Una nueva matanza revela la barbarie por los conflictos agrarios en Brasil
Diez trabajadores sin tierra mueren tras un enfrentamiento armado con la policía en la Amazonia. En lo que va de año ya se han registrado 36 víctimas por disputas semejantes
María Martín
Rio de Janeiro, El País
El eterno problema de los conflictos por la tierra en Brasil añade una nueva matanza a un año sangriento. En el último incidente, ocurrido el pasado miércoles en la Amazonia, nueve hombres y una mujer, trabajadores rurales sin tierra, murieron durante una operación policial en una hacienda del interior del Estado de Pará. La policía se había desplazado hasta el lugar, en el municipio de Pau d'Arco, para cumplir mandatos judiciales de prisión y registro por la muerte, el pasado 30 de abril, de un guardia de seguridad de la hacienda, que se disputan un latifundista y trabajadores sin tierra. Desde el comienzo de 2017 se han registrado ya 36 muertos en disputas similares, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo vinculado a la Iglesia católica que defiende a los trabajadores rurales.
Según las autoridades, los agentes fueron recibidos a tiros y reaccionaron. En el lugar fueron recogidas once armas, entre ellas un fusil, pero no hubo heridos entre la policía. Una misión especial de la fiscalía desplazada a la zona para investigar lo ocurrido ha deslizado sospechas sobre la actuación de la policía y la versión de las autoridades locales. Los fiscales han apuntado que los agentes trataron de despachar la matanza alegando "acto de resistencia" de las víctimas, para así poder archivarlo sin más investigaciones. "¿Qué están queriendo esconder? Ese movimiento puede ser un indicio de que no quieren que el caso sea investigado y se descubra cómo se produjeron las muertes: si fuerom ejecuciones, si en realidad hubo enfrentamiento, la cantidad de tiros...”, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Darci Frigo, que acompaña a la misión de la fiscalía.
En la hacienda Santa Lúcia, escenario de la masacre, había 150 familias acampadas desde mayo de 2015, según la CPT. Las familias reclamaban incluir la finca en el proceso de reforma agraria para que les entregasen su uso y de hecho el propietario estaba negociando su venta al Gobierno. Reclamaba 32 millones de reales (casi 10 millones de euros), diez más que el precio tasado por los técnicos de la Administración pública. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno buscaba un lugar donde realojar a las familias.
El violento desenlace de la disputa la convierte en la peor masacre por conflicto agrario en Brasil desde la matanza de Eldorado do Carajás, en 1996, en la misma región, cuando agentes policiales mataron 19 personas que participaban en una marcha pacífica del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra.Todavía hoy ninguno de los responsables de las muertes han sido castigados.
La violencia en el campo por la disputa de tierras masacra decenas de trabajadores rurales año tras año en Brasil. "El país tiene una de las estructuras agrarias más concentradas del mundo, herencia del sistema colonial. Cerca del 1% de los propietarios posee el 60% de las tierras", explica Bernardo Mançano, profesor de la Universidad de São Paulo. De los 36 muertos en lo que va de año, un tercio ha caído en el Estado norteño de Pará, parte de la región amazónica. El pasado abril, nueve trabajadores rurales también fueron asesinados por pistoleros encapuchados en un campamento en Mato Grosso, encendiendo de nuevo la alerta. La zona, en medio de la selva amazónica, estaba ocupada por cerca de 100 familias desde desde hacía más de una década, y es codiciada por madereros y latifundistas que buscan nuevas áreas para el pasto de ganado.
"Cada vez más los latifundistas buscan ampliar la concentración de propiedades porque la industria agrícola y las corporaciones multinacionales están muy interesados en arrendar esas tierras, con el beneplácito del Gobierno. La frontera amazónica, en los Estados de Matto Grosso, Rondônia y Pará, es también la frontera agrícola de Brasil, donde los latifundistas quieren expandirse, y donde más asesinatos de ocupantes de tierras abandonadas, campesinos e indígenas estamos viendo. Si resisten, son eliminados", lamenta Mançano.
El informe de violencia de 2016 de la CPT reveló una media de cinco asesinatos al mes con 61 muertes de quilombolas (descendientes de esclavos negros asentados en áreas rurales), indígenas y activistas de los los movimientos sin tierra, un aumento del 22% respecto a 2015. El mismo informe denuncia que también se incrementaron en un 86% las amenazas de muerte y en un 68% de las tentativas de asesinato. Desde 1985, los conflictos agrarios han acabado con la vida de 1.834 brasileños, y la mayoría de las matanzas ha acabado impune: solo 31 personas han sido detenidas por ordenar alguna de esas muertes.
