El aislamiento de Bolivia en la ONU y OEA
Guzmán señala que la postura boliviana frente a la situación en Siria y Venezuela pone en riesgo los intereses del país.
Andrés Guzmán Escobari analista
Durante la primera semana de abril, la diplomacia boliviana incurrió en dos errores inoficiosos que no hicieron más que profundizar el aislamiento de nuestro país a nivel internacional: el intento fallido por celebrar una reunión reservada en el Consejo de Seguridad, con el fin de apoyar a Siria, y el intento fallido por suspender una sesión del Consejo Permanente de la OEA, para apoyar a Venezuela.
En efecto, estos dos traspiés, que son una muestra más de la desprolijidad con la que se manejan nuestras relaciones internacionales, resultan sumamente preocupantes si consideramos que cuando concluya el juicio que tenemos contra Chile sobre la "obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico”, aproximadamente a mediados de 2018, vamos a necesitar ávidamente el apoyo de la comunidad internacional, ya sea para negociar con el país del Mapocho si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falla a nuestro favor, o para enfrentar lo que podría ser un resultado mediana o totalmente desfavorable.
Pero si bien resulta obvio que Bolivia requerirá el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar el escenario que surja después del juicio en La Haya, las acciones que han tomado nuestros representantes ante la OEA y la ONU no contribuyen a ese propósito, sino que nos alejan más de los países que ven con tristeza y repudio lo que sucede en Venezuela y Siria.
El primero que ha intentado romper el orden democrático suprimiendo al poder legislativo; y el segundo que ha utilizado armas químicas en contra de su población civil, según un informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), suscrito por el Secretario General de la ONU el 21 de octubre de 2016 (S/2016/888).
Considerando estos antecedentes, en las siguientes líneas intentaré hacer una crítica constructiva de lo sucedido en el Consejo de Seguridad, dejando lo ocurrido en la OEA para un próximo artículo. Primero cabe recordar que a finales de febrero, Bolivia votó en contra de una resolución del Consejo de Seguridad que pretendía sancionar a ciertos funcionarios del gobierno sirio por el uso y producción de armas químicas.
Lo cual, si bien se hizo porque las listas de los funcionarios sirios a ser sancionados no habían sido aprobadas por la Comisión encargada de esa tarea, nuestro representante pudo haber votado en abstención para evitar que la crítica internacional incluya a nuestro país entre los Estados que apoyan al gobierno de Bashar Al-Assad, conformado por Rusia, China e Irán que, a diferencia de nuestro país, sí tienen fuertes intereses geopolíticos y económicos en la zona.
Después de ese innecesario tropezón, el Consejo de Seguridad se reunió el 5 de abril para tratar el ataque químico perpetrado un día antes en el poblado sirio de Khan Sheikhoun. En esa ocasión, el representante boliviano, Sacha Llorenti, en referencia al informe emitido el 22 de marzo de 2017 por la Secretaría de la OPAQ dijo: "valoramos que se haya verificado la destrucción de 24 de las 27 instalaciones declaradas por la República Árabe Siria en las que pudieran producir armas químicas”, y luego añadió: "Resaltamos que de acuerdo al mismo informe todos los químicos declarados por la República Árabe Siria que fueron removidos de su territorio en 2014, han sido destruidos. Por lo que destacamos la disposición y voluntad expresada por el gobierno sirio para cumplir con sus obligaciones internacionales”.
Al respecto, cabe señalar que Siria aún no destruyó todas sus instalaciones de producción de armas químicas, tal como se había comprometido mediante los acuerdos que suscribió con Rusia y Estados Unidos en octubre de 2013, junto a la Convención sobre las Armas Químicas de 1993.
Según lo convenido en esa ocasión, Damasco tenía hasta mediados de 2014 para destruir todas sus instalaciones de producción de armas químicas, por lo que después de casi tres años de haber fenecido ese plazo resulta injustificado, por no decir curioso, que Bolivia "valore” la destrucción de solo 24 de las 27 instalaciones que posee el Gobierno de Siria, más aún si consideramos los antecedentes que aquél tiene en el uso de armas químicas.
