México aprueba una ley contra la desaparición de personas casi dos años y medio después del ‘caso Ayotzinapa’
Las organizaciones sociales celebran el texto, que deberá ser refrendado en la Cámara de Diputados, aunque critican partes de la norma
Pablo Ferri
México, El País
México ha dado un paso trascendental en la protección de los derechos de sus ciudadanos. Este jueves, el Senado aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Tras casi dos años de trabajo, discusión y tiranteces entre la clase política y las organizaciones de víctimas, el Gobierno federal y los estatales dispondrán finalmente de instrumentos para contener -y enmendar- una de las grandes tragedias del México contemporáneo, donde hay decenas de miles de desaparecidos. La cifra oficial ronda los 30.000, aunque los altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación no ocultan que es un número estimativo. En realidad, se desconoce el número exacto.
A falta de la rúbrica de la Cámara de Diputados, que deberá ratificar la decisión del Senado, la ley prevé la creación de una agencia autónoma, la Comisión Nacional de Búsqueda. La labor de la comisión será coordinar los esfuerzos entre los diferentes cuerpos policiales e investigativos. Y presionar -cabildear, como dicen en México- para que la búsqueda de las personas desaparecidas sea una prioridad y no una carga.
La Comisión es el instrumento estrella de la futura ley. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, un paraguas que integra a decenas de asociaciones de familiares de personas ausentes, ha reconocido su valor, aunque, reconocen, no es el resultado que esperaban. En un comunicado divulgado el miércoles, el movimiento ha señalado que “si bien se creará una comisión. Esta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación”.
El movimiento ha censurado además que la ley no define sobre quien recae la responsabilidad de las investigaciones. Si desaparece un hombre en un pueblo de Veracruz, ¿le toca intervenir a las autoridades estatales o federales? Por último, la organización ha lamentado que la ley no permita “fincar responsabilidades al superior jerárquico” en casos de desaparición forzada.
Esta última era una de las grandes peleas de las asociaciones. La infiltración del crimen en el aparato del estado y las continuas denuncias contra policías y fiscalías estatales y locales por colaborar con las mafias conformaban su pilar argumental. En un contexto en el que el malo puede ser el jede de policía, ¿Por qué no permite la ley que se pueda ir contra él?
Casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero, o el de lo cinco jóvenes de Tierra Blanca, levantados en Veracruz en 2016, ilustran la casuística del párrafo anterior. En el primero, la policía local estaba totalmente infiltrada por el grupo criminal que se llevó a los 43. En el segundo, la policía estatal.
La prensa local ha detallado estos días el resto de instrumentos y medidas que prevé la ley. Por ejemplo, un registro nacional de fosas, que comprenda las clandestinas, usadas por el crimen organizado, y las comunes, empleadas por las fiscalías estatales para enterrar cuerpos de personas no identificadas.
Igualmente, la norma prevé incentivos para que los delincuentes den información sobre el paradero de los desaparecidos. De colaborar, podrían rebajar su pena de 40 a 20 años.
México, El País
México ha dado un paso trascendental en la protección de los derechos de sus ciudadanos. Este jueves, el Senado aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Tras casi dos años de trabajo, discusión y tiranteces entre la clase política y las organizaciones de víctimas, el Gobierno federal y los estatales dispondrán finalmente de instrumentos para contener -y enmendar- una de las grandes tragedias del México contemporáneo, donde hay decenas de miles de desaparecidos. La cifra oficial ronda los 30.000, aunque los altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación no ocultan que es un número estimativo. En realidad, se desconoce el número exacto.
A falta de la rúbrica de la Cámara de Diputados, que deberá ratificar la decisión del Senado, la ley prevé la creación de una agencia autónoma, la Comisión Nacional de Búsqueda. La labor de la comisión será coordinar los esfuerzos entre los diferentes cuerpos policiales e investigativos. Y presionar -cabildear, como dicen en México- para que la búsqueda de las personas desaparecidas sea una prioridad y no una carga.
La Comisión es el instrumento estrella de la futura ley. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, un paraguas que integra a decenas de asociaciones de familiares de personas ausentes, ha reconocido su valor, aunque, reconocen, no es el resultado que esperaban. En un comunicado divulgado el miércoles, el movimiento ha señalado que “si bien se creará una comisión. Esta no contará con policía propia y deberá solicitar colaboración al Ministerio Público para la realización de acciones de investigación”.
El movimiento ha censurado además que la ley no define sobre quien recae la responsabilidad de las investigaciones. Si desaparece un hombre en un pueblo de Veracruz, ¿le toca intervenir a las autoridades estatales o federales? Por último, la organización ha lamentado que la ley no permita “fincar responsabilidades al superior jerárquico” en casos de desaparición forzada.
Esta última era una de las grandes peleas de las asociaciones. La infiltración del crimen en el aparato del estado y las continuas denuncias contra policías y fiscalías estatales y locales por colaborar con las mafias conformaban su pilar argumental. En un contexto en el que el malo puede ser el jede de policía, ¿Por qué no permite la ley que se pueda ir contra él?
Casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero, o el de lo cinco jóvenes de Tierra Blanca, levantados en Veracruz en 2016, ilustran la casuística del párrafo anterior. En el primero, la policía local estaba totalmente infiltrada por el grupo criminal que se llevó a los 43. En el segundo, la policía estatal.
La prensa local ha detallado estos días el resto de instrumentos y medidas que prevé la ley. Por ejemplo, un registro nacional de fosas, que comprenda las clandestinas, usadas por el crimen organizado, y las comunes, empleadas por las fiscalías estatales para enterrar cuerpos de personas no identificadas.
Igualmente, la norma prevé incentivos para que los delincuentes den información sobre el paradero de los desaparecidos. De colaborar, podrían rebajar su pena de 40 a 20 años.
