Cocarico: Me evacuaron para que no se repita lo de Panduro
El ministro contó ayer que la Policía prácticamente lo obligó a subirse al helicóptero para velar por su seguridad, pero un coronel lo desmiente.
Página Siete / La Paz
Por temor a que se repita una tragedia similar a la que ocurrió el año pasado con el exviceministro Rodolfo Illanes, el pasado viernes la Policía obligó al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, a salir de los Yungas en helicóptero, según explicó ayer la autoridad en una entrevista.
"Por la experiencia de Panduro habían policías allí. La Policía se empecinó, me impuso la obligación de subir al helicóptero, yo me negué, les dije que no pueden hacer eso, pero me dijeron que debían darme seguridad. Fue una previsión por experiencias pasadas”, informó ayer el ministro en una entrevista con la red de medios estatales.
Illanes fue asesinado por cooperativistas mineros el 25 de agosto de 2016 en Panduro (La Paz). Cocarico fue evacuado por aire desde Arapata (Nor Yungas) cuando varios grupos de cocaleros cerraron los caminos en rechazo a la socialización del reglamento de la Ley 906 de la Hoja de Coca.
El ministro contó que cuando estaba allí él no percibió peligro alguno porque estaba rodeado de cocaleros que lo apoyaban y tenía varias rutas despejadas para salir. Había planeado salir desde Arapata por La Asunta, o incluso caminar dos horas hasta Coroico. "Pero me decían ‘una vez corrimos riesgos y no lo haremos otra vez’. Creo que es una actitud loable de la Policía”.
No obstante, el comandante departamental de La Paz, Agustín Moreno, desmintió al ministro y aseguró, en una entrevista con el semanario Los Andes, que él decidió usar la aeronave, según cita la agencia ANF.
"Nosotros habilitamos las vías por tierra, sin embargo, el señor ministro decidió abandonar Arapata por vía aérea”, dijo.
La socialización del proyecto de reglamento continuará en otras provincias paceñas, en el trópico de Cochabamba y también en los Yungas, donde Cocarico afirma que volverá.
La Ley 906 establece como límite el cultivo de 14.300 hectáreas en La Paz y 7.700 en Cochabamba. El ministro indicó que la distribución de estas cantidades entre las diferentes comunidades ya está establecida en acuerdos pasados, por lo que no se tratará el asunto en el reglamento.
Dos denuncias ante la Fiscalía
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras presentará al menos dos denuncias ante el Ministerio Público contra los cocaleros de los Yungas de La Paz.
Una de esas será por los delitos de instigación pública a delinquir y el supuesto uso ilegal de armas de fuego en los disturbios que hubo en Arapata cuando se socializaba el reglamento de la Ley 906.
Con fotografías en mano el ministro señaló: "Esta vaina es de escopeta, pero esto es munición de guerra. Esto debe investigarse”.
La segunda denuncia será por los supuestos cobros ilegales que realiza la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca), y que superan los 10 millones de bolivianos al año. Estos cobros que se hacen a los que desean vender su coca en el mercado de Villa Fátima serían arbitrarios y no estarían enmarcados en ninguna norma.
No obstante, la dirigencia de Adepcoca negó tales extremos y aseguró que todos sus actos son legales.
Por temor a que se repita una tragedia similar a la que ocurrió el año pasado con el exviceministro Rodolfo Illanes, el pasado viernes la Policía obligó al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, a salir de los Yungas en helicóptero, según explicó ayer la autoridad en una entrevista.
"Por la experiencia de Panduro habían policías allí. La Policía se empecinó, me impuso la obligación de subir al helicóptero, yo me negué, les dije que no pueden hacer eso, pero me dijeron que debían darme seguridad. Fue una previsión por experiencias pasadas”, informó ayer el ministro en una entrevista con la red de medios estatales.
Illanes fue asesinado por cooperativistas mineros el 25 de agosto de 2016 en Panduro (La Paz). Cocarico fue evacuado por aire desde Arapata (Nor Yungas) cuando varios grupos de cocaleros cerraron los caminos en rechazo a la socialización del reglamento de la Ley 906 de la Hoja de Coca.
El ministro contó que cuando estaba allí él no percibió peligro alguno porque estaba rodeado de cocaleros que lo apoyaban y tenía varias rutas despejadas para salir. Había planeado salir desde Arapata por La Asunta, o incluso caminar dos horas hasta Coroico. "Pero me decían ‘una vez corrimos riesgos y no lo haremos otra vez’. Creo que es una actitud loable de la Policía”.
No obstante, el comandante departamental de La Paz, Agustín Moreno, desmintió al ministro y aseguró, en una entrevista con el semanario Los Andes, que él decidió usar la aeronave, según cita la agencia ANF.
"Nosotros habilitamos las vías por tierra, sin embargo, el señor ministro decidió abandonar Arapata por vía aérea”, dijo.
La socialización del proyecto de reglamento continuará en otras provincias paceñas, en el trópico de Cochabamba y también en los Yungas, donde Cocarico afirma que volverá.
La Ley 906 establece como límite el cultivo de 14.300 hectáreas en La Paz y 7.700 en Cochabamba. El ministro indicó que la distribución de estas cantidades entre las diferentes comunidades ya está establecida en acuerdos pasados, por lo que no se tratará el asunto en el reglamento.
Dos denuncias ante la Fiscalía
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras presentará al menos dos denuncias ante el Ministerio Público contra los cocaleros de los Yungas de La Paz.
Una de esas será por los delitos de instigación pública a delinquir y el supuesto uso ilegal de armas de fuego en los disturbios que hubo en Arapata cuando se socializaba el reglamento de la Ley 906.
Con fotografías en mano el ministro señaló: "Esta vaina es de escopeta, pero esto es munición de guerra. Esto debe investigarse”.
La segunda denuncia será por los supuestos cobros ilegales que realiza la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca), y que superan los 10 millones de bolivianos al año. Estos cobros que se hacen a los que desean vender su coca en el mercado de Villa Fátima serían arbitrarios y no estarían enmarcados en ninguna norma.
No obstante, la dirigencia de Adepcoca negó tales extremos y aseguró que todos sus actos son legales.