Muchas veces, pese al elevado número de muertos, los incidentes tienen escasa cobertura informativa, entre otras razones porque se registran en lugares remotos de difícil acceso. Y por el mismo motivo es habitual que los detalles nunca se aclaren por completo.
Rio de Janeiro, El País
El eterno problema de los conflictos por la tierra en Brasil añade una nueva matanza a un año sangriento. En el último incidente, ocurrido el pasado miércoles en la Amazonia, nueve hombres y una mujer, trabajadores rurales sin tierra, murieron durante una operación policial en una hacienda del interior del Estado de Pará. La policía se había desplazado hasta el lugar, en el municipio de Pau d'Arco, para cumplir mandatos judiciales de prisión y registro por la muerte, el pasado 30 de abril, de un guardia de seguridad de la hacienda, que se disputan un latifundista y trabajadores sin tierra. Desde el comienzo de 2017 se han registrado ya 36 muertos en disputas similares, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo vinculado a la Iglesia católica que defiende a los trabajadores rurales.
Según las autoridades, los agentes fueron recibidos a tiros y reaccionaron. En el lugar fueron recogidas once armas, entre ellas un fusil, pero no hubo heridos entre la policía. Una misión especial de la fiscalía desplazada a la zona para investigar lo ocurrido ha deslizado sospechas sobre la actuación de la policía y la versión de las autoridades locales. Los fiscales han apuntado que los agentes trataron de despachar la matanza alegando "acto de resistencia" de las víctimas, para así poder archivarlo sin más investigaciones. "¿Qué están queriendo esconder? Ese movimiento puede ser un indicio de que no quieren que el caso sea investigado y se descubra cómo se produjeron las muertes: si fuerom ejecuciones, si en realidad hubo enfrentamiento, la cantidad de tiros...”, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Darci Frigo, que acompaña a la misión de la fiscalía.
En la hacienda Santa Lúcia, escenario de la masacre, había 150 familias acampadas desde mayo de 2015, según la CPT. Las familias reclamaban incluir la finca en el proceso de reforma agraria para que les entregasen su uso y de hecho el propietario estaba negociando su venta al Gobierno. Reclamaba 32 millones de reales (casi 10 millones de euros), diez más que el precio tasado por los técnicos de la Administración pública. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno buscaba un lugar donde realojar a las familias.
El violento desenlace de la disputa la convierte en la peor masacre por conflicto agrario en Brasil desde la matanza de Eldorado do Carajás, en 1996, en la misma región, cuando agentes policiales mataron 19 personas que participaban en una marcha pacífica del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra.Todavía hoy ninguno de los responsables de las muertes han sido castigados.
La violencia en el campo por la disputa de tierras masacra decenas de trabajadores rurales año tras año en Brasil. "El país tiene una de las estructuras agrarias más concentradas del mundo, herencia del sistema colonial. Cerca del 1% de los propietarios posee el 60% de las tierras", explica Bernardo Mançano, profesor de la Universidad de São Paulo. De los 36 muertos en lo que va de año, un tercio ha caído en el Estado norteño de Pará, parte de la región amazónica. El pasado abril, nueve trabajadores rurales también fueron asesinados por pistoleros encapuchados en un campamento en Mato Grosso, encendiendo de nuevo la alerta. La zona, en medio de la selva amazónica, estaba ocupada por cerca de 100 familias desde desde hacía más de una década, y es codiciada por madereros y latifundistas que buscan nuevas áreas para el pasto de ganado.
"Cada vez más los latifundistas buscan ampliar la concentración de propiedades porque la industria agrícola y las corporaciones multinacionales están muy interesados en arrendar esas tierras, con el beneplácito del Gobierno. La frontera amazónica, en los Estados de Matto Grosso, Rondônia y Pará, es también la frontera agrícola de Brasil, donde los latifundistas quieren expandirse, y donde más asesinatos de ocupantes de tierras abandonadas, campesinos e indígenas estamos viendo. Si resisten, son eliminados", lamenta Mançano.
El informe de violencia de 2016 de la CPT reveló una media de cinco asesinatos al mes con 61 muertes de quilombolas (descendientes de esclavos negros asentados en áreas rurales), indígenas y activistas de los los movimientos sin tierra, un aumento del 22% respecto a 2015. El mismo informe denuncia que también se incrementaron en un 86% las amenazas de muerte y en un 68% de las tentativas de asesinato. Desde 1985, los conflictos agrarios han acabado con la vida de 1.834 brasileños, y la mayoría de las matanzas ha acabado impune: solo 31 personas han sido detenidas por ordenar alguna de esas muertes.
Muchas veces, pese al elevado número de muertos, los incidentes tienen escasa cobertura informativa, entre otras razones porque se registran en lugares remotos de difícil acceso. Y por el mismo motivo es habitual que los detalles nunca se aclaren por completo.
