Las sospechas sobre los pagos de Odebrecht se extienden hasta las FARC
Exdirectivos reconocieron entregas de dinero a la guerrilla, según la revista brasileña 'Veja'
Bogotá, El País
Las sospechas sobre los pagos de la constructora brasileña Odebrecht, investigada por tejer una amplia red de sobornos en América Latina, se extienden hasta las FARC. Según la revista Veja, una de las principales de ese país, la compañía reconoció haber pagado durante dos décadas un impuesto revolucionario a la principal guerrilla colombiana a cambio de tener garantizada la seguridad en el territorio y poder llevar a cabo sus obras, entre las que se encuentra la autopista llamada Ruta del Sol, una carretera que comunica el centro del país con ciudades del Caribe cuyo contrato está ahora en entredicho tras estallar el escándalo.. Las entregas de dinero empezaron, asegura esa publicación, en los años noventa y oscilaban entre los 50.000 y los 100.000 dólares al mes (aproximadamente unos 47.000 y 94.000 euros).
Las fuentes citadas por este semanario hacen referencia a confesiones de dos exejecutivos de la constructora brasileña a la Fiscalía General de la República y a “tres abogados que conocen las operaciones internacionales de la compañía”. Se trataría de un caso distinto al de los sobornos sistémicos a varios Gobiernos y Administraciones, pero demostraría la determinación de esa empresa por hacer negocio también en las zonas entonces controladas por las FARC, que se encuentran ahora en una fase de transición a la vida civil tras el acuerdo de paz y cuyos dirigentes todavía no se han pronunciado sobre ese impuesto revolucionario. La financiación de “terceros” al conflicto en Colombia se dio con cierta frecuencia el pasado. En 2016, la justicia tenía abiertos procedimientos contra 57 empresas por pagos de esas características que ahora serían competencia del Tribunal Especial para la Paz.
Pero, ¿cómo empezaron esos supuestos pagos a las FARC? Según la investigación, todo comenzó cuando los guerrilleros secuestraron a dos directivos de la compañía en los noventa. Unos especialistas estadounidenses en resolución de conflictos les recomendaron recurrir a la entrega de dinero a cambio del “permiso” para trabajar en esas regiones y evitar problemas.
Odebrecht admitió ante la justicia haber entregado 11,2 millones de dólares en Colombia en solo cinco años, entre 2009 y 2014. Según la declaración de un exsenador a la Fiscalía, una parte del dinero que recibió, un millón de dólares, habría sido destinada a la última campaña del presidente del país, Juan Manuel Santos, en 2014. Pero después el mismo exsenador lo negó. Esta semana, Santos reiteró en un encuentro con empresarios, en el que trató de transmitir confianza en materia de construcción de obras civiles, que “no hay un solo cuestionamiento, o señalamiento de un pago o de un soborno a ningún funcionario para influenciar en estos procesos”.
Las sospechas sobre los pagos de la constructora brasileña Odebrecht, investigada por tejer una amplia red de sobornos en América Latina, se extienden hasta las FARC. Según la revista Veja, una de las principales de ese país, la compañía reconoció haber pagado durante dos décadas un impuesto revolucionario a la principal guerrilla colombiana a cambio de tener garantizada la seguridad en el territorio y poder llevar a cabo sus obras, entre las que se encuentra la autopista llamada Ruta del Sol, una carretera que comunica el centro del país con ciudades del Caribe cuyo contrato está ahora en entredicho tras estallar el escándalo.. Las entregas de dinero empezaron, asegura esa publicación, en los años noventa y oscilaban entre los 50.000 y los 100.000 dólares al mes (aproximadamente unos 47.000 y 94.000 euros).
Las fuentes citadas por este semanario hacen referencia a confesiones de dos exejecutivos de la constructora brasileña a la Fiscalía General de la República y a “tres abogados que conocen las operaciones internacionales de la compañía”. Se trataría de un caso distinto al de los sobornos sistémicos a varios Gobiernos y Administraciones, pero demostraría la determinación de esa empresa por hacer negocio también en las zonas entonces controladas por las FARC, que se encuentran ahora en una fase de transición a la vida civil tras el acuerdo de paz y cuyos dirigentes todavía no se han pronunciado sobre ese impuesto revolucionario. La financiación de “terceros” al conflicto en Colombia se dio con cierta frecuencia el pasado. En 2016, la justicia tenía abiertos procedimientos contra 57 empresas por pagos de esas características que ahora serían competencia del Tribunal Especial para la Paz.
Pero, ¿cómo empezaron esos supuestos pagos a las FARC? Según la investigación, todo comenzó cuando los guerrilleros secuestraron a dos directivos de la compañía en los noventa. Unos especialistas estadounidenses en resolución de conflictos les recomendaron recurrir a la entrega de dinero a cambio del “permiso” para trabajar en esas regiones y evitar problemas.
Odebrecht admitió ante la justicia haber entregado 11,2 millones de dólares en Colombia en solo cinco años, entre 2009 y 2014. Según la declaración de un exsenador a la Fiscalía, una parte del dinero que recibió, un millón de dólares, habría sido destinada a la última campaña del presidente del país, Juan Manuel Santos, en 2014. Pero después el mismo exsenador lo negó. Esta semana, Santos reiteró en un encuentro con empresarios, en el que trató de transmitir confianza en materia de construcción de obras civiles, que “no hay un solo cuestionamiento, o señalamiento de un pago o de un soborno a ningún funcionario para influenciar en estos procesos”.
