Temer ignora la tormenta de corrupción e intenta acelerar sus reformas
El presidente brasileño descarta relevos entre los ocho ministros de su Gobierno que investigará el Tribunal Supremo
Afonso Benites
Xosé Hermida
Brasilia / São Paulo, El País
Brasil se dispone a asistir al relato minucioso de cómo su cúpula política se dejó corromper de forma sistemática en las dos últimas décadas. El país vivirá la Semana Santa bajo el impacto de la inminente divulgación de la delação do fim do mundo, las confesiones de 78 exejecutivos de una de las mayores constructoras de América. Pero el presidente, Michel Temer, intenta ignorar la tempestad. No prevé tomar medidas contra sus ocho ministros que serán investigados por corrupción e incluso pretende acelerar su impopular programa de reformas.
La Cámara de Diputados y el Senado brasileño interrumpieron este miércoles sus sesiones previstas. Los representantes del pueblo aún no se habían recuperado del impacto de la bomba que todos esperaban desde hace semanas y que cayó inopinadamente en la tarde del martes: la lista de 108 aforados a los que el Tribunal Supremo va a investigar a partir de las confesiones de los antiguos ejecutivos de la constructora Odebrecht. La noticia llegó en plena sesión de la Cámara, y los diputados se abalanzaron de inmediato sobre sus teléfonos para consultar la lista. Alguno de los incluidos hasta se lo tomó con humor, como el diputado Paulo Pereira da Silva, más conocido en su circunscripción de São Paulo como Paulinho da Força, que ironizó ante los periodistas: “Quien tiene que preocuparse es quien no esté en la lista. Eso es un desprestigio”.
Entre los acusados de haber recibido sobornos o donaciones ilegales de Odebrecht a cambio de contratos o leyes que favorecían a la constructora no falta, efectivamente, casi nadie que haya sido alguien en Brasil en las dos últimas décadas: ocho ministros, los presidentes de las dos cámaras, los líderes de los dos principales partidos del Gobierno, 12 de los 27 gobernadores de los Estados y cuatro de los últimos cinco presidentes, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso y Fernando Collor de Mello. El quinto expresidente que queda vivo, José Sarney, está también acusado en otra ramificación de esa macrotrama conocida como Operación Lava Jato.
Dos años después de que estallase este escándalo de corrupción, con origen en los presuntos sobornos pagados por empresas a cambio de contratos con la petrolera pública Petrobras, todo el sistema político brasileño se tambalea. Hasta 15 partidos, de la derecha liberal a los comunistas, tienen a dirigentes implicados. El izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), de Lula y Rousseff, resultó al principio el más golpeado. El clima político creado por el escándalo, junto a la crisis económica, fue el caldo de cultivo para el impeachment, el año pasado, de Rousseff, aunque se esgrimiese como motivo legal el maquillaje de las cuentas públicas. Ahora, los instigadores de su destitución están también bajo sospecha. Incluso la formación política que hasta ahora parecía más a salvo, el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) –principal sostén del Gobierno junto al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer- ha quedado muy dañado ya que entre los objetivos de la investigación del Supremo se encuentran su último candidato presidencial, Aécio Neves, y otro de sus hombres fuertes, el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
Pero lo peor aún puede estar por venir. El Supremo ha comenzado este miércoles a entregar a los medios de comunicación los archivos con las confesiones completas de los ejecutivos de Odebrecht, incluidos registros de audio y video que contienen el relato pormenorizado de dos décadas de compadreo con la élite política del país. Aunque el Supremo tenía previsto hacerlos públicos la próxima semana, una filtración, el martes, al diario O Estado de S. Paulo obligó a anticiparlo. Un cierto alivio para el Gobierno, ya que las vacaciones de Semana Santa pueden amortiguar los efectos del espectáculo.
Los mensajes que llegan del entorno de Temer son que el presidente ni va a cambiar su Gobierno ni va a desistir de sus planes, en la confianza de que el recorrido judicial del caso aún será largo. En la noche del martes transmitió a algunos dirigentes políticos que pretende continuar e incluso acelerar su programa de reformas, la más inmediata, un recorte en el sistema de pensiones. “No podemos parar la actividad legislativa”, ha clamado el presidente. Los mercados parecen confiar en él, y la Bolsa de São Paulo no ha mostrado ningún signo de inquietud. Todo lo contrario que los diputados de base de la mayoría gubernamental, temerosos de que, al desgaste por la corrupción, se sume su apoyo a una reforma de la pensiones con gran rechazo popular. Incluso un miembro del partido de Temer, el vicepresidente de la Cámara, Fabio Ramalho, ha declarado que, en las circunstancias actuales, el presidente debe renunciar al recorte en las prestaciones por jubilación.
