La justicia paraliza también el nuevo veto migratorio de Trump
Un juez federal de Hawái impide la puesta en marcha del decreto como medida cautelar horas antes de que entre en vigor
Joan Faus
Pablo Ximénez de Sandoval
Washington / Los Ángeles, El País
A la segunda, tampoco. Un juez federal de Hawái falló este miércoles en contra del Gobierno de Estados Unidos y ordenó que no entre en vigor el nuevo decreto sobre inmigración de Donald Trump. Esta era la nueva versión del veto miratorio que provocó el caos en los aeropuertos y fue paralizado por un juez de Seatte. Debía entrar en vigor en la medianoche de este miércoles. No lo hará porque el juez ha concedido la medida cautelar pedida por el Estado de Hawái para que no se aplique hasta que se resuelva la demanda contra él.
En la madrugada del jueves en Estados Unidos debía en vigor el nuevo veto migratorio de Donald Trump tras el fiasco del primer decreto. El presidente estadounidense afrontaba una prueba de fuego. Quería evitar el tumulto de la anterior orden ejecutiva. La justicia la paralizó una semana después de aprobarse al considerar que había indicios de que fuera inconstitucional. Antes, la orden había provocado escenas de caos en los aeropuertos y desató una ola de indignación internacional.
La Administración republicana había tratado de evitar errores con el nuevo texto. En vez de recurrir la suspensión de la norma original por parte de un juez de Seattle, el Gobierno había impulsado una nueva versión más moderada y ha bajado el tono dialéctico.
El juez Derrik K. Watson, de Honolulu, hace suyos los argumentos con los que el juez James Robart, de Seattle, concedió al estado de Washington la paralización del primer decreto migratorio. Aunque este segundo texto es menos agresivo que el anterior en sus consecuencias prácticas, básicamente porque no se aplica con efecto retroactivo a todos aquellos que ya tienen concedidos visados, el juez entiende que los argumentos de fondo tiene posibilidades en un futuro de juicio sobre la constitucionalidad del texto.
La prohibición es más acotada que la anterior, que se implementó inmediatamente sin que los agentes fronterizos supieran exactamente cómo aplicarla. Pero la tesis ideológica detrás del veto es la misma que atizó Trump en campaña: el supuesto peligro, no demostrado, que entraña para EE UU la entrada de refugiados e inmigrantes musulmanes.
Como en el caso del Estado de Washington, en el que el Gobierno recurrió hasta la Corte de Apelaciones de San Francisco y después declinó seguir batallando, el juez Watson no entra a valorar el fondo de la orden ejecutiva. Lo que hace es conceder una medida cautelar, una Orden de Restricción Temporal (TRO, en sus siglas en inglés) mientras procede el juicio. Para tomar esta decisión el juez entiende que los demandantes tienen posibilidades de ganar en su denuncia de inconstitucionalidad y, además, que los perjuicios causados por el veto migratorio en caso de entrar en vigor serían graves e irreparables.
El Estado de Hawai argumenta de nuevo que el decreto supone un perjuicio para sus sistema universitario, daña su principal fuente de ingresos que es el turismo y, sobre todo, supone una discriminación contra los musulmanes. En este punto, como hizo el estado de Washington, Hawái utiliza las propias palabras de Donald Trump y su equipo, que dieron a entender que el veto migratorio era el “veto total a musulmanes” que le presidente anunció en campaña electoral y luego fue matizando según avanzaba la elección.
En el nuevo texto la Casa Blanca argumentaba que no se trataba de una norma antimusulmanes, ya que “los seis países afectados representan una pequeña parte de los 50 países de mayoría musulmana y tienen menos del 9% de la población musulmana global”. El juez rechaza de plano este argumento: “La falta de lógica de la afirmación del Gobierno es patente. La idea de que uno pueda demostrar el ánimo contra cualquier grupo de personas solamente si apunta a todos a la vez es básicamente errónea. La Corte declina relegar su análisis de no discriminación a un mero ejercicio matemático”.
El veto estaba pensado para ser efectivo a los 10 días de firmarlo Trump en un acto a puerta cerrada, lejos de la parafernalia de su firma del primer decreto, el 27 de enero, cuando prometió “mantener a terroristas islamistas radicales” fuera de EE UU. Y el presidente ha dejado de atacar al magistrado que frenó su estrategia.
En el nuevo veto migratorio que ahora Trump tendrá que defender en los tribunales se impide durante 90 días solicitar un visado a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen). Pero en la lista ya no figura Irak y la restricción no afecta a las personas que ya tienen un visado o residencia permanente.
Se mantiene la paralización durante 120 días del programa de refugiados pero se levanta la suspensión indefinida a los ciudadanos sirios. También se elimina el lenguaje a favor de proteger a minorías religiosas, en una alusión a cristianos en Oriente Próximo, y se enfatiza que el veto responde a motivos de seguridad nacional para evitar resquicios legales sobre una posible discriminación intencionada a musulmanes.
El Gobierno alegaba que no hay ninguna necesidad de paralizar la orden porque no causa “ningún daño inmediato” y sostiene que es “sustancialmente diferente” a la anterior.
“No se revoca ningún visado, no se prohíbe el retorno de ningún residente permanente. Nadie que esté legalmente en Estados Unidos pierde la habilidad de salir del país y volver”, esgrime el Departamento de Justicia en un escrito ante un tribunal federal de Maryland, en el que grupos sociales han presentado otro recurso que considera ilegal la reducción del número de refugiados en medio del año fiscal.
