Alcalde de Quillacollo cumple quinto día en huelga de hambre con enfermedad de base
La autoridad solicito a Derechos Humanos y al Defensor del Pueblo que vean su caso y pidió que su audiencia del 4 de julio sea pública.
Página Siete Digital / La Paz
Este viernes, el alcalde del municipio de Quillacollo, Eduardo Mérida, cumple su quinto día en una huelga de hambre que inició en rechazo a la intención de alejarlo de su cargo tras enfrentar dos procesos judiciales. Mérida quien ha dejado de ingerir alimentos padece diabetes.
"El tema de la diabetes en realidad es lo que más ha estado pesando en esta huelga (…) pero estamos siendo controlados por un médico”, declaró el burgomaestre en un contacto para radio Erbol.
Mérida dijo que era víctima de un "golpe municipal” orquestado por el MAS quienes en "complicidad” con jueces y fiscales le iniciaron un proceso por daño económico, conducta antieconómica, uso indebido de bienes y servicios públicos, cuya audiencia cautelar está prevista para el 4 de julio.
Al iniciar la huelga, el alcalde manifestó que asumía esa medida no para defender "su pega” sino el derecho que tiene Quillacollo a elegir y tener una autoridad electa democráticamente.
Anteriormente, Mérida fue arraigado y obligado a pagar una fianza de 50 mil bolivianos por el caso del certificado especial falsificado de la libreta de servicio militar, ahora por el segundo caso por supuesta corrupción canceló 80 mil bolivianos tras determinarse su arresto domiciliario.
La autoridad solicito a Derechos Humanos y al Defensor del Pueblo que vean su caso y pidió que su audiencia sea pública.
Advierten con procesos a jueces y fiscales que se presten a desestabilización de autoridades
El senador opositor Óscar Ortiz informó que una comisión se trasladó a Cochabamba para verificar si los jueces y fiscales están realmente respetando el debido proceso, los derechos humanos y las leyes y que de comprobarse lo contrario se iniciarían procesos contra los que se presten a la desestabilización de autoridades electas.
"Tenemos equipos jurídicos trabajando como lo estamos haciendo en otros departamentos para que en determinadas circunstancias se pueda incluso iniciar procesos contra aquellos jueces y fiscales que toman medidas fuera de la ley para prestarse a estas desestabilizaciones de los alcaldes electos”, señaló Ortiz.
Este viernes, el alcalde del municipio de Quillacollo, Eduardo Mérida, cumple su quinto día en una huelga de hambre que inició en rechazo a la intención de alejarlo de su cargo tras enfrentar dos procesos judiciales. Mérida quien ha dejado de ingerir alimentos padece diabetes.
"El tema de la diabetes en realidad es lo que más ha estado pesando en esta huelga (…) pero estamos siendo controlados por un médico”, declaró el burgomaestre en un contacto para radio Erbol.
Mérida dijo que era víctima de un "golpe municipal” orquestado por el MAS quienes en "complicidad” con jueces y fiscales le iniciaron un proceso por daño económico, conducta antieconómica, uso indebido de bienes y servicios públicos, cuya audiencia cautelar está prevista para el 4 de julio.
Al iniciar la huelga, el alcalde manifestó que asumía esa medida no para defender "su pega” sino el derecho que tiene Quillacollo a elegir y tener una autoridad electa democráticamente.
Anteriormente, Mérida fue arraigado y obligado a pagar una fianza de 50 mil bolivianos por el caso del certificado especial falsificado de la libreta de servicio militar, ahora por el segundo caso por supuesta corrupción canceló 80 mil bolivianos tras determinarse su arresto domiciliario.
La autoridad solicito a Derechos Humanos y al Defensor del Pueblo que vean su caso y pidió que su audiencia sea pública.
Advierten con procesos a jueces y fiscales que se presten a desestabilización de autoridades
El senador opositor Óscar Ortiz informó que una comisión se trasladó a Cochabamba para verificar si los jueces y fiscales están realmente respetando el debido proceso, los derechos humanos y las leyes y que de comprobarse lo contrario se iniciarían procesos contra los que se presten a la desestabilización de autoridades electas.
"Tenemos equipos jurídicos trabajando como lo estamos haciendo en otros departamentos para que en determinadas circunstancias se pueda incluso iniciar procesos contra aquellos jueces y fiscales que toman medidas fuera de la ley para prestarse a estas desestabilizaciones de los alcaldes electos”, señaló Ortiz.
