Bruselas abre procedimiento a Hungría por la ley de universidades
El primer ministro Orbán comparece en el Parlamento Europeo para dar explicaciones
Lucía Abellán
Bruselas, El País
Bruselas lanza el primer dardo formal al Gobierno húngaro por su última deriva autoritaria. La Comisión Europea le ha abierto un procedimiento de infracción por la ley de universidades que pone contra las cuerdas a la prestigiosa Central European University (CEU), financiada fundamentalmente por el multimillonario George Soros. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, arremetió en la Eurocámara contra Soros, pero se dijo dispuesto a aceptar la "oferta de diálogo" del Ejecutivo comunitario.
La Comisión ha tomado esta decisión apenas tres horas antes de que Orbán compareciera en el Parlamento Europeo para defenderse de las críticas sobre sus excesos. Bruselas lleva tiempo mirando con recelos a Hungría y la de las universidades no es la única norma bajo la lupa. Pero las autoridades comunitarias han decidido empezar con este caso porque consideran que ha traspasado las líneas rojas de desafío al marco europeo. Budapest pretende obligar a las universidades extranjeras que operen en Hungría a contar con una sede central en su país de origen (en este caso, Estados Unidos). No cumplir este requisito las aboca al cierre. La norma parece expresamente diseñada para clausurar el centro de Soros, algo que conculca las reglas europeas de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, así como la libertad académica, según el análisis de Bruselas.
El procedimiento se abre con el envío de una notificación formal al Gobierno húngaro alertándole sobre el incumplimiento detectado. Orbán tiene un mes para responder. “A partir de ahí, la Comisión decidirá sobre los siguientes pasos”, ha explicado el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis, sin querer dar más pistas. Si las alegaciones no satisfacen a Bruselas, el asunto puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE, cuyas sentencias son vinculantes.
La Comisión examina también otros dos dosieres húngaros. Se trata de la norma para detener por defecto a todo migrante o demandante de asilo que llegue al país y del cuestionario que el Gobierno ha enviado a sus ciudadanos con el elocuente título de Paremos a Bruselas. El brazo ejecutivo de la UE prefiere agotar el diálogo con Orbán —cuya formación, Fidesz, forma parte del Partido Popular Europeo— antes de adoptar medidas formales. Por el momento, la Comisión se emplea en combatir las afirmaciones falsas de Budapest. El número dos comunitario, el vicepresidente Frans Timmermans, ha refutado en el Parlamento Europeo, frente a Orbán, los “hechos incorrectos o tergiversados” que incluye ese cuestionario dirigido a los hogares húngaros. "¿Cómo casan las decisiones que se adoptan en el Consejo Europeo, con Hungría incluida, con la campaña de Paremos a Bruselas?", le ha inquirido Timmermans.
Ataques a Soros
Orbán ha defendido su norma de universidades y ha arremetido contra Soros, al que considera "un especulador que ataca a Hungría, que ha destruido la vida de millones de europeos, un enemigo declarado del euro". Algunos eurodiputados le han recordado con sorna que el hoy primer ministro fue beneficiario de una beca del inversor estadounidense de origen húngaro. Más allá del litigio universitario, el gobernante ha reivindicado su rechazo a aceptar refugiados en su territorio: "Nos reservamos el derecho a decidir con quién compartimos Hungría".
Casi todos los grupos -salvo euroescépticos y xenófobos- han cuestionado sus medidas. El mayor ejercicio de equilibrismo lo ha hecho el representante del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que ha criticado aspectos concretos de su actuación, pero sin censurarlo. "Le pedimos que asuma las modificaciones que le señala la Comisión Europea", ha instado Weber, a quien los socialdemócratas han reprochado que mantenga al partido de Orbán en el seno de los populares europeos. Varios diputados -entre ellos la liberal Sophia in't Veld o el socialista Juan Fernando López Aguilar- han pedido a la Comisión que actúe y aplique a Hungría el mismo procedimiento de defensa del Estado de derecho que sigue con Polonia. Al líder húngaro también le han afeado que su país sea uno de los principales receptores de fondos comunitarios y, al mismo tiempo, desafíe constantemente las reglas europeas.
La ofensiva de Bruselas contra Hungría es mucho más benévola que la empleada con Polonia, donde se considera que existe una amenaza sistemática al Estado de derecho que justifica ese procedimiento especial. Fuentes del Partido Popular Europeo argumentan que, al contrario que el Ejecutivo polaco, el de Orbán siempre está dispuesto a hablar —su comparecencia en el Parlamento Europeo ha sido a petición propia— y acepta las decisiones de Bruselas.
