La desaparición forzada de ocho jóvenes en Sinaloa revela la crisis en las policías locales
El 53% de los 4.725 agentes municipales de Sinaloa no han superado las pruebas psicológicas, patrimoniales y toxicológicas que los certifiquen aptos para el cargo
Zorayda Gallegos
México, El País
El video difundido en redes sociales, donde cuatro agentes de Culiacán entregan a ocho jóvenes a un grupo de hombres armados, desvela los problemas de los policías en Sinaloa (noroeste de México), donde muchos de sus agentes tienen nexos con el crimen organizado. En las evaluaciones practicadas por el Gobierno federal a las corporaciones de las 32 entidades del país, los agentes de Sinaloa son los peor evaluados. Los resultados del último reporte indican que el 51% de los policías tuvieron resultados no aprobatorios para el cargo que desempeñan, pese a ello han seguido operando.
Las pruebas de control y confianza aplicadas a los policías se realizan desde el 2009 y buscan acreditar que los funcionarios se rijan con legalidad y honradez en el desempeño de su cargo. En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) la infiltración del narcotráfico en los cuerpos de seguridad fue tan corrosiva que a través de una ley se estableció la obligación de las corporaciones de someterse a este método de limpieza. Los exámenes consisten en cinco tests: situación patrimonial, psicológico, médico, toxicológico y de polígrafo. La organización civil Causa en Común, que ha monitoreado las evaluaciones, sostiene que de nada sirven este método si los policías no aptos para el cargo no son dados de baja e investigados. "Si los motivos para dar de baja a alguien están relacionado con el crimen organizado debe abrirse una investigación y se debe dar aviso a las autoridades ministeriales”, sostiene una de sus investigadoras, Miroslava Ortiz Flores.
En el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública fechado al 31 de enero de este año, se indica que en Sinaloa fueron evaluados 1.199 agentes ministeriales que dependen de la Fiscalía estatal y el 55% obtuvo una calificación insatisfactoria. También se sometió a escrutinio a 4.725 policías municipales que dependen de los ayuntamientos, de los cuales el 53% reprobó. Desde que comenzaron las evaluaciones en el 2009 Sinaloa es de los Estados que se ha mantenido con el nivel más alto de policías no certificados, expone Ortiz Flores. “Las cifras no han disminuido sustancialmente, sino que han ido a la alza. En enero de 2016 el 39% de los municipales no habían aprobado y ahora en enero de este año es el 53%”, afirma.
La certificación policial busca brindar certeza a los ciudadanos de quiénes son los agentes que están encargados de su seguridad y si estos han suspendido los tests se genera incertidumbre en la población. "Les hemos expuesto a las autoridades estatales nuestra preocupación y nos dicen que no pueden dar de baja a todos porque se quedarían sin policía, pero tampoco han hecho nada para irlos supliendo poco a poco”, asegura la especialista de Cuasa en Común.
Policías con un negro pasado
Los policías de Sinaloa han estado envueltos en la polémica desde años atrás. Jesús Aguilar Íñíguez, quien fue jefe de la policía ministerial hasta diciembre del año pasado, nunca aprobó los exámenes de control y confianza y pese a ello el exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, lo mantuvo en el puesto. El exfuncionario conocido como Chuy Toño, ha sido señalado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa y en el 2010 su nombre apareció en un listado difundido por la Fiscalía general (PGR) como uno de los hombres más buscados por estar al servicio del crimen organizado.
Un grupo de ministeriales a cargo de Chuy Toño fue acusado de torturar a una mujer para que confesara el asesinato de su esposo. El caso de Yecenia Armenta, quien fue liberada el año pasado después de estar cuatro años presa, fue retomado por Amnistía Internacional, quien emprendió una campaña a favor de su liberación. La sinaloense aseguró que los policías la golpearon y la asfixiaron con una bolsa de plástico para que confesara el presunto delito. Aunque los elementos fueron sometidos a investigación desde septiembre de 2015, ninguno fue separado de su cargo.
Ahora, con el video que grabaron los vecinos de la colonia donde la noche del miércoles un grupo de agentes retuvó a ocho jóvenes y los entregó a hombres armados, se pudo constatar como el crimen organizado tiene sometidos a los policías. La Fiscalía local investiga el caso por el delito de desaparición forzada y hasta el momento no se ha puesto alguna denuncia ante el ministerio público, según dio a conocer a medios locales el día de hoy José Ríos Estavillo, fiscal del Estado.
En Sinaloa como en otros estados del país el narco ha logrado infriltrar a los cuerpos de seguridad. Miroslava Ortiz explica que algunos de los motivos por los que los agentes pueden llegar a coludirse con el crimen organizado son las malas condiciones laborales y los bajos salarios. Mientras que en el sur del país un policía puede ganar 4.000 pesos al mes (unos 200 dólares), en el norte hay algunos que perciben hasta 18.000 pesos (900 dólares). “Hemos identificado que muchos no tienen seguros de altos riesgos, algunos pagan su gasolina, compran sus uniformes con su propio dinero o traen chalecos antibalas caducos”, menciona.
