Defensa de Zapata anuncia apelación a condena y proceso al juez que dictó sentencia
La Justicia condenó a 10 años de cárcel a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, por la denuncia de uso de bienes del Estado con fines personales. Abogado denunció que juez no garantizó el derecho a la defensa de su cliente
La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz
La madrugada de este martes, Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue condenada a 10 años de cárcel. Su abogado, Jorge Tamayo, anunció diferentes acciones para apelar el dictamen y un juicio al juez que dictó la sentencia por negarle a su cliente el derecho a la defensa.
La audiencia en la que se dictó al sentencia comenzó la mañana del lunes y concluyó la madrugada de este martes. Zapata negó los cargos en su contra en medio de sollozos.
“Vamos a activar los medios de defensa necesarios para hacer valer primero la apelación, posteriormente y si es necesario la casación y si mi cliente dispone, vamos a acudir a las medidas disciplinarias y de corrección sancionatorias que dispone Consejo de la Magistratura por violentar derechos y garantías constitucionales”, señaló Tamayo.
La defensa acusa al juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Iván Perales, de no haber garantizado el derecho a la defensa de su cliente en el juicio.
Zapata fue sentenciada a 10 años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
Junto a la expareja de Morales fueron enjuiciadas la hoy exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, quien fue condenada a 4 años de prisión en la cárcel de Obrajes por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.
Martha Requena, abogada de Choque, aseguró que utilizará todas las vías legales para evitar que su cliente vuelva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, ya que el 4 de mayo, un juez cautelar la benefició con detención domiciliaria.
“Vamos a hacer que se revoque esa sentencia; de no hacerlo, obviamente, si existe una sentencia ejecutoriada, si considera el año y dos meses que estaba en el Centro de Orientación Femenina”, anticipó.
Zapata, según la denuncia, utilizó los ambientes de la Unidad de Gestión Social para fines personales.
Jimmy Morales, otro de los acusados y exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, fue sentenciado a 3 años de prisión; mientras que el supuesto socio de Zapata, Ricardo Alegría, se le impuso una pena de 2 años y al empresario Carlo Marvin Ramírez similar condena. Estos tres últimos guardarán reclusión en el penal de San Pedro de La Paz. El abogado Wálter Zuleta, de quien se conoce huyó a Perú, también fue condenado a 3 años.
El caso Zapata salió a la luz pública en febrero de 2016, poco antes del referéndum constitucional en el que ganó el No a la repostulación presidencial. El periodista Carlos Valverde reveló la relación Morales-Zapata y denunció a partir de ese vínculo un tráfico de influencia con la firma china CAMC, donde la hoy sentenciada trabajaba como gerente. Los contratos con la empresa china superan los $us 500 millones con el Estado.
La madrugada de este martes, Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue condenada a 10 años de cárcel. Su abogado, Jorge Tamayo, anunció diferentes acciones para apelar el dictamen y un juicio al juez que dictó la sentencia por negarle a su cliente el derecho a la defensa.
La audiencia en la que se dictó al sentencia comenzó la mañana del lunes y concluyó la madrugada de este martes. Zapata negó los cargos en su contra en medio de sollozos.
“Vamos a activar los medios de defensa necesarios para hacer valer primero la apelación, posteriormente y si es necesario la casación y si mi cliente dispone, vamos a acudir a las medidas disciplinarias y de corrección sancionatorias que dispone Consejo de la Magistratura por violentar derechos y garantías constitucionales”, señaló Tamayo.
La defensa acusa al juez del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Iván Perales, de no haber garantizado el derecho a la defensa de su cliente en el juicio.
Zapata fue sentenciada a 10 años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
Junto a la expareja de Morales fueron enjuiciadas la hoy exjefa de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, quien fue condenada a 4 años de prisión en la cárcel de Obrajes por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.
Martha Requena, abogada de Choque, aseguró que utilizará todas las vías legales para evitar que su cliente vuelva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, ya que el 4 de mayo, un juez cautelar la benefició con detención domiciliaria.
“Vamos a hacer que se revoque esa sentencia; de no hacerlo, obviamente, si existe una sentencia ejecutoriada, si considera el año y dos meses que estaba en el Centro de Orientación Femenina”, anticipó.
Zapata, según la denuncia, utilizó los ambientes de la Unidad de Gestión Social para fines personales.
Jimmy Morales, otro de los acusados y exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, fue sentenciado a 3 años de prisión; mientras que el supuesto socio de Zapata, Ricardo Alegría, se le impuso una pena de 2 años y al empresario Carlo Marvin Ramírez similar condena. Estos tres últimos guardarán reclusión en el penal de San Pedro de La Paz. El abogado Wálter Zuleta, de quien se conoce huyó a Perú, también fue condenado a 3 años.
El caso Zapata salió a la luz pública en febrero de 2016, poco antes del referéndum constitucional en el que ganó el No a la repostulación presidencial. El periodista Carlos Valverde reveló la relación Morales-Zapata y denunció a partir de ese vínculo un tráfico de influencia con la firma china CAMC, donde la hoy sentenciada trabajaba como gerente. Los contratos con la empresa china superan los $us 500 millones con el Estado.
