El Supremo chavista decide enjuiciar a la Fiscal General rebelde
Javier Lafuente
Caracas / Cancún, El País
La crisis institucional de Venezuela se ha agudizado este martes, al tiempo que ofrecía un adelanto del choque de trenes que se avecina en la lucha por el poder. Si por un lado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, que ya ha declarado en desacato al Parlamento, inició el camino para destituir a la rebelde fiscal general, Luisa Ortega Díaz; por el otro, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que apoya a la fiscal, se declaró en abierta desobediencia frente al Gobierno, a cuyo desconocimiento llamó a los ciudadanos, y adelantó que usará todos los mecanismos constitucionales para derrocarlo.
El Supremo admitió en la tarde del martes la solicitud, introducida el viernes por el diputado chavista Pedro Carreño, de un antejuicio de mérito contra la fiscal Ortega Díaz por la presunta comisión de “faltas graves en el ejercicio de su cargo”. De prosperar la causa, el máximo tribunal del país podría destituir a la titular del Ministerio Público, una competencia que solo corresponde a la Asamblea Nacional, dominada desde enero de 2016 por una mayoría absoluta de oposición. Sin embargo, en círculos políticos trascendió que el Supremo, que ya declaró en desacato al parlamento en septiembre de 2016 y nulas todas sus actuaciones, se valdrá de esa circunstancia para asumir las potestades de los diputados.
“La sentencia de la Sala Plena, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, presidenta de la Sala de Casación Social, explica que esta decisión fue tomada de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo tipificado en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, se explica en un escueto boletín de tres párrafos emitido por la sala de prensa del tribunal.
La fiscal Ortega Díaz se ha convertido en cuestión de semanas en la bestia negra del oficialismo. Asumió el cargo en 2007 y desde entonces había sido una obediente operadora de las operaciones para imputar a enemigos del régimen. Pero a fines de marzo pasado se pronunció en contra de las decisiones del TSJ que, en la práctica, disolvían el parlamento y daban al presidente Nicolás Maduro poderes legislativos. Más tarde, intentó recursos de amparo contra la convocatoria gubernamental a una Asamblea Nacional Constituyente, que el Supremo rechazó enseguida.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió al antejuicio que se le ha abierto a la fiscal general desde Cancún, donde se celebra la Asamblea General de la OEA. Preguntada por este diario sobre la decisión del Supremo, Rodríguez aseguró que “un fiscal general debe tener una actuación apegada al derecho, como indica la Constitución”. “Las leyes contemplan cuáles deben ser los deberes de la fiscalía, entre ellos el más importante: la imparcialidad, la no politización de la justicia”, dijo en referencia a la actuación de la fiscal.
“El mundo en general tiene una tendencia al aumento de la impunidad para perseguir y castigar crímenes”, prosiguió la canciller venezolana, quien consideró que “Venezuela no está exenta de esa situación”. Así justificó que el presidente, Nicolás Maduro, tomase la decisión de convocar la Asamblea Constituyente: “Para crear mecanismos que reduzcan el déficit de justicia que hay en Venezuela”.
En declaraciones públicas, el diputado oficialista Pedro Carreño ha expresado su presunción de que Ortega Díaz padece de trastornos mentales, y ha llegado a pedir la conformación de una junta médica para evaluarla. En los medios del Estado se transmiten constantes mensajes para censurar la presunta “traición” de la funcionaria. El martes, el personal de la Fiscalía denunciaba por la cuenta en Twitter del Ministerio Público el acoso del que estarían siendo objeto por parte de grupos de choque del chavismo.
En una entrevista con la emisora Unión Radio, Ortega Díaz reveló que se le ha impedido el acceso al expediente del antejuicio de mérito. “Yo estoy preparada para todo, como una mujer de Estado que soy”, aseguró, ante las medidas inminentes en su contra. “Lamentablemente en Venezuela ya no hay un Estado de derecho, sino un Estado de terror”.
Los magistrados de la Sala Plena del TSJ continuaban considerando este martes en Caracas otras medidas de precaución contra la fiscal, como una eventual prohibición de salida del país y el aseguramiento de sus bienes.
Mientras el Gobierno avanza en su ajuste de cuentas con la fiscal, la oposición congregada en la MUD ha hecho también su jugada. En un comunicado leído por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, invocó el artículo 350 de la Constitución para desconocer al Gobierno de Nicolás Maduro y todas sus actuaciones, incluyendo el llamado a la Asamblea Constituyente.
“El régimen está al margen de la Constitución y todas sus decisiones son inconstitucionales y no pueden ser obedecidas, de acuerdo con el 350”, dijo. También llamó a los ciudadanos a regirse por el artículo 333 de la Constitución vigente, que ordena llevar a cabo las acciones necesarias para restituir el hilo constitucional.
Borges, acompañado durante su declaración por dirigentes y diputados de los diversos partidos de oposición, declaró al país “en protesta permanente” como parte de una nueva “hoja de ruta” para la restauración de la democracia en el país. “Queremos anunciar al mundo entero que utilizaremos todos los mecanismos para cambiar a este Gobierno”.
El parlamento opositor, que ya ha iniciado los pasos para nombrar a los miembros de un nuevo TSJ, se propondría iniciar el proceso para abrir un antejuicio de mérito contra el presidente Maduro, proceso que contaría con el concurso de la fiscal Díaz Ortega, a la que Borges brindó todo su respaldo ante las acechanzas del Gobierno. “La Fiscal está siendo asediada por la dictadura (…) le mandamos un mensaje de apoyo total desde la MUD y el pueblo”, dijo el también dirigente del partido Primero Justicia (PJ).
Las iniciativas paralelas, pero contrapuestas, de Gobierno y oposición podrían llevar a que pronto coincidan en Venezuela dos parlamentos, dos fiscales generales y dos tribunales supremos.