México, El País
El video difundido en redes sociales, donde cuatro agentes de Culiacán entregan a ocho jóvenes a un grupo de hombres armados, desvela los problemas de los policías en Sinaloa (noroeste de México), donde muchos de sus agentes tienen nexos con el crimen organizado. En las evaluaciones practicadas por el Gobierno federal a las corporaciones de las 32 entidades del país, los agentes de Sinaloa son los peor evaluados. Los resultados del último reporte indican que el 51% de los policías tuvieron resultados no aprobatorios para el cargo que desempeñan, pese a ello han seguido operando.
Las pruebas de control y confianza aplicadas a los policías se realizan desde el 2009 y buscan acreditar que los funcionarios se rijan con legalidad y honradez en el desempeño de su cargo. En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) la infiltración del narcotráfico en los cuerpos de seguridad fue tan corrosiva que a través de una ley se estableció la obligación de las corporaciones de someterse a este método de limpieza. Los exámenes consisten en cinco tests: situación patrimonial, psicológico, médico, toxicológico y de polígrafo. La organización civil Causa en Común, que ha monitoreado las evaluaciones, sostiene que de nada sirven este método si los policías no aptos para el cargo no son dados de baja e investigados. "Si los motivos para dar de baja a alguien están relacionado con el crimen organizado debe abrirse una investigación y se debe dar aviso a las autoridades ministeriales”, sostiene una de sus investigadoras, Miroslava Ortiz Flores.
En el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública fechado al 31 de enero de este año, se indica que en Sinaloa fueron evaluados 1.199 agentes ministeriales que dependen de la Fiscalía estatal y el 55% obtuvo una calificación insatisfactoria. También se sometió a escrutinio a 4.725 policías municipales que dependen de los ayuntamientos, de los cuales el 53% reprobó. Desde que comenzaron las evaluaciones en el 2009 Sinaloa es de los Estados que se ha mantenido con el nivel más alto de policías no certificados, expone Ortiz Flores. “Las cifras no han disminuido sustancialmente, sino que han ido a la alza. En enero de 2016 el 39% de los municipales no habían aprobado y ahora en enero de este año es el 53%”, afirma.
La certificación policial busca brindar certeza a los ciudadanos de quiénes son los agentes que están encargados de su seguridad y si estos han suspendido los tests se genera incertidumbre en la población. "Les hemos expuesto a las autoridades estatales nuestra preocupación y nos dicen que no pueden dar de baja a todos porque se quedarían sin policía, pero tampoco han hecho nada para irlos supliendo poco a poco”, asegura la especialista de Cuasa en Común.
Policías con un negro pasado
Los policías de Sinaloa han estado envueltos en la polémica desde años atrás. Jesús Aguilar Íñíguez, quien fue jefe de la policía ministerial hasta diciembre del año pasado, nunca aprobó los exámenes de control y confianza y pese a ello el exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, lo mantuvo en el puesto. El exfuncionario conocido como Chuy Toño, ha sido señalado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa y en el 2010 su nombre apareció en un listado difundido por la Fiscalía general (PGR) como uno de los hombres más buscados por estar al servicio del crimen organizado.
Un grupo de ministeriales a cargo de Chuy Toño fue acusado de torturar a una mujer para que confesara el asesinato de su esposo. El caso de Yecenia Armenta, quien fue liberada el año pasado después de estar cuatro años presa, fue retomado por Amnistía Internacional, quien emprendió una campaña a favor de su liberación. La sinaloense aseguró que los policías la golpearon y la asfixiaron con una bolsa de plástico para que confesara el presunto delito. Aunque los elementos fueron sometidos a investigación desde septiembre de 2015, ninguno fue separado de su cargo.
Ahora, con el video que grabaron los vecinos de la colonia donde la noche del miércoles un grupo de agentes retuvó a ocho jóvenes y los entregó a hombres armados, se pudo constatar como el crimen organizado tiene sometidos a los policías. La Fiscalía local investiga el caso por el delito de desaparición forzada y hasta el momento no se ha puesto alguna denuncia ante el ministerio público, según dio a conocer a medios locales el día de hoy José Ríos Estavillo, fiscal del Estado.
En Sinaloa como en otros estados del país el narco ha logrado infriltrar a los cuerpos de seguridad. Miroslava Ortiz explica que algunos de los motivos por los que los agentes pueden llegar a coludirse con el crimen organizado son las malas condiciones laborales y los bajos salarios. Mientras que en el sur del país un policía puede ganar 4.000 pesos al mes (unos 200 dólares), en el norte hay algunos que perciben hasta 18.000 pesos (900 dólares). “Hemos identificado que muchos no tienen seguros de altos riesgos, algunos pagan su gasolina, compran sus uniformes con su propio dinero o traen chalecos antibalas caducos”, menciona.