Por otra parte, también es importante anotar que los químicos declarados, que efectivamente fueron removidos de territorio sirio a principios de 2014, no fueron destruidos por el gobierno de Al-Assad, sino por una coalición de países que se ofreció a cumplir con esa tarea junto a la OPAQ. Por lo que no correspondía en ningún caso "resaltar” ni "destacar” la "disposición y voluntad expresada por el Gobierno sirio para cumplir con sus obligaciones internacionales”.
Además, después del ataque de misiles estadounidenses a una base militarsiria, perpetrado precisamente en represalia por el uso de armas químicas supuestamente acometido por el Gobierno de Damasco el 4 de abril; Llorenti solicitó realizar una reunión reservada del Consejo de Seguridad para tratar el tema de la intervención unilateral de Estados Unidos. Lo cual fue desestimado por la actual Presidenta del Consejo, la Embajadora estadounidense Nikki Haley, que convocó a una reunión pública y declaró que "Cualquier país que escoja defender las atrocidades del régimen sirio, tendrá que hacerlo en público, para que todo el mudo pueda oírlo”.
Así, la reunión se llevó a cabo públicamente el 7 de abril y nuestro representante ya no valoró ni destacó las acciones del régimen sirio, sino que se concentró en atacar a Estados Unidos.
Ciertamente, el Embajador boliviano señaló las contradicciones de la política intervencionista de Washington con razón y vehemencia, y si bien no dijo nada que no sea cierto, las verdades hay que saber decirlas o mejor no decirlas, si no conviene. En este caso, teniendo en cuenta que debemos conseguir apoyos para lo que vaya a suceder después del juicio en la CIJ, habría sido mucho más acertado adoptar una postura neutral, menos política y más diplomática, que sin apoyar a los unos tampoco apoye a los otros, y que no deje la sensación de que Bolivia respalda al gobierno de Al-Assad.
En este punto, es importante comprender que en relaciones internacionales no existen amigos ni enemigos, sino intereses y que debemos priorizar los nuestros antes que los de Siria o los de Venezuela. De hecho, lo que corresponde es mostrarnos como un país democrático y respetuoso del derecho internacional, que busca resolver sus conflictos mediante arreglos pacíficos y negociados, y que más allá de las ideologías, dar la bienvenida a todos los países y organismos internacionales que quieran apoyar nuestra demanda de reintegración marítima.
Durante la primera semana de abril, la diplomacia boliviana incurrió en dos errores inoficiosos que no hicieron más que profundizar el aislamiento de nuestro país a nivel internacional: el intento fallido por celebrar una reunión reservada en el Consejo de Seguridad, con el fin de apoyar a Siria, y el intento fallido por suspender una sesión del Consejo Permanente de la OEA, para apoyar a Venezuela.
En efecto, estos dos traspiés, que son una muestra más de la desprolijidad con la que se manejan nuestras relaciones internacionales, resultan sumamente preocupantes si consideramos que cuando concluya el juicio que tenemos contra Chile sobre la "obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico”, aproximadamente a mediados de 2018, vamos a necesitar ávidamente el apoyo de la comunidad internacional, ya sea para negociar con el país del Mapocho si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falla a nuestro favor, o para enfrentar lo que podría ser un resultado mediana o totalmente desfavorable.
Pero si bien resulta obvio que Bolivia requerirá el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar el escenario que surja después del juicio en La Haya, las acciones que han tomado nuestros representantes ante la OEA y la ONU no contribuyen a ese propósito, sino que nos alejan más de los países que ven con tristeza y repudio lo que sucede en Venezuela y Siria.
El primero que ha intentado romper el orden democrático suprimiendo al poder legislativo; y el segundo que ha utilizado armas químicas en contra de su población civil, según un informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), suscrito por el Secretario General de la ONU el 21 de octubre de 2016 (S/2016/888).
Considerando estos antecedentes, en las siguientes líneas intentaré hacer una crítica constructiva de lo sucedido en el Consejo de Seguridad, dejando lo ocurrido en la OEA para un próximo artículo. Primero cabe recordar que a finales de febrero, Bolivia votó en contra de una resolución del Consejo de Seguridad que pretendía sancionar a ciertos funcionarios del gobierno sirio por el uso y producción de armas químicas.
