Agronomía: docentes instruyen aportes en favor de decano preso

Hay denuncias que van desde sobornos hasta acoso. El Centro de Estudiantes no tiene quejas.

Liliana Carrillo V. / La Paz
Tras la detención del decano de Agronomía de la UMSA después de ser sorprendido cuando recibía dinero, supuestamente, a cambio de una cátedra, los docentes determinaron hacer un aporte voluntario para pagar los costos de la defensa del acusado.


Ese el inicio del ovillo de denuncias en esa facultad, que van desde falsificación de tesis, malversación de fondos, irregularidades en convocatorias y contratos de docentes, hasta acoso sexual a universitarias.

Los denunciantes, cuya identidad se guarda en reserva por temor a represalias, aseguran que hay una camarilla mafiosa en Agronomía.

Tanto el Centro de Estudiantes como la Asociación de Docentes de la facultad aseguran que "nunca recibieron ninguna denuncia”. El rectorado ha instruido a la Unidad de Transparencia de la UMSA una investigación.

Una carta, remitida el pasado 1 junio al ejecutivo de la Asociación de Docentes de la Facultad de Agronomía (ADAG), manifiesta el rechazo al aporte docente establecido para coadyuvar a la defensa del decano detenido, Freddy P. CH.

Los cinco docentes que firman la misiva argumentan: "Manifestamos nuestro rechazo al aporte voluntario mediante resolución, máxime si este aporte está dirigido a solventar gastos jurídicos de las autoridades de turno de la facultad en las instancias judiciales, dicen con el ‘objetivo de defender’ o contrarrestar las investigaciones que se realizan en los estrados judiciales. Lo correcto sería aclarar los casos pendientes de conocer la verdad de hechos inclusive luctuosos no establecidos hasta la fecha”.

El 30 de mayo hubo una asamblea docente en Agronomía. Tres días antes, el decano de esta facultad de la UMSA había sido detenido en el penal de Patacamaya. Según el informe policial, fue sorprendido in fraganti cuando recibía 500 bolivianos -como segunda cuota- de un docente que supuestamente había accedido "por invitación directa” a la cátedra a cambio de pagar un soborno mensual de 1.500 bolivianos. La UMSA es la parte querellante en este caso.

Aporte "de protección”

La asamblea "casi de emergencia” determinó el aporte voluntario de los docentes, admite el ejecutivo de la ADAG, Celso Ayala. "Estuvimos de acuerdo, nadie se manifestó en contra. El aporte está establecido en el reglamento de la Fedsidumsa”, dice y muestra los artículos III y VI de esa norma.

"Es un modo de protegernos entre colegas, por ejemplo, hace poco murió el responsable de la unidad de Sapecho, que estaba con contrato, y así lo ayudamos”, añade. Reitera que en su gestión ningún docente denunció ser víctima de sobornos o de otros abusos.

Según Ayala, los antecedentes del aporte docente que se remontan a 2016, cuando una marcha –en la que participó el rector Waldo Albarracín- llegó hasta puertas de la facultad para exigir justicia por los presuntos asesinatos de dos tesistas de Agronomía (Verónica Chino y Lili Limachi), que aparecieron sin vida en extrañas circunstancias en los pueblos donde hacían sus investigaciones (Luribay Chicani, en 2012 y 2106, respectivamente).

"En ocasión de esa protesta, los docentes y estudiantes estábamos en asamblea, discutiendo los cambios en la malla curricular, por lo que no participamos en la marcha que llegó hasta esta facultad. Cuando vimos allí al propio rector, determinamos como ADAF instituir el aporte voluntario de docentes para defendernos”, explica el ejecutivo de la ADAF.

"¿Defenderse de qué?”, cuestiona el rector Albarracín. "La UMSA incentiva el derecho de asociación; pero si la ADAG ha creado ese aporte para proteger, dicen, a sus asociados, primero que nos digan en qué juicio se van a defender, si no hay tal”.

En la audiencia del decano de Agronomía, la ADAG presentó un documento que explicaba que el dinero que recibía Freddy P. cuando fue aprehendido provenía de las cuotas de la asociación de docentes. "¿Por qué el decano, que es una autoridad universitaria, resulta cobrando las supuestas cuotas? No hay coherencia en ese argumento, lo que quiere decir que en vez de ayudar a su amigo lo han perjudicado; con ese documento han reconocido que estaba recibiendo el dinero ilegalmente”, dice el rector.

Denuncian red de corrupción

"Hay una red de corrupción de la que el decano es sólo un engranaje”, sostienen los denunciantes y muestran fajos de documentación de varios procesos. La mayoría de las denuncias se remiten a las gestiones 2004-2007 y 2014-2017, cuando fue jefe de carrera el ingeniero René Chipana Rivera, quien entre 2009 y 2012 fungió como decano electo de la facultad.

En 2006, el exdecano de Agronomía Jorge Pascuali denunció irregularidades en la designación de docentes de materias que no figuraban en el plan de estudios de Agronomía, contratación de docentes sin respaldo rectoral y sin que cumplieran el requisito básico de formación y evaluación de docentes sin la contraparte estudiantil, entre otras. Una auditoría interna de 2008 recomendó "a la señora rectora (entonces Teresa Rescala) instruir proceso universitario en contra del Ing. Chipana…”.

La auditoría estableció también irregularidades en una tesis. "El Ing. Chipana no asistió a la sesión de defensa y después de varios días firmó el libro de actas, preparó las actas complementarias y la planilla de asignación de puntaje con nota de aprobación, haciendo coincidir la nota con la del otro tribunal”, dice el documento.

Ambos casos se extendieron durante años, con resoluciones y contrarresoluciones, llegando a la Comisión de Procesos que en su última resolución de 11 de agosto de 2016 determinó: "Declarar la prescripción dentro del proceso seguido por incumplimiento de funciones e irregularidades en la Convocatoria de Docentes de la carrera de Ingeniería Agronómica, por haber operado el término establecido para este instituto jurídico”.

Se suman denuncias por malversación e incumplimiento de directivos de la carrera en Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en el municipio de Machareti (Chuquisaca). Según una carta presentada ante el Ministerio Público en noviembre de 2016 , los resultados del proyecto se habrían incumplido ante el desconocimiento de los beneficiarios.

Entre fajos de documentos, los denunciantes aseguran que también hay casos de violación y acoso sexual. Apuntan como responsable de la corrupción a una "camarilla de autoridades, docentes y estudiantes”.

"Pelea generacional”

Giovanny Aguilar es el ejecutivo del Centro de Estudiantes de Agronomía. Asegura que nunca durante su gestión, que empezó en 2016, recibió denuncia alguna de acoso ni de otra naturaleza. Lamenta que actos como la detención del decano -"que es inocente hasta comprobar su culpabilidad”, explica- dañen la imagen de la facultad y de la UMSA.

"Hay docentes que se quieren quedar toda la vida en el cargo, que no se actualizan y nunca han ido al campo. Es hora de cambio, en sus épocas no había cambio climático y ellos lanzan y crean discordia”, sostiene el joven que ya cursó el último semestre y planea especializarse en el exterior.

El ejecutivo de la ADAG sostiene que los líos en Agronomía se deben a una pugna entre generaciones, "que hace daño”.

Falta en este mosaico la palabra del director Chipana. Toda una tarde esperamos en su oficina para que dé su contraparte a Página Siete. Nunca nos atendió, aunque recalcamos las denuncias: Estaba en reunión, estaba ocupado, no estaba.

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