Pablo Ximénez de Sandoval
Washington / Los Ángeles, El País
A la segunda, tampoco. Un juez federal de Hawái falló este miércoles en contra del Gobierno de Estados Unidos y ordenó que no entre en vigor el nuevo decreto sobre inmigración de Donald Trump. Esta era la nueva versión del veto miratorio que provocó el caos en los aeropuertos y fue paralizado por un juez de Seatte. Debía entrar en vigor en la medianoche de este miércoles. No lo hará porque el juez ha concedido la medida cautelar pedida por el Estado de Hawái para que no se aplique hasta que se resuelva la demanda contra él.
En la madrugada del jueves en Estados Unidos debía en vigor el nuevo veto migratorio de Donald Trump tras el fiasco del primer decreto. El presidente estadounidense afrontaba una prueba de fuego. Quería evitar el tumulto de la anterior orden ejecutiva. La justicia la paralizó una semana después de aprobarse al considerar que había indicios de que fuera inconstitucional. Antes, la orden había provocado escenas de caos en los aeropuertos y desató una ola de indignación internacional.
La Administración republicana había tratado de evitar errores con el nuevo texto. En vez de recurrir la suspensión de la norma original por parte de un juez de Seattle, el Gobierno había impulsado una nueva versión más moderada y ha bajado el tono dialéctico.
El juez Derrik K. Watson, de Honolulu, hace suyos los argumentos con los que el juez James Robart, de Seattle, concedió al estado de Washington la paralización del primer decreto migratorio. Aunque este segundo texto es menos agresivo que el anterior en sus consecuencias prácticas, básicamente porque no se aplica con efecto retroactivo a todos aquellos que ya tienen concedidos visados, el juez entiende que los argumentos de fondo tiene posibilidades en un futuro de juicio sobre la constitucionalidad del texto.
La prohibición es más acotada que la anterior, que se implementó inmediatamente sin que los agentes fronterizos supieran exactamente cómo aplicarla. Pero la tesis ideológica detrás del veto es la misma que atizó Trump en campaña: el supuesto peligro, no demostrado, que entraña para EE UU la entrada de refugiados e inmigrantes musulmanes.
Como en el caso del Estado de Washington, en el que el Gobierno recurrió hasta la Corte de Apelaciones de San Francisco y después declinó seguir batallando, el juez Watson no entra a valorar el fondo de la orden ejecutiva. Lo que hace es conceder una medida cautelar, una Orden de Restricción Temporal (TRO, en sus siglas en inglés) mientras procede el juicio. Para tomar esta decisión el juez entiende que los demandantes tienen posibilidades de ganar en su denuncia de inconstitucionalidad y, además, que los perjuicios causados por el veto migratorio en caso de entrar en vigor serían graves e irreparables.
El Estado de Hawai argumenta de nuevo que el decreto supone un perjuicio para sus sistema universitario, daña su principal fuente de ingresos que es el turismo y, sobre todo, supone una discriminación contra los musulmanes. En este punto, como hizo el estado de Washington, Hawái utiliza las propias palabras de Donald Trump y su equipo, que dieron a entender que el veto migratorio era el “veto total a musulmanes” que le presidente anunció en campaña electoral y luego fue matizando según avanzaba la elección.
En el nuevo texto la Casa Blanca argumentaba que no se trataba de una norma antimusulmanes, ya que “los seis países afectados representan una pequeña parte de los 50 países de mayoría musulmana y tienen menos del 9% de la población musulmana global”. El juez rechaza de plano este argumento: “La falta de lógica de la afirmación del Gobierno es patente. La idea de que uno pueda demostrar el ánimo contra cualquier grupo de personas solamente si apunta a todos a la vez es básicamente errónea. La Corte declina relegar su análisis de no discriminación a un mero ejercicio matemático”.
El veto estaba pensado para ser efectivo a los 10 días de firmarlo Trump en un acto a puerta cerrada, lejos de la parafernalia de su firma del primer decreto, el 27 de enero, cuando prometió “mantener a terroristas islamistas radicales” fuera de EE UU. Y el presidente ha dejado de atacar al magistrado que frenó su estrategia.
En el nuevo veto migratorio que ahora Trump tendrá que defender en los tribunales se impide durante 90 días solicitar un visado a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen). Pero en la lista ya no figura Irak y la restricción no afecta a las personas que ya tienen un visado o residencia permanente.
Se mantiene la paralización durante 120 días del programa de refugiados pero se levanta la suspensión indefinida a los ciudadanos sirios. También se elimina el lenguaje a favor de proteger a minorías religiosas, en una alusión a cristianos en Oriente Próximo, y se enfatiza que el veto responde a motivos de seguridad nacional para evitar resquicios legales sobre una posible discriminación intencionada a musulmanes.
El Gobierno alegaba que no hay ninguna necesidad de paralizar la orden porque no causa “ningún daño inmediato” y sostiene que es “sustancialmente diferente” a la anterior.
“No se revoca ningún visado, no se prohíbe el retorno de ningún residente permanente. Nadie que esté legalmente en Estados Unidos pierde la habilidad de salir del país y volver”, esgrime el Departamento de Justicia en un escrito ante un tribunal federal de Maryland, en el que grupos sociales han presentado otro recurso que considera ilegal la reducción del número de refugiados en medio del año fiscal.
