Condena histórica en Colombia por el escándalo de los ‘falsos positivos’
Una veintena de militares sentenciados a entre 30 y 50 años de cárcel por asesinar a cinco jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros y paramilitares
Ana Marcos
Bogotá, El País
Ha pasado casi una década desde que se desveló uno de los peores crímenes de la guerra de Colombia. El escándalo de los falsos positivos: civiles engañados, asesinados y disfrazados de guerrilleros o paramilitares que sirvieron para que muchos soldados y altos mandos consiguieran beneficios económicos y vacaciones durante el Gobierno de Álvaro Uribe a principios de los 2000. La noche del lunes, un juzgado de Cundinamarca condenó a 21 militares, entre ellos un coronel, el de más alto rango, a penas de cárcel de entre 37 y 52 años por estos crímenes, en lo que ya es una sentencia histórica.
Los acusados son responsables de delitos de lesa humanidad por el asesinato de Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, cinco jóvenes del municipio de Soacha, una barriada muy humilde a las afueras de Bogotá. La última vez que sus familiares los vieron fue entre finales de 2007 y principios de 2008. Militares de la Brigada Móvil 15 les habían prometido puestos de trabajo. Meses después, fueron hallados muertos a cientos de kilómetros de sus casas, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el noreste de Colombia.
Todos estos jóvenes, como las miles de denuncias que aun siguen en la Fiscalía, fueron reportados como bajas en combate para subir los resultados de las unidades militares y así conseguir permisos y beneficios económicos. Uno de los sargentos condenados confesó durante la investigación que recibió más de dos millones de pesos (unos 650 euros) por dos de las víctimas.
Ninguno de estos uniformados podrá solicitar casa por cárcel, una de las modalidades para cumplir la pena en Colombia. Además, el juzgado ha exhortado al Ministerio de Defensa y al Ejército que se brinde una reparación simbólica a las víctimas y sus familiares con la propuesta de construir un monumento en su memoria.
Competencias legales
La sentencia llega una semana después de que otro juez se declarara incompetente para tramitar este proceso. La aprobación de la Justicia Especial para la Paz, pactada en el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, está sirviendo de parapeto legal para muchos magistrados en Colombia. "No se trató de muertes en combate. Los militares organizaron una banda criminal. Son repetitivas las escenas en todos los casos en los que hubo desaparición forzada y concierto para delinquir", ha declarado la jueza.
En esta misma línea ya se ha manifestado Human Rights Watch (HRW), organismo muy crítico con los acuerdos de paz en el país: "Estos hechos no hacen parte del conflicto, fueron muertos en circunstancias de indefensión". José Manuel Vivanco, responsable de HRW, antes de que se produjera esta histórica sentencia, envió un mensaje al Gobierno colombiano. "Llamo a todas las autoridades judiciales y al fiscal general de la Nación a tomar todas las medidas legales a su disposición para revocar esta decisión y evitar que establezca un nefasto precedente".
Los familiares de Soacha también luchan para que los casos de sus hijos no acaben en la Justicia Especial. “Permitir que este caso vaya al Tribunal de Paz sería un premio para los asesinos de mi hijo”, ha dicho doña Idaly Garcerá, madre de Diego Tamayo, según recoge el diario El Tiempo.
Bogotá, El País
Ha pasado casi una década desde que se desveló uno de los peores crímenes de la guerra de Colombia. El escándalo de los falsos positivos: civiles engañados, asesinados y disfrazados de guerrilleros o paramilitares que sirvieron para que muchos soldados y altos mandos consiguieran beneficios económicos y vacaciones durante el Gobierno de Álvaro Uribe a principios de los 2000. La noche del lunes, un juzgado de Cundinamarca condenó a 21 militares, entre ellos un coronel, el de más alto rango, a penas de cárcel de entre 37 y 52 años por estos crímenes, en lo que ya es una sentencia histórica.
Los acusados son responsables de delitos de lesa humanidad por el asesinato de Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, cinco jóvenes del municipio de Soacha, una barriada muy humilde a las afueras de Bogotá. La última vez que sus familiares los vieron fue entre finales de 2007 y principios de 2008. Militares de la Brigada Móvil 15 les habían prometido puestos de trabajo. Meses después, fueron hallados muertos a cientos de kilómetros de sus casas, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el noreste de Colombia.
Todos estos jóvenes, como las miles de denuncias que aun siguen en la Fiscalía, fueron reportados como bajas en combate para subir los resultados de las unidades militares y así conseguir permisos y beneficios económicos. Uno de los sargentos condenados confesó durante la investigación que recibió más de dos millones de pesos (unos 650 euros) por dos de las víctimas.
Ninguno de estos uniformados podrá solicitar casa por cárcel, una de las modalidades para cumplir la pena en Colombia. Además, el juzgado ha exhortado al Ministerio de Defensa y al Ejército que se brinde una reparación simbólica a las víctimas y sus familiares con la propuesta de construir un monumento en su memoria.
Competencias legales
La sentencia llega una semana después de que otro juez se declarara incompetente para tramitar este proceso. La aprobación de la Justicia Especial para la Paz, pactada en el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, está sirviendo de parapeto legal para muchos magistrados en Colombia. "No se trató de muertes en combate. Los militares organizaron una banda criminal. Son repetitivas las escenas en todos los casos en los que hubo desaparición forzada y concierto para delinquir", ha declarado la jueza.
En esta misma línea ya se ha manifestado Human Rights Watch (HRW), organismo muy crítico con los acuerdos de paz en el país: "Estos hechos no hacen parte del conflicto, fueron muertos en circunstancias de indefensión". José Manuel Vivanco, responsable de HRW, antes de que se produjera esta histórica sentencia, envió un mensaje al Gobierno colombiano. "Llamo a todas las autoridades judiciales y al fiscal general de la Nación a tomar todas las medidas legales a su disposición para revocar esta decisión y evitar que establezca un nefasto precedente".
Los familiares de Soacha también luchan para que los casos de sus hijos no acaben en la Justicia Especial. “Permitir que este caso vaya al Tribunal de Paz sería un premio para los asesinos de mi hijo”, ha dicho doña Idaly Garcerá, madre de Diego Tamayo, según recoge el diario El Tiempo.
