cierto, pero también se le investiga por lo contrario.
El cardenal, de 76 años y máxima autoridad de la Iglesia católica en Australia, ejerció como sacerdote en Ballarat, su localidad natal, entre 1979 y 1984. Un periodo en el que se produjeron decenas de casos de abusos a cargo de otro cura (Gerald Ridsale), que fue condenado a ocho años. Pell siempre negó conocer aquello. Pero también aseguró ignorar la mayoría de los 4.444 casos denunciados entre 1980 y 2015, muchos de los cuales se produjeron cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001, y de Sidney hasta 2014. Sin embargo, como relata Emiliano Fittipaldi, periodista de L’Espresso y autor del libro Lujuria, que trata este caso, en Australia se terminó pagando ocho millones de euros a víctimas a cambio de no volver a remover aquellos asuntos.
Fuentes cercanas al cardenal le definen como conservador, de fuerte carácter, obstinado y abiertamente contrario a la línea aperturista, especialmente en temas de familia, del Papa. Su ascenso en el Vaticano genera controversia y otras fuentes aseguran que Benedicto XVI, justamente, le descartó como jefe de los Obispos por sus antecedentes. Francisco le ha apoyado siempre. De hecho, su llegada a posiciones de extrema responsabilidad —forma parte del C9, el órgano que aconseja al Papa en sus reformas— responde a la voluntad de abrir la curia a distintas sensibilidades y periferias geográficas. Pero también a su buena fama como gestor.
El Papa dijo hace un año que hablaría cuando lo hiciese la justicia. Pero el caso Pell es un reflejo del enquistamiento de las reformas más importantes. La imputación llega solo una semana después de la renuncia del revisor de las finanzas del Vaticano, Libero Milone, por causas desconocidas. La Santa Sede pierde así a sus dos máximos exponentes en la materia y deberá buscar un nuevo plan. Pell, a sus 76 años y embarcado en un proceso que puede ser largo, tiene pocas posibilidades de volver. Sea o no culpable.
Una víctima: "Pell tendría que haberse marchado antes"
El Vaticano creó en 2014 una comisión para la tutela de los casos de abusos a menores. Además de miembros de la curia, integraba a dos víctimas de sacerdotes pederastas: Marie Collins y Peter Saunders. Era un gesto simbólico y también práctico para acercarse a la cuestión con mayor sensibilidad y conocimiento. Pero los dos terminaron marchándose. Saunders, por desavenencias con Pell. “Se toma como un juego la comisión y desprecia a los niños víctimas de abusos”, criticó. Más tarde, Collins siguió el mismo camino por las resistencias que encontró y por la falta de sensibilidad hacia las víctimas. En todo momento, Collins exculpó al Papa de los problemas que tuvo.
Ayer, por teléfono, Collins explicó a EL PAÍS que su marcha no se debió al caso Pell. Pero cree que debería haber sido apartado mucho antes, “cuando las acusaciones se hicieron públicas”. “No creo que pudiese quedarse en el Vaticano cuando había tantas víctimas en Australia que querían explicaciones. Siempre pensé que debía haberse ido a darlas”.
Marie Collins no se pronuncia sobre su caso, de hecho cree que debe ser un juez quien lo haga. Pero asegura que rechazó estar junto al cardenal George Pell en determinados actos. “No quería. Y eso fue antes de que hubiera cargos. Trató muy mal a las víctimas, subestimó casos de abusos. Así que rechacé estar con él. Pero no hablé de este tema con el Papa en ningún momento”, señala.
La comisión se sigue reuniendo y trabajando en la prevención y el estudio de casos. De hecho, Collins aceptó seguir colaborando desde fuera con el órgano, especialmente en el apartado de educación. De momento, los dos asientos reservados a las víctimas no se han vuelto a ocupar.