Xosé Hermida
Brasilia / São Paulo, El País
Brasil se dispone a asistir al relato minucioso de cómo su cúpula política se dejó corromper de forma sistemática en las dos últimas décadas. El país vivirá la Semana Santa bajo el impacto de la inminente divulgación de la delação do fim do mundo, las confesiones de 78 exejecutivos de una de las mayores constructoras de América. Pero el presidente, Michel Temer, intenta ignorar la tempestad. No prevé tomar medidas contra sus ocho ministros que serán investigados por corrupción e incluso pretende acelerar su impopular programa de reformas.
La Cámara de Diputados y el Senado brasileño interrumpieron este miércoles sus sesiones previstas. Los representantes del pueblo aún no se habían recuperado del impacto de la bomba que todos esperaban desde hace semanas y que cayó inopinadamente en la tarde del martes: la lista de 108 aforados a los que el Tribunal Supremo va a investigar a partir de las confesiones de los antiguos ejecutivos de la constructora Odebrecht. La noticia llegó en plena sesión de la Cámara, y los diputados se abalanzaron de inmediato sobre sus teléfonos para consultar la lista. Alguno de los incluidos hasta se lo tomó con humor, como el diputado Paulo Pereira da Silva, más conocido en su circunscripción de São Paulo como Paulinho da Força, que ironizó ante los periodistas: “Quien tiene que preocuparse es quien no esté en la lista. Eso es un desprestigio”.
Entre los acusados de haber recibido sobornos o donaciones ilegales de Odebrecht a cambio de contratos o leyes que favorecían a la constructora no falta, efectivamente, casi nadie que haya sido alguien en Brasil en las dos últimas décadas: ocho ministros, los presidentes de las dos cámaras, los líderes de los dos principales partidos del Gobierno, 12 de los 27 gobernadores de los Estados y cuatro de los últimos cinco presidentes, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso y Fernando Collor de Mello. El quinto expresidente que queda vivo, José Sarney, está también acusado en otra ramificación de esa macrotrama conocida como Operación Lava Jato.
Dos años después de que estallase este escándalo de corrupción, con origen en los presuntos sobornos pagados por empresas a cambio de contratos con la petrolera pública Petrobras, todo el sistema político brasileño se tambalea. Hasta 15 partidos, de la derecha liberal a los comunistas, tienen a dirigentes implicados. El izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), de Lula y Rousseff, resultó al principio el más golpeado. El clima político creado por el escándalo, junto a la crisis económica, fue el caldo de cultivo para el impeachment, el año pasado, de Rousseff, aunque se esgrimiese como motivo legal el maquillaje de las cuentas públicas. Ahora, los instigadores de su destitución están también bajo sospecha. Incluso la formación política que hasta ahora parecía más a salvo, el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) –principal sostén del Gobierno junto al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer- ha quedado muy dañado ya que entre los objetivos de la investigación del Supremo se encuentran su último candidato presidencial, Aécio Neves, y otro de sus hombres fuertes, el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
Pero lo peor aún puede estar por venir. El Supremo ha comenzado este miércoles a entregar a los medios de comunicación los archivos con las confesiones completas de los ejecutivos de Odebrecht, incluidos registros de audio y video que contienen el relato pormenorizado de dos décadas de compadreo con la élite política del país. Aunque el Supremo tenía previsto hacerlos públicos la próxima semana, una filtración, el martes, al diario O Estado de S. Paulo obligó a anticiparlo. Un cierto alivio para el Gobierno, ya que las vacaciones de Semana Santa pueden amortiguar los efectos del espectáculo.
Los mensajes que llegan del entorno de Temer son que el presidente ni va a cambiar su Gobierno ni va a desistir de sus planes, en la confianza de que el recorrido judicial del caso aún será largo. En la noche del martes transmitió a algunos dirigentes políticos que pretende continuar e incluso acelerar su programa de reformas, la más inmediata, un recorte en el sistema de pensiones. “No podemos parar la actividad legislativa”, ha clamado el presidente. Los mercados parecen confiar en él, y la Bolsa de São Paulo no ha mostrado ningún signo de inquietud. Todo lo contrario que los diputados de base de la mayoría gubernamental, temerosos de que, al desgaste por la corrupción, se sume su apoyo a una reforma de la pensiones con gran rechazo popular. Incluso un miembro del partido de Temer, el vicepresidente de la Cámara, Fabio Ramalho, ha declarado que, en las circunstancias actuales, el presidente debe renunciar al recorte en las prestaciones por jubilación.
