Zapata se encomienda a Dios y dice que espera un fallo justo
Al llegar al juzgado donde se decidirá si es sentenciada a 10 años de prisión, como pide la Fiscalía, la exgerente de CAMC denunció que sus derechos fueron vulnerados y dijo que le parece injusto el pedido que hizo el Ministerio Público.
La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz
El Tribunal Primero de Sentencia sesiona este lunes en La Paz para dictar fallo en el caso de Gabriela Zapata, para quien la Fiscalía pidió 10 años de cárcel por los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Al ingresar al juzgado, la exgerente de la empresa china CAMC y expareja del presidente Evo Morales dijo que se encomendaba a Dios y que esperaba un “fallo justo”, que tome en cuenta la vulneración de sus derechos en este proceso.
“Quisiera que se adopte un fallo justo, tomando en cuenta todos esos elementos que como defensa hemos aportado. También tomando en cuenta de que se han vulnerado nuestros derechos. Me encomiendo a Dios y creo que los jueces pueden ser hombres dignos y probos de la justicia para poder tomar una decisión”, dijo.
La audiencia comenzó aproximadamente a las 09.30 y después del mediodía se declaró un cuarto intermedio hasta las 14.30, cuando se retomará el proceso en el que también está procesada la extitular de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, para quien el Ministerio Público pidió ocho años de prisión.
Zapata llegó hasta el juzgado vestida con una blusa blanca y un pantalón beige, con resguardo policial. Dijo que le parecía exagerado el pedido de 10 años de prisión que hizo la Fiscalía.
“Nos parece injusto e inhumano. Injusto porque no nos han permitido presentar un informe financiero, ni entrar a mi casa”, argumentó.
La exgerente de CAMC es acusada de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
La investigación determinó que la acusada sostuvo reuniones con empresarios e inversores privados en oficinas de la Unidad de Gestión Social, que depende del Ministerio de la Presidencia, sin ser funcionaria pública.
El Tribunal Primero de Sentencia sesiona este lunes en La Paz para dictar fallo en el caso de Gabriela Zapata, para quien la Fiscalía pidió 10 años de cárcel por los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Al ingresar al juzgado, la exgerente de la empresa china CAMC y expareja del presidente Evo Morales dijo que se encomendaba a Dios y que esperaba un “fallo justo”, que tome en cuenta la vulneración de sus derechos en este proceso.
“Quisiera que se adopte un fallo justo, tomando en cuenta todos esos elementos que como defensa hemos aportado. También tomando en cuenta de que se han vulnerado nuestros derechos. Me encomiendo a Dios y creo que los jueces pueden ser hombres dignos y probos de la justicia para poder tomar una decisión”, dijo.
La audiencia comenzó aproximadamente a las 09.30 y después del mediodía se declaró un cuarto intermedio hasta las 14.30, cuando se retomará el proceso en el que también está procesada la extitular de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, para quien el Ministerio Público pidió ocho años de prisión.
Zapata llegó hasta el juzgado vestida con una blusa blanca y un pantalón beige, con resguardo policial. Dijo que le parecía exagerado el pedido de 10 años de prisión que hizo la Fiscalía.
“Nos parece injusto e inhumano. Injusto porque no nos han permitido presentar un informe financiero, ni entrar a mi casa”, argumentó.
La exgerente de CAMC es acusada de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
La investigación determinó que la acusada sostuvo reuniones con empresarios e inversores privados en oficinas de la Unidad de Gestión Social, que depende del Ministerio de la Presidencia, sin ser funcionaria pública.
