Abogado de Zapata asegura que la condena contra su defendida fue excesiva y política
La Paz, ANF El abogado de Gabriela Zapata, Jorge Torrico, consideró que la sentencia de 10 años de prisión en contra de su cliente fue excesivo y parte de una determinación política.
"Consideramos que es un exceso por parte de los jueces y por parte de la Fiscalía en cuanto a lo que han establecido como condena. Es un aspecto muy forzado, muy político, muy amañado, porque fundamento de orden legal no tiene para nada", aseguró Torrico, quien fue contratado exclusivamente para la fase final del juicio oral de Zapata.
La madrugada de este martes y tras 15 horas de audiencia, el Tribunal Anticorrupción Primero de Sentencia de La Paz condenó a Zapata a 10 años de prisión por delitos de legitimación de ganancias ilícitas y otros ilícitos.
Torrico, en una entrevista concedida a Unitel, confirmó que apelará la determinación de la justicia y remarcó que el fundamento en el juicio se basó en la firma de contratos entre el Gobierno y empresas privadas en oficinas del Ministerio de la Presidencia. Pero aseguró que esa versión también podría comprometer a algunas autoridades del Gobierno que suscribieron contratos, principalmente con la empresa china CAMC y donde Zapata trabajaba como gerente comercial.
"¿Quiénes suscriben esos contratos? Eso es lo que ahora está poniendo en mucho riesgo a algunas autoridades del Estado", sostuvo. Asimismo, indicó que la defensa de Zapata se basó en fundamentos técnicos y no políticos. "Nosotros no vamos a enterar al tema político, es netamente jurídico", insistió.
Respecto a la situación económica de Zapata, dijo que su clienta pasa por un momento delicado y que recibe la colaboración de familiares. Esta es la primera sentencia contra Zapata y aún enfrenta otros procesos judiciales.
La mujer antes de recibir su condena y entre lágrimas se volvió a declarar inocente. "No me han demostrado corrupción. Ni he conocido a esa autoridad del ministerio (de la Presidencia) y hace tiempo que ya no tengo nada con el Presidente" Evo Morales, afirmó.
El juicio oral empezó el 17 de marzo del 2017, después de que la comisión de fiscales acusó formalmente a seis personas, al encontrar suficientes indicios para su procesamiento. El caso se abrió luego que Carlos Valverde el 3 de febrero del 2016 denunció un supuesto caso de tráfico de influencias a partir de la relación sentimental que mantuvieron en su momento el presidente Morales y Zapata.
Zapata era gerente comercial de la compañía china CAMC, que se adjudicó millonarios contratos con el Estado boliviano. Para la oposición política del país existía un claro hecho de tráfico de influencia precisamente por esa relación que Zapata tuvo con Morales y con quien además se dijo en un primer momento que había tenido un hijo, un hecho que finalmente una jueza señaló que no había prueba de la existencia física de ese menor.
Zapata fue detenida el 26 de febrero del 2016, imputada por enriquecimiento ilícito y enviada a la cárcel de Obrajes, aunque poco tiempo después la remitieron al penal de Miraflores.
