Altos cargos del chavismo dimiten para integrar la Constituyente de Maduro
El presidente de Venezuela designó la semana pasada a tres nuevos ministros. La canciller Delcy Rodríguez también ha manifestado que pretende integrar la Asamblea
Alfredo Meza
Caracas, El País
Varios miembros destacados del Gobierno venezolano, diputados chavistas del Parlamento y gobernadores oficialistas han abandonado o se preparan para dejar sus cargos en busca de una candidatura a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro designó la semana pasada a tres nuevos ministros debido a que los titulares intentarán ser elegidos como delegados para redactar la nueva Constitución. La canciller Delcy Rodríguez también ha manifestado que pretende integrar la Asamblea, pero todavía permanece en el cargo.
También estudian presentarse la primera dama, Cilia Flores; el hombre fuerte del régimen, diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello; el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez y ministro de Cultura, Adán Chávez.
Según el presidente Maduro, la propuesta de la Asamblea Constituyente buscaba pacificar el país, inmerso en una ola de protestas desatada tras el intento del Tribunal Supremo a finales de marzo, controlado por el chavismo, de arrogarse las funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Pese a que la oposición cree que el proyecto intentará consagrar en la Carta Magna toda una serie de privilegios para el chavismo, con el paso de las semanas han crecido los recelos entre sectores del oficialismo que prevén una posible purga generalizada dentro del régimen.
El Gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha asegurado de organizar una elección que le permita ganar la mayor cantidad de escaños en la Constituyente. La CNE ha otorgado mayor peso a las circunscripciones rurales, donde el chavismo mantiene el grueso de sus votantes, y ha dividido el voto entre un "ámbito territorial" —los electores seleccionarán a un delegado por municipio— y un "ámbito sectorial" —que supone la elección de representantes de gremios y corporaciones dominadas por el régimen de Maduro—.
El gran promotor de esa campaña es Diosdado Cabello. En su programa semanal de televisión, el hombre fuerte del régimen cuenta los días que faltan para que comience a sesionar la Constituyente, amenaza a opositores y periodistas con mandarlos a la cárcel. La principal destinataria de sus mensajes es la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien se ha convertido en la líder del sector del chavismo que está en contra de la redacción de una nueva Constitución. "A esta Fiscalía le quedan 53 días. Ni uno más", afirmó Cabello durante una emisión la semana pasada.
Poderes plenipotenciarios
El pasado lunes, en la tradicional rueda de prensa del PSUV, Cabello comenzó a detallar las funciones que asumiría la Asamblea Constituyente. Como tiene poderes plenipotenciarios, afirmó, puede sustituir al Parlamento y liquidar la inmunidad de los diputados. Se trata de un claro mensaje a la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición opositora que controla desde enero del año pasado la Asamblea Nacional, la primera vez en 17 años desde la primera victoria de Chávez, aunque el Supremo la ha declarado en desacato por una disputa sobre la posesión de tres legisladores cuya investidura había impugnado la justicia.
La decisión de que personajes destacados del chavismo abandonen sus puestos para formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente revela la importancia que le da el oficialismo al proyecto en medio del cerco que las protestas antigubernamentales han trazado sobre el presidente. Las masivas manifestaciones ya han causado 72 muertos y más de 1.000 heridos.
El credo apocalíptico de Cabello tiene su contracara en el discurso aparentemente institucional de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La funcionaria anunció ayer que las elecciones de gobernadores y alcaldes, que se pospusieron desde finales del año pasado, han quedado fijadas para el próximo 10 de diciembre. La decisión ha sido interpretada como una forma de buscar que la oposición dude de su apuesta de forzar la salida de Maduro. Es un riesgo que la MUD debe evaluar mientras prosigue la división del Gobierno que abre una pequeña ventana a que haya un cambio por una vía diferente.
Caracas, El País
Varios miembros destacados del Gobierno venezolano, diputados chavistas del Parlamento y gobernadores oficialistas han abandonado o se preparan para dejar sus cargos en busca de una candidatura a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro designó la semana pasada a tres nuevos ministros debido a que los titulares intentarán ser elegidos como delegados para redactar la nueva Constitución. La canciller Delcy Rodríguez también ha manifestado que pretende integrar la Asamblea, pero todavía permanece en el cargo.
También estudian presentarse la primera dama, Cilia Flores; el hombre fuerte del régimen, diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello; el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez y ministro de Cultura, Adán Chávez.
Según el presidente Maduro, la propuesta de la Asamblea Constituyente buscaba pacificar el país, inmerso en una ola de protestas desatada tras el intento del Tribunal Supremo a finales de marzo, controlado por el chavismo, de arrogarse las funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Pese a que la oposición cree que el proyecto intentará consagrar en la Carta Magna toda una serie de privilegios para el chavismo, con el paso de las semanas han crecido los recelos entre sectores del oficialismo que prevén una posible purga generalizada dentro del régimen.
El Gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha asegurado de organizar una elección que le permita ganar la mayor cantidad de escaños en la Constituyente. La CNE ha otorgado mayor peso a las circunscripciones rurales, donde el chavismo mantiene el grueso de sus votantes, y ha dividido el voto entre un "ámbito territorial" —los electores seleccionarán a un delegado por municipio— y un "ámbito sectorial" —que supone la elección de representantes de gremios y corporaciones dominadas por el régimen de Maduro—.
El gran promotor de esa campaña es Diosdado Cabello. En su programa semanal de televisión, el hombre fuerte del régimen cuenta los días que faltan para que comience a sesionar la Constituyente, amenaza a opositores y periodistas con mandarlos a la cárcel. La principal destinataria de sus mensajes es la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien se ha convertido en la líder del sector del chavismo que está en contra de la redacción de una nueva Constitución. "A esta Fiscalía le quedan 53 días. Ni uno más", afirmó Cabello durante una emisión la semana pasada.
Poderes plenipotenciarios
El pasado lunes, en la tradicional rueda de prensa del PSUV, Cabello comenzó a detallar las funciones que asumiría la Asamblea Constituyente. Como tiene poderes plenipotenciarios, afirmó, puede sustituir al Parlamento y liquidar la inmunidad de los diputados. Se trata de un claro mensaje a la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición opositora que controla desde enero del año pasado la Asamblea Nacional, la primera vez en 17 años desde la primera victoria de Chávez, aunque el Supremo la ha declarado en desacato por una disputa sobre la posesión de tres legisladores cuya investidura había impugnado la justicia.
La decisión de que personajes destacados del chavismo abandonen sus puestos para formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente revela la importancia que le da el oficialismo al proyecto en medio del cerco que las protestas antigubernamentales han trazado sobre el presidente. Las masivas manifestaciones ya han causado 72 muertos y más de 1.000 heridos.
El credo apocalíptico de Cabello tiene su contracara en el discurso aparentemente institucional de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La funcionaria anunció ayer que las elecciones de gobernadores y alcaldes, que se pospusieron desde finales del año pasado, han quedado fijadas para el próximo 10 de diciembre. La decisión ha sido interpretada como una forma de buscar que la oposición dude de su apuesta de forzar la salida de Maduro. Es un riesgo que la MUD debe evaluar mientras prosigue la división del Gobierno que abre una pequeña ventana a que haya un cambio por una vía diferente.