Lo cual, si bien se hizo porque las listas de los funcionarios sirios a ser sancionados no habían sido aprobadas por la Comisión encargada de esa tarea, nuestro representante pudo haber votado en abstención para evitar que la crítica internacional incluya a nuestro país entre los Estados que apoyan al gobierno de Bashar Al-Assad, conformado por Rusia, China e Irán que, a diferencia de nuestro país, sí tienen fuertes intereses geopolíticos y económicos en la zona.
Después de ese innecesario tropezón, el Consejo de Seguridad se reunió el 5 de abril para tratar el ataque químico perpetrado un día antes en el poblado sirio de Khan Sheikhoun. En esa ocasión, el representante boliviano, Sacha Llorenti, en referencia al informe emitido el 22 de marzo de 2017 por la Secretaría de la OPAQ dijo: "valoramos que se haya verificado la destrucción de 24 de las 27 instalaciones declaradas por la República Árabe Siria en las que pudieran producir armas químicas”, y luego añadió: "Resaltamos que de acuerdo al mismo informe todos los químicos declarados por la República Árabe Siria que fueron removidos de su territorio en 2014, han sido destruidos. Por lo que destacamos la disposición y voluntad expresada por el gobierno sirio para cumplir con sus obligaciones internacionales”.
Al respecto, cabe señalar que Siria aún no destruyó todas sus instalaciones de producción de armas químicas, tal como se había comprometido mediante los acuerdos que suscribió con Rusia y Estados Unidos en octubre de 2013, junto a la Convención sobre las Armas Químicas de 1993.
Según lo convenido en esa ocasión, Damasco tenía hasta mediados de 2014 para destruir todas sus instalaciones de producción de armas químicas, por lo que después de casi tres años de haber fenecido ese plazo resulta injustificado, por no decir curioso, que Bolivia "valore” la destrucción de solo 24 de las 27 instalaciones que posee el Gobierno de Siria, más aún si consideramos los antecedentes que aquél tiene en el uso de armas químicas.
Por otra parte, también es importante anotar que los químicos declarados, que efectivamente fueron removidos de territorio sirio a principios de 2014, no fueron destruidos por el gobierno de Al-Assad, sino por una coalición de países que se ofreció a cumplir con esa tarea junto a la OPAQ. Por lo que no correspondía en ningún caso "resaltar” ni "destacar” la "disposición y voluntad expresada por el Gobierno sirio para cumplir con sus obligaciones internacionales”.
Además, después del ataque de misiles estadounidenses a una base militarsiria, perpetrado precisamente en represalia por el uso de armas químicas supuestamente acometido por el Gobierno de Damasco el 4 de abril; Llorenti solicitó realizar una reunión reservada del Consejo de Seguridad para tratar el tema de la intervención unilateral de Estados Unidos. Lo cual fue desestimado por la actual Presidenta del Consejo, la Embajadora estadounidense Nikki Haley, que convocó a una reunión pública y declaró que "Cualquier país que escoja defender las atrocidades del régimen sirio, tendrá que hacerlo en público, para que todo el mudo pueda oírlo”.
Así, la reunión se llevó a cabo públicamente el 7 de abril y nuestro representante ya no valoró ni destacó las acciones del régimen sirio, sino que se concentró en atacar a Estados Unidos.
Ciertamente, el Embajador boliviano señaló las contradicciones de la política intervencionista de Washington con razón y vehemencia, y si bien no dijo nada que no sea cierto, las verdades hay que saber decirlas o mejor no decirlas, si no conviene. En este caso, teniendo en cuenta que debemos conseguir apoyos para lo que vaya a suceder después del juicio en la CIJ, habría sido mucho más acertado adoptar una postura neutral, menos política y más diplomática, que sin apoyar a los unos tampoco apoye a los otros, y que no deje la sensación de que Bolivia respalda al gobierno de Al-Assad.
En este punto, es importante comprender que en relaciones internacionales no existen amigos ni enemigos, sino intereses y que debemos priorizar los nuestros antes que los de Siria o los de Venezuela. De hecho, lo que corresponde es mostrarnos como un país democrático y respetuoso del derecho internacional, que busca resolver sus conflictos mediante arreglos pacíficos y negociados, y que más allá de las ideologías, dar la bienvenida a todos los países y organismos internacionales que quieran apoyar nuestra demanda de reintegración marítima.