Bruselas, El País
Bruselas lanza el primer dardo formal al Gobierno húngaro por su última deriva autoritaria. La Comisión Europea le ha abierto un procedimiento de infracción por la ley de universidades que pone contra las cuerdas a la prestigiosa Central European University (CEU), financiada fundamentalmente por el multimillonario George Soros. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, arremetió en la Eurocámara contra Soros, pero se dijo dispuesto a aceptar la "oferta de diálogo" del Ejecutivo comunitario.
La Comisión ha tomado esta decisión apenas tres horas antes de que Orbán compareciera en el Parlamento Europeo para defenderse de las críticas sobre sus excesos. Bruselas lleva tiempo mirando con recelos a Hungría y la de las universidades no es la única norma bajo la lupa. Pero las autoridades comunitarias han decidido empezar con este caso porque consideran que ha traspasado las líneas rojas de desafío al marco europeo. Budapest pretende obligar a las universidades extranjeras que operen en Hungría a contar con una sede central en su país de origen (en este caso, Estados Unidos). No cumplir este requisito las aboca al cierre. La norma parece expresamente diseñada para clausurar el centro de Soros, algo que conculca las reglas europeas de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, así como la libertad académica, según el análisis de Bruselas.
El procedimiento se abre con el envío de una notificación formal al Gobierno húngaro alertándole sobre el incumplimiento detectado. Orbán tiene un mes para responder. “A partir de ahí, la Comisión decidirá sobre los siguientes pasos”, ha explicado el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis, sin querer dar más pistas. Si las alegaciones no satisfacen a Bruselas, el asunto puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE, cuyas sentencias son vinculantes.
La Comisión examina también otros dos dosieres húngaros. Se trata de la norma para detener por defecto a todo migrante o demandante de asilo que llegue al país y del cuestionario que el Gobierno ha enviado a sus ciudadanos con el elocuente título de Paremos a Bruselas. El brazo ejecutivo de la UE prefiere agotar el diálogo con Orbán —cuya formación, Fidesz, forma parte del Partido Popular Europeo— antes de adoptar medidas formales. Por el momento, la Comisión se emplea en combatir las afirmaciones falsas de Budapest. El número dos comunitario, el vicepresidente Frans Timmermans, ha refutado en el Parlamento Europeo, frente a Orbán, los “hechos incorrectos o tergiversados” que incluye ese cuestionario dirigido a los hogares húngaros. "¿Cómo casan las decisiones que se adoptan en el Consejo Europeo, con Hungría incluida, con la campaña de Paremos a Bruselas?", le ha inquirido Timmermans.
Ataques a Soros
Orbán ha defendido su norma de universidades y ha arremetido contra Soros, al que considera "un especulador que ataca a Hungría, que ha destruido la vida de millones de europeos, un enemigo declarado del euro". Algunos eurodiputados le han recordado con sorna que el hoy primer ministro fue beneficiario de una beca del inversor estadounidense de origen húngaro. Más allá del litigio universitario, el gobernante ha reivindicado su rechazo a aceptar refugiados en su territorio: "Nos reservamos el derecho a decidir con quién compartimos Hungría".
Casi todos los grupos -salvo euroescépticos y xenófobos- han cuestionado sus medidas. El mayor ejercicio de equilibrismo lo ha hecho el representante del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que ha criticado aspectos concretos de su actuación, pero sin censurarlo. "Le pedimos que asuma las modificaciones que le señala la Comisión Europea", ha instado Weber, a quien los socialdemócratas han reprochado que mantenga al partido de Orbán en el seno de los populares europeos. Varios diputados -entre ellos la liberal Sophia in't Veld o el socialista Juan Fernando López Aguilar- han pedido a la Comisión que actúe y aplique a Hungría el mismo procedimiento de defensa del Estado de derecho que sigue con Polonia. Al líder húngaro también le han afeado que su país sea uno de los principales receptores de fondos comunitarios y, al mismo tiempo, desafíe constantemente las reglas europeas.
La ofensiva de Bruselas contra Hungría es mucho más benévola que la empleada con Polonia, donde se considera que existe una amenaza sistemática al Estado de derecho que justifica ese procedimiento especial. Fuentes del Partido Popular Europeo argumentan que, al contrario que el Ejecutivo polaco, el de Orbán siempre está dispuesto a hablar —su comparecencia en el Parlamento Europeo ha sido a petición propia— y acepta las decisiones de Bruselas.
